El pasado 10 de febrero, tras casi 700 días de cortes, el Consejero de Interior Elena comunicó a la ANC la prohibición de continuar realizando sus «protestas» en la Meridiana.
Dos buenas noticias. Una, el fin de los cortes – o eso creíamos – La segunda, abrir las puertas, de par en par, a iniciar reclamaciones judiciales frente los responsables que los han permitido.
La resolución de Elena demuestra lo que llevábamos advirtiendo desde el inicio, que sí se puede, que los cortes se podían haber evitado porque la norma lo permite y que, si se han llevado a cabo, ha sido tanto por la voluntad del Govern de la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona.
Más de 700 días de graves pérdidas económicas para los comercios y restauración de la zona, 700 días conculcando la libertad de circulación de personas y conductores, de alterar el descanso de los vecinos y su paz.
La resolución de Elena demuestra lo que llevábamos advirtiendo desde el inicio, que sí se puede, que los cortes se podían haber evitado porque la norma lo permite y que, si se han llevado a cabo, ha sido tanto por la voluntad del Govern de la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona
Pero hay más. Tras esa resolución vino la reacción. Y como es habitual en esta tierra desde hace décadas, apareció la desobediencia como salida y a la Presidenta del Parlamento, Laura Borràs, como inductora. Parece que la Presidenta va acumulando boletos para asegurarse una condena y una inhabilitación. Quizá su estrategia sea ser inhabilitada por desobediencia para ocultar el proceso por corrupción que sigue abierto.
Y Elena, que parecía que iba a ponerle freno, ha acabado negando la mayor: las sanciones a quienes incumplen la norma. No más mordazas dice… a la par que llama «ultras» a los vecinos que, cada martes, se concentran para protestar contra la vulneración reiterada de sus derechos fundamentales. Debe ser por eso que les da instrucciones a los Mossos para que, mientras los CDR campan a sus anchas, rodeen a los vecinos, les graben y reciban algún que otro empujón.
Parece que la Presidenta del Parlament va acumulando boletos para asegurarse una condena y una inhabilitación. Quizá su estrategia sea ser inhabilitada por desobediencia para ocultar el proceso por corrupción que sigue abierto
Es inaudito que un Consejero de Interior esté más preocupado en no sancionar a los que vulneran las leyes que en proteger a los ciudadanos. Que esté más centrado en dar instrucciones a Mossos para que controlen y graben a los vecinos que reclaman que se respeten sus derechos, que en poner coto a los CDR dirigidos por un siniestro personaje como Bentanachs, fundador del grupo terrorista Terra Lliure y condenado por terrorismo, ergo terrorista.
Así que sí, se abren de par en par las puertas a la Justicia. A los CDR por infringir la normativa; al Govern y al Ayuntamiento por permitir la vulneración de derechos, por ser corresponsables de las pérdidas económicas; a Elena por una posible prevaricación y a Borràs por inducir y participar en la vulneración de las normas.
Las buenas noticias pueden continuar.
