El Departamento de Educación descarga de responsabilidad a lo profesores y asume que él es el órgano encargado del cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. Así se lo ha confirmado la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tenía diez días para notificar que había recibido la sentencia y establecer quién era el encargado de cumplirla. En cualquier caso, a partir de ahora tiene dos meses para materializar el fallo. De esta manera, el Govern quita presión a los docentes asumiendo su responsabilidad en el asunto, si bien no ha aclarado si acatará la sentencia y, de hacerlo, en qué forma.
De no tomar medidas para aplicar el porcentaje de español en el periodo de tiempo fijado, el Gobierno central tendría que decidir si toma cartas en el asunto para que el fallo sea efectivo. Aunque está decisión sería la lógica, el Ejecutivo no ha querido aclarar si tomará partido o no ante tal eventualidad. Y es que dicho escenario lo ubica en una disyuntiva difícil, pues siempre ha defendido la exclusión del castellano como lengua vehicular aplicada por los nacionalistas, de cuyo apoyo depende en el Congreso. De todas formas, aunque el Ministerio de Educación no actuase, el Govern tiene difícil no aplicar el 25%, porque bastará que cualquier persona que acredite que está siendo perjudicada por la falta de aplicación lo solicite para que el fallo se ejecute de manera forzosa.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad de referencia que sido decisiva en esta victoria por parte del constitucionalismo, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que el Govern asuma su responsabilidad. «Como no podía ser de otra manera, Educación asume la responsabilidad de la aplicación de la sentencia ante el TSJC. Es un paso más hacia una escuela en las dos lenguas oficiales, pero no el definitivo», han declarado. Y han añadido: «Ahora debe constatarse el cumplimiento».