La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha remitido a la Mesa de la Cámara un escrito en el que ordena que le sea retirado el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, que fue inhabilitado por el TSJC el pasado mes de diciembre. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los partidos separatistas se han negado hasta ahora a cumplir la sentencia del TSJC y las órdenes de la Junta Electoral Central sobre la retirada del acta de diputado a Juvillà. Pero la situación ha dado un giro inesperado con el escrito de Andreu.
En este documento, la secretaria general del Parlament asegura que ha tomado la decisión «por imperativo legal» y «para evitar» que se le imputen a ella o a otros funcionarios de la institución «cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal». Y añade: «Me veo obligada a dar a la Administración parlamentaria las instrucciones estrictamente necesarias para no desatender lo que exigen los acuerdos de la Junta Electoral Central».
De este modo, Andreu coloca a los separatistas en la tesitura de decidir si siguen adelante en la defensa del escaño de Juvillà o si, por el contrario, acatan la orden de la Junta Electoral. Una decisión que no debería ser difícil pues el pasado miércoles la Comisión del Estatuto del Diputado ya indicó, con un informe elaborado por ERC, Junts y la CUP, que cualquier decisión que se tomara al respecto no debería afectar a los funcionarios de la Cámara.
