Las siempre difíciles relaciones entre Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya se tensan todavía más. Por un parte, la presidenta del Parlament, la neoconvergente Laura Borràs, que está a un paso de ser juzgada por malversación, ha pedido al separatismo un frente común por sentirse víctima de una «persecución política», pero ni JxCAT ni la CUP se han dado por aludidos. Por otra, tal y como publica hoy El Periódico, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ordenado por carta al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat que haga de acusación particular en el caso Triacom, centrado en la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.
La causa, paralela al famoso caso del 3%, investiga un supuesto pago de comisiones por parte de empresarios a la formación nacionalista mediante la productora audiovisual Triacom, dirigida por Oriol Carbó. Y es que, según Aragonès, en caso de que estos delitos quedasen «acreditados», perjudicarían a la Generalitat y a la CORPO, por lo que considera «procedente» que la primera se persone como «acusación particular».
ERC marca territorio
La decisión de Aragonès se produce después de que Gabriel Rufián acusara a Junts por sus vínculos con Putin y de que Joan Tardà arremetiese contra Ponsatí por haber afirmado que la secesión merecía muertos. Según el analista Jordi Bernal, los ataques republicanos a los neoconvergentes tendrían como objetivo resarcirse ante su parroquia por su estrategia pragmática en Madrid. «Es una forma de marcar territorio. Una poco sutil manera de comunicarle a su parroquia un mensaje directo y áspero. Ellos son el auténtico independentismo. De acuerdo, las cosas van despacio, pero seguras. A diferencia de con esos tíos que se dedican a mariposear con emisarios de Putin. ¡Esos señoritos!», señala Bernal en The Objective.
