La Fiscalía General del Estado ha pedido más información sobre los procedimientos abiertos en relación con los fallecimientos en residencias de mayores durante la pandemia de Coronavirus en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, a cuyas fiscalías ha dado un plazo de 30 días para aportar los datos solicitados.
Según los escritos remitidos, de la información recopilada de las fiscalías de las CCAA se extrae que entre 2020 y 2021 el Ministerio Fiscal incoó un total de 1.040 procesales civiles y 517 diligencias de investigación en toda España. Sin embargo, la Fiscalía subraya que de los últimos datos facilitados por el IMSERSO, en la Comunidad de Madrid han fallecido 6.500 residentes y algo más de 5.700 en Cataluña. Destaca especialmente la cifra de un centro en Tomelloso (Ciudad Real), donde fallecieron 75 personas.
Esto, según la Fiscalía, permitirá proporcionar a las víctimas y sus familiares «la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar».
Amnistía Internacional denunció la «deficiente» investigación de la Fiscalía
La petición se produce días después de que Amnistía Internacional denunciase la deficiente actuación de la Fiscalía para esclarecer los más de 35.000 fallecimientos de mayores en residencias durante los primeros meses de pandemia, que están siendo archivadas la mayoría incluso sin el testimonio de los familiares.
Se ha solicitado el número de diligencias de investigación incoadas desde el inicio en todas las fiscalías de estas regiones, entre ellas a la de Cataluña: el número de denuncias/querellas interpuestas ante los órganos judiciales correspondientes y copia de las mismas, número de decretos de archivo de las diligencias de investigación y copia de las mismas, número de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales que se hubieren incoado y copia de los mismos números de procedimientos penales actualmente en tramitación, y estado en el que se encuentran.
Se ha solicitado el número de diligencias de investigación incoadas desde el inicio en todas las fiscalías de estas regiones, entre ellas a la de Cataluña.
La Fiscalía, por su parte asegura que desde el inicio de la pandemia «consideró la necesidad de dedicar una particular atención al seguimiento de los centros y residencias de personas mayores». En este sentido, el 18 de marzo de 2020, en coordinación con el fiscal de la sección civil del Tribunal Supremo se remitió a todos los fiscales superiores de las CCAA para que realizasen un seguimiento especial de las circunstancias que pudiesen estar ocasionando un riesgo sanitario especial para las personas que viven en residencias.
