Corren aguas revueltas en Junts, el partido creado por Carles Puigdemont con el fin de aunar a todo el separatismo catalán y de hacer frente a ERC. Tres han sido, al parecer, los motivos que han hecho que las bases muestran su malestar en los últimos días: la tibia respuesta a las acusaciones del republicano Gabriel Rufián sobre los posibles vínculos entre la posconvergencia y Rusia, el pacto que da cierta visibilidad al castellano en la escuela y la posibilidad de que el Govern alcance algunos acuerdos con el PSC de Salvador Illa.
El malestar se ha materializado en peticiones de celebración de un congreso extraordinario. Es lo que ha hecho la sección de Junts de la llamada Catalunya Central que ha publicado un comunicado que, recogido por El Mon, indica que el partido ha adoptado en las últimas semanas acuerdos que «han provocado mucho malestar entre las personas afiliadas» y que han tenido como resultado que «un cierto número haya solicitado su baja».
Adelanto del congreso
En la misma nota, se exige a la dirección de Junts que «rinda cuentas al conjunto del partido y que dé explicaciones oportunas de forma urgente». Junts tiene previsto celebrar su congreso el próximo mes de julio pero desde la Catalunya Central se exige un adelanto con el fin de «poder realizar los cambios necesarios para salir fuertes y con ánimos para encarar las elecciones municipales de 2023″.
Las fuentes consultadas por El Mon apuntan directamente al actual secretario general de la formación, Jordi Sánchez, quien fue indultado por el Gobierno tras ser condenado por el referéndum ilegal del 1-O. Entre las más críticas con la deriva de la formación, por otro lado, se encuentra la fugada Clara Ponsatí, que en plena gira de presentación de su último libro se ha presentado como una radical guerracivilista y defensora a ultranza de la declaración de independencia unilateral, evidenciando así la tibieza o el acomodo con los que el Junts oficial está actuando desde hace meses.
Mientras tanto, Carles Puigdemont desde Waterloo sigue instalado en su Consell per la República, que presenta como el «Govern del exterior» dejando muy claro que de él dependerá la ruptura con España porque el Govern oficial, el del republicano Pere Aragonés, no está dispuesto a saltarse de nuevo las reglas del autonomismo.
