Hace unos años, el eurodiputado Enrique Calvet Cambón (UPyD) me invitó a participar en un seminario sobre “Seguridad jurídica y Estado de Derecho” en el Parlamento Europeo el 24 de abril de 2017. Recuerdo bien que durante el almuerzo previo, Enrique nos planteó a los tres invitados dos preguntas: primera, qué juicio nos merecía el aumento sostenido de las competencias de las Comunidades Autónomas y el consiguiente encogimiento competencial de la Administración Central; y, segunda, si considerábamos deseable recuperar algunas competencias para evitar, como ha ocurrido en Cataluña y otras Comunidades, que esas competencias las hayan utilizado por los gobiernos autonómicos para arrinconar la lengua común de todos los españolas y para proporcionar una visión muy distorsionada de la Historia de España.
A la segunda cuestión, si la memoria no me engaña, respondí que por muy deseable que resultara devolver a Administración Central algunas de las competencias transferidas, la operación encontraría dos obstáculos que, en mi opinión, resultarían casi insuperables. Primero, la descentralización ha permitido a las instituciones autonómicas controlar directamente cuantiosos recursos y centenares de miles de puestos de trabajo a los que los políticos autonómicos, no importa su ideología y adscripción partidista, no están dispuestos a renunciar. Segundo, la presencia de instituciones de autogobierno durante varias décadas ha llevado a una buena parte de los ciudadanos a asumir de buen grado e incluso con orgullo ser españoles incompletos, como diría Machado, y a dar por bueno y muy beneficioso que sea ‘su’ gobierno autonómico quien controle recursos y puestos de trabajo reservados exclusivamente para ellos.
«La descentralización ha permitido a las instituciones autonómicas controlar directamente cuantiosos recursos y centenares de miles de puestos de trabajo a los que los políticos autonómicos, no importa su ideología y adscripción partidista, no están dispuestos a renunciar»
En pocas palabras, los poderosos intereses creados a lo largo de estas décadas en la Comunidades constituyen un formidable obstáculo para implementar cualquier propuesta razonable encaminada a homogeneizar servicios y prestaciones, impuestos, tasas, cánones, regulaciones, etc., que han despiezado el mercado único, o a subsanar las múltiples ineficiencias y corrupciones que han florecido como margaritas silvestres en el Estado autonómico. Aunque me temo que somos cada vez menos, algunos ciudadanos todavía nos consideramos españoles y observamos con preocupación como el auge del autonomismo y provincialismo, cuando no soberanismo o independentismo, está contaminando el pensamiento incluso de personas que se declaran constitucionalistas, y como la dirección de un partido de ámbito nacional sucumbe ante las presiones de los barones autonómicos.
«El auge del autonomismo y provincialismo, cuando no soberanismo o independentismo, está contaminando el pensamiento incluso de personas que se declaran constitucionalistas».
No tengo ninguna duda de que, en ambos casos, las componendas y los errores pasados y recientes achacables a la dirección nacional del partido han sido los detonantes de lo sucedido, pero resulta muy preocupante que la respuesta de algunos ‘constitucionalistas’ a esas componendas y errores sea precisamente constituir otro partido más de corte autonómico o incluso provincial, y que la única solución a la grave crisis interna vivida en el seno del PP durante las últimas semanas haya sido entregar la dirección nacional del partidos al presidente autonómico de mayor prestigio antes de conocer siquiera cuál es su proyecto político para el conjunto de ciudadanos españoles.
Desarme del constitucionalismo en Cataluña
Hace un par de semanas, un conocido me envió el enlace a la entrevista que le había realizado un medio de comunicación. Como la persona en cuestión ha desempeñado en Cataluña algunos puestos relevantes en asociaciones supuestamente constitucionalistas desde 2014, leí con atención la entrevista para conocer su valoración de la actual situación política en Cataluña.
Preguntado por el entrevistador, si daría el paso de sumarse a Valents, habida cuenta que «también era crítico, con que el PP catalán se dirigiera desde Madrid», justificó el entrevistado la aparición de esta nueva fuerza política con el siguiente argumento: «Después de lo ocurrido en los últimos años, he llegado a la conclusión de que los catalanes constitucionalistas necesitamos poder político real, representantes que influyan en las instituciones, y que solo respondan ante nosotros, que no se sometan a los intereses y componendas de la política nacional». Y tras afirmar que «Ciudadanos pudo haber representado esa idea», remachó que «el proyecto de Valents me convence porque se ha comprometido a no abandonar a los catalanes ni a utilizarlos como moneda de cambio. Porque apuesta por la unión del constitucionalismo, no por su división partidista».
Fue una pena que el entrevistador no le preguntara qué entendía por «poder político real», ni cuáles eran esas instituciones sobre las que los representantes de Valents quieren influir, ni a qué se refería con «componendas de la política nacional», ni por qué Ciudadanos «pudo haber representado esa idea», ni, sobre todo, cómo la aparición de un nuevo partido constitucionalista de ámbito únicamente catalán va a evitar que se fragmente todavía más el ya muy fragmentado -y por fragmentado irrelevante- espacio político constitucionalista en Cataluña. Una pena que nos hayamos quedado sin conocer las respuestas. Desde luego, como coordinador del primer Ideario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, aprobado en el congreso fundacional del partido celebrado en Bellaterra en junio de 2006, puedo asegurarle al entrevistado que yerra al comparar a Valents con el proyecto inicial de Ciudadanos, un partido que nació con una inequívoca vocación nacional.
Me preocupa la estrecha concepción de ciudadanía y del papel de las instituciones centrales del Estado que desprenden las palabras del entrevistado al reclamar que los representantes políticos “respondan sólo ante nosotros”, palabras que interpreto quieren decir sólo ante los catalanes, una exigencia que suscribirían entusiasmados los dirigentes del PSC y de todos los partidos independentistas, desde ERC a la CUP. Cataluña para los catalanes.
Nada más alejado de la posición de aquellos que defendemos los valores reconocidos y amparados por la Constitución de 1978, libertad, igualdad y solidaridad de los ciudadanos españoles, con independencia de la Comunidad en que residimos, y consideramos primordial poner fin a la confrontación alimentada desde las instituciones de autogobierno en Cataluña tanto entre catalanes, como entre estos y el resto de los españoles. Para los constitucionalistas que vivimos en Cataluña, las dos tareas más urgentes debieran ser fortalecer el papel y la presencia de las instituciones centrales del Estado y la dimensión nacional de los partidos políticos, y, en segundo lugar, promover la unidad de los partidos constitucionalistas en Cataluña para desalojar a los secesionistas del gobierno de la Generalidad. No parecen ser éstas las prioridades de Valents.
«Para los constitucionalistas que vivimos en Cataluña, las dos tareas más urgentes debieran ser fortalecer el papel y la presencia de las instituciones centrales del Estado y la dimensión nacional de los partidos políticos. En segundo lugar, promover la unidad de los partidos constitucionalistas en Cataluña».
El triunfo del poder autonómico
La salida de Casado por la puerta trasera de la presidencia del PP y la entronización de Feijóo como su sucesor por los barones del partido constituye un hecho, sin duda, insólito en la vida política española desde 1978. Casado, tras varios años ejerciendo de presidente había sido incapaz de cuajar un proyecto político de cierta enjundia, más allá del protagonismo y los aplausos efímeros en sus habituales rifirrafes con Sánchez en el Congreso, y el empecinamiento de Génova en acabar con la presidenta Díaz Ayuso ha acabado dándole la puntilla. Aunque se quejara amargamente en su despedida en Génova de no merecer el trato recibido, la guerra civil abierta dentro del partido dice muy poco en favor suyo y del equipo con que se había rodeado para llegar a La Moncloa. Así de ingrata es la vida política y si no que se lo pregunten a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría cuando perdió la elección para presidir el partido ante el bueno de Casado en 2018. Seguro que sintió que no se lo merecía.
«Casado, tras varios años ejerciendo de presidente había sido incapaz de cuajar un proyecto político de cierta enjundia, más allá del protagonismo y los aplausos efímeros en sus habituales rifirrafes con Sánchez en el Congreso».
Todo eso que acaba de ocurrir y despierta ya escaso interés. Las grandes preguntas giran ahora en torno a quién es Feijóo y, sobre todo, hacia dónde conducirá al PP en los próximos meses. De su labor como presidente de Galicia, podemos extraer un par de conclusiones significativas. Primera, sus políticas nacionalistas moderadas le han permitido ganar cuatro elecciones autonómicas consecutivas obteniendo mayorías absolutas, doblegando al PSG y a las fuerzas independentistas del Bloque, y manteniendo a raya, primero, a Ciudadanos, y a Vox en la última legislatura, mientras este partido hundía al PP en otras Comunidades. Segunda, Feijóo ha gestionado con eficacia situaciones económicas complicadas como la Gran Recesión (2008-2013) y la Recesión Epidémica (2020-2021), y sus equipos de gobierno han evitado el desgaste por corrupción que ha afectado a tantos líderes del PP en otras Comunidades Autónomas.
Un periodista ha aprovechado la guerra civil vivida en el PP las últimas semanas para descalificar a los dirigentes pasados, presentes y futuros del PP, “un erial ideológico, el vacío sin fin de un proyecto que ha permanecido demasiado tiempo en manos de patanes”, entre los cuales ocupa, claro está, un destacado lugar el ‘gallego’ Feijóo, la persona elegida por el resto de los barones para asumir la presidencia del partido en el congreso extraordinario que la formación celebrará los próximos 1 y 2 de abril. El autor de la filípica sostiene que el principal problema del PP radica en “esa ausencia de ideología, esa carencia de ideas transformadoras más allá de la simple gestión cotidiana del aparato del Estado”, y augura al cauto, precavido y ‘nacionalista light’ un futuro más bien negro, porque el “PP convertido en reflejo del peor marianismo con Feijóo a los mandos jamás lograría la vuelta de los millones que lo abandonaron asqueados por años de vacío ideológico y escandalosa corrupción”.
En este caso, nos quedamos también sin saber en qué consistiría ese rearme ideológico que obraría el milagro de recuperar los millones de votantes perdidos entre 2011 y 2019. La receta que sugiere el autor del artículo resulta simple y sospechosamente próxima a las propuestas de los dirigentes de Vox: “hacer frente al separatismo catalán, bajar impuestos, plantear la batalla educativa y cultural a la izquierda, combatir la corrupción y modernizar definitivamente este país”. Una mezcolanza típica de cualquier programa populista que apunta la existencia de importantes problemas (separatismo, presión fiscal, deterioro de la educación, etc.) y aporta soluciones simplistas envueltas en palabras grandilocuentes (batalla, transformación, modernización, etc.) con un enorme gancho publicitario. El presidente de Galicia ha gobernado muchos años y sabe perfectamente que las pócimas mágicas no hacen desaparecer los problemas de los ciudadanos.
El PP ha cometido, sin duda, errores muy graves en Cataluña que lo han llevado al borde de la desaparición en esta Comunidad, pero no puede olvidarse que colocar a Cayetana –junto con Díaz Ayuso “encarnación de ese aire fresco que el «aparato» persigue, rechaza y combate con saña”- como cabeza de lista al Congreso por Barcelona, fue una decisión de Casado, y sirvió de poco o nada para reflotar el partido en Cataluña. Comprometerse a bajar los impuestos queda muy bien entre los liberales de salón que tanto abundan entre nosotros -Rajoy se comprometió a hacerlo también cuando estaba en la oposición-, porque pocas cosas hay que molesten más a los ciudadanos que pagar impuestos, pero sería una temeridad hacerlo ahora sin dar antes un hachazo todavía mayor al gasto público. Combatir la corrupción y modernizar el país son también dos objetivos muy atractivos y deseables, pero la tentación de ganar dinero fácil no desaparecerá nunca, y los países los modernizan las personas y las empresas emprendiendo e innovando, no los gobiernos, aunque sin duda las Administraciones pueden favorecer esas actividades o entorpecerlas.
¿Reforzará y clarificará Feijóo el orden constitucional?
Hasta el Congreso extraordinario, el cauto Feijóo no va a ir mucho más allá de reiterar que no será el PSOE quién le diga con quién puede pactar y que «no hay más líneas rojas que respetar la Constitución, el estado de las autonomías y nuestro compromiso con la igualdad. Nuestro proyecto es ganar, ensanchar el PP”. Y prueba de que va en serio, ahí está el pacto acordado entre el PP y Vox en Castilla y León, ante el que los líderes del PSOE, aupados a La Moncloa por secesionistas confesos que incumplen la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico y las sentencias de los tribunales, han respondido alarmados rasgándose las vestiduras. Resulta coherente con la idea de recuperar el centro derecha no descalificar a ningún partido que acate la Constitución, con independencia de que existan discrepancias sobre algunos posicionamientos y soluciones simplistas. Hasta el momento, Vox ha acatado tanto la Constitución como el resto del ordenamiento jurídico y cumple las sentencias judiciales, a diferencia de los socios de Sánchez entre los que encontramos a golpistas confesos y condenados en las filas de ERC y JxC y a terroristas confesos y condenados en Bildu.
Deseo y espero que el nuevo papel de Feijóo en el tablero de la política nacional traiga consigo una mayor preocupación del todavía presidente de Galicia por las cuestiones que afectan al conjunto de los españoles, y que si llega a La Moncloa lo haga acompañado por un equipo de ministros algo más competentes que los actuales. Ya me parecería todo un éxito que un futuro gobierno de España reforzara la independencia de los órganos de fiscalización administrativa y judicial; clarificara la división de competencias entre las instituciones centrales del Estado y las Comunidades Autónomas; aumentara la presencia de las primeras en todo el territorio nacional y eliminara duplicidades e ineficiencias; obligara a los gobiernos autónomos a cumplir las sentencias judiciales so pena de paralizar las transferencias que reciben (por ejemplo, en educación); modernizara no el ‘país’ sino la Administración Central, estableciendo objetivos precisos e introduciendo incentivos para aumentar la productividad; transformara el SEPE en una oficina de colocación eficaz e impulsara la inspección de trabajo y el control de las prestaciones a los desempleados; acercara las bases tributarias a las rentas reales percibidas para conocer la renta real de cada ciudadano; presentara un plan para eliminar el déficit público en un plazo razonable; agilizara los procedimientos judiciales cuya lenta resolución causa importantes perjuicios económicos; reforzara los derechos de propiedad en lugar de amparar a los ocupadores; mejorara la regulación del mercado eléctrico para evitar las ineficiencias que dispararon el precio generación de la electricidad en 2021; etc. La lista podría ser mucho más larga, pero con ésta de mínimos me doy por satisfecho. No pido mucho, o quizá sí. Ya lo veremos.
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