Pese a que el que el nuevo acuerdo alcanzado in extremis por el PSC y los partidos nacionalistas tiene como objetivo blindar la inmersión ante la sentencia del 25%, las entidades secesionistas más radicales lo han rechazado por considerarlo tibio —el texto subraya que la lengua vehicular es el catalán pero incluye una mención al castellano. Así, Quim Torra escribió en Twitter «No en mi nombre»; el líder de la CUP, Carles Riera, manifestó que era un «pacto contra la inmersión lingüística» y el expresident Carles Puigdemont alertó de que el catalán debía ser la «lengua única» del sistema. Este alud de críticas llevaron a los neoconvergentes a recular y matizar su postura sobre el pacto.
De esta manera, Junts, «ante el rechazo que la propuesta de modificación de la ley de política lingüística ha generado entre las entidades defensoras de la lengua y la comunidad educativa», ha roto el acuerdo recordando la «necesidad de encontrar un imprescindible consenso mayoritario con las entidades y la comunidad educativa». La reacción de ERC ha sido contundente. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lamentó que el pacto «se quiera dinamitar desde otras formaciones por partidismo» y ha calificado la actitud neoconvergente de «irresponsabilidad».