La Generalitat mantiene su intención de seguir excluyendo el castellano en las aulas como lengua vehicular pese a la sentencia del Supremo que establece un porcentaje mínimo del 25% en la lengua común. El plazo marcado por el Tribunal Superior de Justicia para acatar la medida finaliza este mismo viernes 25 de marzo. Sin embargo, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, tranquilizó a los sindicatos —alineados mayoritariamente con el nacionalismo— y los sectores más radicalizados con el asunto lingüístico informando ayer de que «responderemos a los tribunales con un nuevo marco normativo». Este pasará por «fortalecer el modelo lingüístico y dotar de más seguridad los proyectos lingüísticos de los centros educativos». ¿Y cómo lo hará? «Midiendo aprendizajes y no porcentajes», aclaró.
Mientras, la Generalitat se suma hoy a la huelga convocada por la COS, la Intersindical, el SEPC y USTEC contra el bilingüismo vehicular organizando un acto en las puertas del Parlament que contará con la participación de los «diputados que lo deseen para defender el modelo de escuela catalana». La incorporación a la huelga por parte de la propia conselleria de Educación resulta inédita por cuanto uno de los motivos de las movilizaciones es que los sindicatos piden al Govern más garantías para que directores y docentes puedan desobedecer el 25%.