Parece que la situación de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín podría complicarse si el Tribunal General de la UE atiende a la postura de la Comisión Europea sobre la posible extradición de los tres separatistas a España. Lo mismo puede suceder en los casos de Marta Rovira y Anna Gabriel. La institución ha apoyado este martes la posición española sobre la emisión de estas órdenes, dictadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y cuestionadas por la Justicia de Bélgica. La vista se ha celebrado ante los 15 jueces que forman el TGUE y, en la misma, el letrado de la Comisión Europea, Julio Baquero, ha apoyado que se pueda ejecutar una extradición sin necesidad de revisar el derecho a un juicio justo si no existen «deficiencias sistémicas».
La CE, según recoge Nació Digital, tiene claro que no existe en España «riesgo de vulneración de derechos fundamentales«, algo que sí apreciaron en su momento los jueces belgas. Además, la CE también entiende que la Justicia belga fue más allá de lo que le tocaba a la hora de tomar la decisión de echar atrás las órdenes de detención. Una tesis que también han defendido los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena.
El vicepresidente del TGUE, Lars Bay Larsen, ha definido como «un poco extraño» que Bélgica con consultara a este tribunal sobre las euroórdenes y ha recordado a este país que no puede añadir derechos fundamentales a la hora de analizar estas órdenes de detención. Las letradas belgas, por su parte, han admitido que la supuesta vulneración podría existir «gracias a futura jurisprudencia».
Los fiscales Madrigal y Cadena, por su parte, han defendido la competencia del Tribunal Supremo para emitir las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. En este sentido y han calificado de «ilógico» y «absurdo» que la Justicia belga se haya permitido cuestionar la autoridad del Supremo para ordenar detener y extraditar a los tres separatistas.
