El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jordi Seguí, ha dado luz verde para que la Fiscalía presente la acusación contra la presidenta del Parlament, la separatista Laura Borràs, por presuntos delitos relacionados con la corrupción. La otra opción es que la Fiscalía opte por el archivo o solicite que se practiquen nuevas diligencias para poder formular su acusación.
En el escrito, fechado el pasado día 14, el magistrado considera como «hechos indiciariamente probados» que Borràs, al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), organizó con su amigo Isaías Herrero una trama para adjudicar a este 18 contratos menores con un valor superior a los 300.000 euros.
La posconvergente Laura Borràs adjudicó un total de 18 contratos menores a su amigo Isaías Herrero, por valor de más de 300.000 euros
Borràs, señala el magistrado, adjudica estos contratos entre marzo de 2013 y febrero de 2017. Todos ellos relacionados con trabajos para la web de la ILC y otras destinadas a la promoción de actividades de esta entidad, como la celebración del Any Vinyolí. De estos 18 contratos, seis fueron adjudicados por Borràs a Herrero directamente. Los otros 12 contratos se adjudicaron a cooperativas o empresas a las que Herrero había solicitado o usurpado sus datos fiscales para poder presentar las facturas.
El auto pone como ejemplo de esta actuación la declaración del cuñado de Herrero, cuyo DNI sirvió para presentar presupuestos con los cuales dijo no tener ninguna relación. Lo mismo sucedió con los datos fiscales de una amiga del adjudicatario o con los de algunas de las cooperativas a nombre de las que concurrió a las adjudicaciones. En algunos casos, los contratos fueron adjudicados a estas personas o empresas que, posteriormente, desviaron el dinero a Herrero en forma de transferencias o ingresos bancarios.
La hoy presidenta del Parlament tenía toda la responsabilidad en la adjudicación de los contratos menores de la ILC, recoge el auto del TSJC
En los 18 contratos, prosigue el magistrado, Laura Borràs intervino «como directora de la ILC, proponiendo contratación, acordando adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura correspondiente y autorizando el pago».
En el escrito se citan también diversas conversaciones entre Borràs y Herrero en las que quedaría claro no solo que la presidenta del Parlament sabía que estaba incumpliendo la ley sino que, además, participaba en la trama para llevar a cabo estos presuntos delitos pues indicaba a su amigo de qué manera debía presentar, por ejemplo, los presupuestos para que ella pudiera posteriormente adjudicarle los contratos.
«Abusó de las funciones que tenía reconocidas como directora de la ILC dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores», dice el magistrado
En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, el magistrado indica que hay indicios para que Borràs sea acusada de un delito continuado de prevaricación administrativa, que «castiga a la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». «Los hechos indiciarios expuestos», afirma, «evidenciarían que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas como directora de la ILC dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores […] con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses de Isaías Herrero, en detrimento de la defensa de los intereses generales que tenía que defender».
El magistrado cree que existen también indicios de que Borràs pudo cometer fraude administrativo: «Las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Laura Borràs e Isaías Herrero son indicios lo suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar a la ILC, propiciando unas contrataciones formales de servicios informáticos reveladoras de una vulneración de la especial relación de confianza surgida a través del nombramiento de aquella cio directora de la institución pública».
Considera que hay indicios de que Borràs cometió delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil
El tercer delito del que podría ser acusada Borràs es el de falsedad en documento mercantil. En este punto, el magistrado señala en su escrito que «los indicios acumulados en la instrucción muestran la confección y posterior presentación por parte de Isaías Herrero ante la ILC de presupuestos atribuidos a personas físicas y jurídicas que han negado su intervención en estos documentos, así como la realidad de la oferta que reflejaba cada uno de los presupuestos». Y añade que la elaboración de estos presupuestos se llevó a cabo con la participación de otros implicados y de la propia Borràs para «simular una concurrencia de ofertas en los expedientes de contratación de los servicios relativos a la página web de la ILC».
El magistrado, finalmente, considera que existen también indicios de que Borràs cometió un delito de malversación de caudales públicos. En este sentido, explica que la presidenta del Parlament «era la responsable de la contratación administrativa y tenía atribuida la disponibilidad y administración del patrimonio». «Ha quedado indiciariamente acreditado», asegura, » que la disposición del patrimonio de la ILC derivada de la liquidación de los 18 contratos menores objeto de la investigación ha comportado un perjuicio a los caudales públicos, ya que la determinación del importe de cada uno de los contratos fraccionados y de las correspondientes facturas de los adjudicatarios se hacía con criterios arbitrarios, además de que habían de cargar los gastos y comisiones que percibían las cooperativas a las que se había asociado Isaías Herrero y que figuraban como adjudicatarias formales en la mayor parte de los contratos».
