El PSOE se presentó a las elecciones generales de 2019 con un programa que pocos ciudadanos perdieron el tiempo en ojear, conscientes de que las políticas que implementaría tras las elecciones estarían dictadas más por los resultados de las urnas y los apaños postelectorales que por los compromisos programáticos. Apenas 48 horas después de conocerse los resultados, muchos votantes del PSOE a los que quizá habían convencido sus propuestas, se quedaron boquiabiertos y estupefactos cuando Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del gobierno en funciones, se fundía en un abrazo con Iglesias, el líder de Unidas Podemos, la coalición política con la que Sánchez había asegurado a sus electores no iba a pactar, y anunciaba la formación de un gobierno de coalición con aquellos que abiertamente abogaban por acabar con el ‘régimen’ del 78.
Supongo que a esos votantes de Sánchez tampoco les debió hacer demasiada gracia que para llegar a La Moncloa PSOE y Unidas Podemos pactaran el apoyo o la abstención de partidos que como ERC y JxC, habían constituido una república independiente, aunque de breve duración todo sea dicho, en Cataluña dos años antes, y con otras fuerzas políticas como Bildu, reconocida incluso por militantes socialistas como el paraguas político de la organización terrorista ETA. Me pregunto si quienes como el escritor Javier Marías se sintieron engañados tras las elecciones y descalificaron la actitud de “Sánchez, político soso y adusto… [que] con su coalición súbita y cínica se ha enajenado para largo tiempo a millones de españoles, sin conquistar a ninguno nuevo”, serán consecuentes con sus palabras, o si acabarán votándolo en las próximas elecciones generales para lamentarse después de haber sido engañados por tercera o cuarta vez.
Este gobierno no solo incumple sus promesas y su programa electoral sino que además tiene la desfachatez de mofarse de los españoles
El viernes 28 de marzo el presidente Sánchez volvía a dar a los ciudadanos españoles una nueva prueba de la escasa fiabilidad de sus compromisos electorales cuando un comunicado del gobierno de Marruecos anunciaba urbi et orbi el apoyo del gobierno de España a que el Sáhara Occidental sea lo que ya es de facto: una provincia de Marruecos. Pues bien, esto es lo que figura en el programa electoral con que concurrió el PSOE a las elecciones generales de 2019 en su página 286:
“Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara Occidental está propiciando.” (Expresiones en negrita en el texto original.)
Lo más ignominioso del asunto no es que los ciudadanos españoles y sus representantes en el Congreso y el Senado nos hayamos enterado parcialmente de la existencia de la carta dirigida por Sánchez a Mohamed VI a través de un comunicado del gobierno marroquí, sino que el gobierno español pretenda convencernos, una vez publicado el texto íntegro de la misiva en un medio de comunicación afín al gobierno, que el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no supone cambio alguno en la política del gobierno de España. Ahora resulta que afirmar como hace Sánchez en su carta que “España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, no supone ningún cambio respecto “al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”. Este gobierno no sólo incumple sus promesas y su programa electoral, sino que además tiene la desfachatez de mofarse de los españoles.
El presidente Sánchez opta en cuanto atisba algún problema grave por escabullir el bulto para preservar su imagen, dejando en manos de subalternos la ingrata tarea de lidiar con el problema
El presidente Sánchez opta en cuanto atisba algún problema grave por escabullir el bulto para preservar su imagen, dejando en manos de sus subalternos la ingrata tarea de lidiar con el problema: intentar explicar lo inexplicable. En esta ocasión se la encomendó a Albares, flamante ministro de Asuntos Exteriores, que se las vio y deseó en su comparecencia en el Senado el 22 de marzo para intentar convencernos a base de repetirlo hasta siete u ocho veces que la posición de España sobre el Sáhara occidental se mantiene en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.
Para proporcionar cierta credibilidad a sus palabras, el ministro reconoció haberse reunido hasta cuatro veces con Staffan de Misura, enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, como si reunirse con el alto representante, presumo que para comunicarle el radical cambio de posición del gobierno de España sobre el futuro político de la antigua colonia española, equivaliera a mantenerse dentro del marco de las resoluciones aprobadas en la ONU. Hasta el más tonto de la clase puede darse cuenta de que reconocer la soberanía de Marruecos sobre una provincia ‘autónoma’ difiere totalmente del apoyo total del Consejo de Seguridad de la ONU, recogido en la Resolución 690 (1991), “a los esfuerzos del Secretario General en relación con la organización y supervisión por las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de Unidad Africana, de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con los objetivos sancionados en el informe del Secretario General”.
Quizá el caso del Sáhara Occidental no requería convocar un costoso referéndum, pero sí al menos dar la cara y explicar a los españoles las razones para un cambio de 180º en la posición de España
Me viene a la memoria cómo obró el presidente González cuando decidió abandonar la posición del PSOE en contra de la permanencia de España en la OTAN. Algunos lectores quizá recuerden la transformación del gancho electoral ‘OTAN, de entrada, no” en “Vota Sí, en interés de España”. En lugar de tratar de confundirnos con explicaciones leguleyas, el presidente González reconoció abiertamente el cambio de posición, asumió su responsabilidad como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y convocó un referéndum para dejar en manos de los españoles una decisión tan trascendental. Quizá el caso del Sáhara Occidental no requería convocar un costoso referéndum, pero sí al menos dar la cara y explicar a los españoles y a sus representantes en el Congreso y el Senado las razones para un cambio de 180º en la posición de España que afecta, no sólo al PSOE y al gobierno de Sánchez, sino a la política exterior de España y al bolsillo de todos los españoles.
El breve comunicado emitido por el Gobierno de España no puede ser menos transparente ni más decepcionante. El primer punto subraya el inicio de “una nueva etapa de la relación con Marruecos… para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países”. En el segundo punto, se hace mención específica a “la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”. Y, el tercero, avanza la programación del viaje del presidente del Gobierno para desarrollar la hoja de ruta de esta nueva etapa”. Hasta los ciegos pueden ver la torpeza diplomática que se ha cocinado con nocturnidad en La Moncloa: reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio de una incierta cooperación de Marruecos para controlar los flujos migratorios con base en el Reino Alauita. Una concesión más a Marruecos exenta de garantía alguna a cambio. Ni Mohamed VI ni el gobierno marroquí se han dignado en contestar la patética carta del presidente Sánchez.
Algunas centrales eléctricas emplean gas para producir electricidad y pretender desacoplar el precio del bien que producen del combustible empleado resulta absurdo
Mientras España arde, el presidente acorralado por las subidas de precios de la energía, las huelgas de transportistas y las consiguientes disrupciones en la producción y desabastecimiento, hizo mutis por el foro y se fue de gira por algunas capitales europeas para sumar apoyos a su propuesta de “reforma del mercado eléctrico para desacoplar el gas de la fijación del precio de la luz”, una idea tan peregrina que no puedo dejar de preguntarme a quién puede habérsele ocurrido. Algunas centrales eléctricas emplean gas para producir electricidad y pretender ‘desacoplar’ el precio del bien que producen, energía eléctrica, del precio del combustible empleado para producirla, gas natural, resulta tan absurdo como pretender ‘desacoplar’ el precio del zumo de naranja del precio de las naranjas. Una reforma que “desactive la conexión ‘coste del gas natural-coste final de la electricidad’ en los mercados mayoristas” resulta sencillamente inviable mientras el gas siga empleándose para producir electricidad.
El resto del paquete de medidas propuestas por el ejecutivo español incluyen “la compra centralizada de gas a nivel europeo y reducir la dependencia del gas ruso a través de la diversificación de suministradores y del despliegue de las energías renovables”. Varias son las preguntas que plantean las soluciones propuestas. ¿A quién se va a realizar esa “compra centralizada de gas”? ¿A la Rusia de Putin enfrentada con las instituciones europeas y sus países miembros a cuenta de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania? O, ¿al gobierno de Argelia que ya ha amenazado con subir el precio del gas que importa España tras el cambio de posición del presidente Sánchez sobre el Sáhara Occidental? Resultado: pagaremos más caro el gas argelino e importaremos más gas de Estados Unidos incurriendo en un sobrecoste considerable.
A la vista del aumento del precio de la electricidad, los ciudadanos nos preguntamos si bastará con el despliegue de las energías renovables
La propuesta de Sánchez insiste en “el despliegue de energías renovables” para cubrir las necesidades energéticas, sin precisar cuántos años o décadas se tardaría en alcanzar el objetivo y cuáles serían las inversiones necesarias y la rentabilidad de éstas. A la vista del aumento del precio de la electricidad, los ciudadanos nos preguntamos si bastará con “el despliegue energías renovables” para asegurar el suministro de electricidad a precios asequibles para consumidores y empresas. Estas propuestas no pasan de ser meras ocurrencias formuladas de manera apresurada sin que exista certeza alguna de que sean viables y vayan a reducir el precio de la electricidad a medio plazo. Desde luego, no van a resolver los problemas acuciantes a que los se enfrentan cada día consumidores y empresas. Entretanto la UE sigue empeñada en destinar miles de millones a promover la transición hacia el automóvil eléctrico en lugar de dedicarlos a poner en pie centrales eléctricas más eficientes.
La tournée del presidente Sánchez por varios países europeos concluyó sin ningún resultado visible pese a los intentos del gabinete de prensa de La Moncloa en destacar que “los gobiernos de España, Grecia, Italia y Portugal les decimos al resto de colegas europeos que estamos trabajando de manera conjunta de cara a la discusión del próximo Consejo Europeo en Bruselas”. Ninguna propuesta ha trascendido de esos trabajos. Mucho me temo que estamos ante un nuevo intento del presidente de diluir su responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en el mercado ibérico de la electricidad y el gas, y trasladarla a Bruselas, en este caso, pese que los precios de la electricidad y el gas se dispararon en la península Ibérica en el segundo semestre de 2021, meses antes de que Putin ordenara invadir Ucrania.
Los problemas de fondo no los ha causado la guerra de Ucrania sino las torpezas de las instituciones Europas y del gobierno de Sánchez
Como expuse en dos artículos recientes -“Pandemia, recuperación e inflación en la Eurozona” y “Consecuencias de la invasión de Ucrania y el papel de la UE en el orden mundial”), las políticas de la UE son en buena parte responsables de esta crisis energética, pero ello no exime al gobierno de España de su responsabilidad como regulador del mercado de electricidad ibérico de que la estructura de las grandes generadoras sea la que es, ni del enrarecimiento de las relaciones con Argelia a cuenta del cambio de postura del gobierno de España sobre el Sáhara Occidental. La iniciativa ‘diplomática’ no podía resultar más inoportuna. Los problemas de fondo no los ha causado la guerra de Ucrania sino las torpezas de las instituciones europeas y del gobierno de Sánchez.
Según informó la ministra Maroto «el Gobierno da respuesta a las necesidades de la industria electrointensiva en un momento de alerta industrial en España que puede marcar el futuro económico del país». Pero ni los recortes impositivos ya aprobados ni la luz verde otorgada por Bruselas al plan del gobierno español de subvencionar con 2.900 millones entre 2021 y 2030 a los grandes consumidores de energía sujetos a derechos de emisión de gases, van a resolver los problemas de millones de familias, transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores que no pueden soportar un día más el impacto de la subida de los precios de la electricidad, gas, petróleo, etc., y en su desesperación ha abocado a la mayoría de transportistas autónomos a parar sus camiones ante la imposibilidad de seguir asumiendo pérdidas.
Resulta incomprensible la negativa de las tres ministras a reunirse con Hernández, presidente de la Plataforma que representa al eslabón más débil de la cadena de transporte
En lugar de reconocer la existencia de un grave problema regulatorio que amenaza la viabilidad de un sector clave para garantizar el aprovisionamiento de suministros del resto de la economía española, Sánchez, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, secundada por las ministras Calviño (Economía) y Montero (Hacienda), ha hecho cuanto ha estado en su mano desde el inicio del paro para desacreditar a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, aduciendo la ministra que sus cabecillas estaban alentados, cómo no, por la ultraderecha. El sabueso Marlaska, por su parte, ordenó a la Guardia Civil mediante “correos electrónicos y whatsapps remitidos a diversas comandancias y puestos de la Guardia Civil entre el viernes y el sábado… endurecer el tratamiento a los huelguistas”. La ingrata labor de sabueso hizo incluso saltar chispas ente ambos miembros del gabinete el jueves 24 en el Congreso.
En las presentes circunstancias, resulta incomprensible la negativa de las tres ministras a reunirse con Hernández, presidente de la Plataforma que representa, según reconoció incluso Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del gobierno, al eslabón más débil de la cadena del transporte. Actitud que contrasta con las reuniones que han mantenido las ministras con los representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y que culminaron el 25 de marzo con un acuerdo que bonifica en 20 céntimos el gasóleo a los profesionales del transporte y promete ayudas al sector “en torno a 500 millones” hasta junio de 2022. A bombo y platillo el gobierno alardea de que las ayudas al sector “supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros” al sector.
Algunos transportistas han resultado beneficiados con las ayudas contempladas en el acuerdo alcanzado con la patronal CNTC, pero los contribuyentes y consumidores perdemos lo que ellos ganan
Bajemos de la propaganda gubernamental a la cruda realidad. ¿Quién pagará esas ayudas? El comunicado oficial del gobierno indica que tres cuartas partes de la bonificación, 15 céntimos, “será sustentada por el presupuesto público” y el resto, 5 céntimos, por “las distribuidoras o comercializadoras de combustible”. En cuanto a los primeros 15 céntimos a cargo del presupuesto, está claro que subvención a los transportistas la vamos a soportar todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Y en cuanto a los 5 céntimos restantes, me gustaría que la ministra explicara cómo va a impedir el gobierno que las distribuidoras y comercializadoras trasladen los 5 céntimos al precio de los carburantes que pagamos todos los ciudadanos. Algunos transportistas han resultado beneficiados con las ayudas contempladas en el acuerdo alcanzado con la patronal CNTC, pero los contribuyentes y consumidores perdemos todo lo que ellos ganan.
Logrado el acuerdo con la CNTC y tras 12 días de paro, la ministra Sánchez aceptó finalmente recibir a “ese señor”, Hernández de nombre y presidente de la Plataforma, tras la manifestación que protagonizaron miembros de la Plataforma en La Castellana frente a la sede de su Ministerio en la mañana del 25 de marzo. No obstante, la ministra insistió una vez más en que la CNTC es el órgano ‘legítimo’ de representación del sector y acusó a la Plataforma de haber provocado “momentos de crispación articulada para generar un ambiente tenso”. Como todo el mundo sabe, a excepción de la ministra, la principal reivindicación de los miembros de la Plataforma no es otra que reformar la regulación del sector para evitar que la patronal CNTC, con la que la ministra se ha reunido y acordado las ayudas, les imponga condiciones draconianas. En cualquier caso, no había mejor forma de enterarse de cuáles eran sus demandas que sentarse con ellos para escucharlas. Como era previsible, la reunión entre Sánchez y Hernández acabó en completo fracaso.
Me pregunto si no hubiera resultado mucho más transparente, eficaz y justo reducir transitoriamente los tipos impositivos de impuestos especiales e IVA
Como economista, me pregunto también, si no hubiera resultado mucho más transparente, eficaz y justo reducir transitoriamente los tipos impositivos de impuestos especiales e IVA que gravan las ventas de hidrocarburos, como el gobierno hizo con los impuestos que gravan la generación y el consumo de electricidad hace unos meses, para beneficiar no sólo a los ‘profesionales’ del transporte sino a todos los ciudadanos que emplean vehículos de automoción en el desempeño de sus actividades profesionales, aunque no sean transportistas, y a todos los ciudadanos que utilizamos nuestros vehículos para desplazarnos al trabajo.
Si ustedes se preguntan por qué las ministras han preferido esta fórmula turbia, engorrosa de aplicar, e injusta para salir del paso es porque no han caído en la cuenta de que las dos coordenadas que definen la política del gobierno Sánchez son estatalizar y subvencionar, esto es, aumentar la fracción del PIB controlada por el Estado, asaeteando a impuestos a la inmensa mayoría de familias y empresas, para disponer así de mayores recursos con los que financiar programas que fomentan la dependencia de determinados colectivos y convertirlos en rehenes del gobierno.
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