La Generalitat ha elaborado un informe en el que compara la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña con la recaudación en el resto de España. Con datos de la AEAT. La Vanguardia se ha hecho eco de ese informe este miércoles.
El titular es: “Catalunya paga el 45% del Impuesto de Patrimonio de toda España”. Es llamativo.
El Informe analiza el período 2014-2019. Seis años. La recaudación por Patrimonio en el conjunto de España en esos 6 años fue 6.400 millones de euros. En Cataluña fue 2.900 millones. Ciertamente, Cataluña representa el 45%.
La causa de ese excesivo peso de Cataluña en la recaudación total está, evidentemente, en que en la Comunidad de Madrid no se paga nada. También hay que decir que el mínimo exento en Cataluña (500.000 euros) es de los más rácanos de España. Lo normal es 700.000 euros.
El Informe calcula que los madrileños se han ahorrado en esos seis años unos 5.200 millones.
Las cifras anuales quitan mucho hierro
Sumando seis años, salen cifras gordas. Podrían haber tomado diez años; la cosa sería más gorda. Pero veamos las cosas en términos anuales.
La media de recaudación anual en toda España, en esos 6 años, es 1.067 millones. La media en Cataluña es 483 millones. Lo que, según los cálculos de la Generalitat, se han ahorrado anualmente los madrileños, son 867 millones.
Puede que esos 867 millones sean exagerados. La Generalitat reconoce que es una cifra imposible de estimar. ¿Cuánto pagaría Madrid hoy si Patrimonio no estuviese bonificado al 100%? Es difícil calcularlo, pero tenemos un dato significativo: en el año 2008 Hacienda consiguió el récord de recaudación por Patrimonio: 2.360 millones en toda España. Madrid no tenía bonificación y recaudó 642 millones. Cataluña recaudó 536 millones, cifra parecida a la que recauda actualmente.
No parece disparatado calcular para Madrid en 2021 una cifra análoga a la de 2008: 642 millones.
En el Impuesto sobre Sucesiones, la bonificación de Madrid (de padres a hijos) tiene un impacto todavía menor. Y la misma escasa importancia tiene la bonificación (de padres a hijos) en Andalucía, Galicia, Castilla-León, Extremadura, Murcia y Cantabria.
El importe total de las bonificaciones en Patrimonio y Sucesiones en toda España está en torno a 1.500 millones de euros anuales. Y hay que preguntarse: ¿lo más grave que le pasa al sistema tributario español es que ciertas Comunidades no ingresan su parte de 1.500 millones de euros?
Hay una campaña puramente política para armonizar Patrimonio y Sucesiones
En septiembre de 2021 EL PAIS publicaba que los contribuyentes con fortunas superiores a 30 millones de euros crecieron un 15% en 2019 y que las dos terceras partes de dichos contribuyentes no pagaron Patrimonio.
La Comisión de Expertos designada por Hacienda está a punto de hacer público su Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal. Se ha filtrado que una propuesta primordial de dicho Libro Blanco es la armonización de Patrimonio y Sucesiones.
Y ahora sale la Generalitat con estos cálculos tan interesados.
Está claro que el Gobierno, sus socios y los medios afines están generando una milonga para consumo de las mentes sencillas, a saber: las bonificaciones de Patrimonio y Sucesiones son un cáncer del sistema tributario español. Generan competencia desleal, deslocalización, dumping fiscal… La justicia fiscal más elemental exige una armonización severa.
El Impuesto sobre el Patrimonio no es un impuesto normal
Los promotores de esta milonga se refieren al Impuesto sobre el Patrimonio como si fuera un impuesto normal, corriente en el mundo en el que vivimos, perfectamente admisible en un sistema fiscal moderno. Y que es intolerable que en Madrid no se pague.
Este es el primer punto que hay que aclarar: el Impuesto sobre el Patrimonio no es un impuesto normal. Es una excrecencia fiscal. Por eso no existe en casi ningún país. Y, lo que es más significativo, ha sido suprimido en muchos países en los que existió: Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria…
Y ¿por qué no existe en casi ningún país? Sencillamente, porque genera doble imposición (con el IRPF, con el IBI, con Sucesiones), porque penaliza gravemente el ahorro y porque ahuyenta a los grandes contribuyentes. Y muchos de ellos son los protagonistas de la inversión y la creación de empleo.
Y ¿por qué se empeñan en mantenerlo en España? Es muy simple: porque es un recurso electoral muy fácil para el PSOE y sus socios. Y para ERC ante los sufridos contribuyentes catalanes: que se fastidien en Madrid igual que nos fastidiamos en Cataluña. Y mucha gente compra el mensaje barato de que pague más el que más tiene. No hablan del que más gana, sino del que más tiene, ocultando que lo que tiene es lo que ha ahorrado tras pagar IRPF y vivir. No importa que el impuesto no sea justo y que empobrezca el tejido económico. En esto consiste precisamente el populismo.
Nuestros gobernantes son especialistas en generar mensajes de este tipo. Pasó algo parecido con la Tasa Google y la Tasa Tobin. Nos lo vendieron como símbolos de justicia y modernidad y no han servido para nada. La recaudación prevista ya era ridícula (unos 900 millones cada uno en 2021) pero la realidad les ha superado: se ha recaudado la cuarta parte.
Suponemos que el informe de la comisión traerá más propuestas
Focalizar el informe de la Comisión de Expertos en la armonización de Patrimonio y Sucesiones no puede ser sino una maniobra de distracción. Para centrar la atención en una milonga irrisoria, que, como mucho, puede aportar 1.500 millones de ingreso anual adicional al Presupuesto (y eso sin computar los efectos económicos perniciosos).
No podemos creer que esto sea lo más importante que va a proponer la Comisión. Ni siquiera que sea una de las cosas más importantes. La Reforma Fiscal que necesitamos tiene que aportar 30 ó 40.000 millones anuales adicionales. Y tiene que basarse en la creación de mucho empleo nuevo. Y es forzoso que pivote sobre el IVA, sobre los impuestos a combustibles, tabaco y alcohol, y sobre el IBI. Esto es duro de verdad. E imposible de conseguir sin un gran acuerdo político. Y a eso hay que llegar poco a poco, esperando momentos mejores y con empatía hacia los contribuyentes.
No se puede jugar con el sistema de financiación autonómico
El Estado de las Autonomías tiene que construirse con seriedad. La competencia normativa que las Comunidades tienen sobre los impuestos cedidos, como Transmisiones, Sucesiones y Patrimonio, es una competencia mínima, casi ridícula, que afecta a la décima parte de sus ingresos. Dar marcha atrás en esto es un retroceso grave en el pobre camino que hemos recorrido hacia la autonomía.
Y el sistema de financiación autonómico no puede estar cambiando cada cuatro años, según el color político que haya en Moncloa. No puede ser que el PSOE armonice y que luego el PP desarmonice. No hay arquitectura financiera sostenible si está expuesta a esos vaivenes. ¿Por qué no se lo toman en serio y se ponen de acuerdo en hacer las cosas bien?
Y la Generalitat, en vez de alentar al Gobierno a armonizar para que todos se fastidien, debería ejercer su autonomía y suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio.
