Enésimo episodio de desobediencia controlada. Pau Juvillà (CUP), siendo concejal del Ayuntamiento de Lérida, desobedeció a la Junta Electoral, que le requirió retirar los lazos amarillos de su despacho durante la campaña de las elecciones generales de 2019. Hizo caso omiso —Juvillà defensa … la decisió de mantenir els llaços grocs—, aduciendo que «como partido político tienen el derecho y el deber de expresar ideología y por lo tanto denunciar que el Estado español está intentando invisibilizar la existencia de presos políticos y exiliados».
Siendo ya diputado en el Parlamento, «fue condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por desobediencia» —La JEC confirma el cese de Juvillà y avisa a Borràs de consecuencias legales si no acata—. Ante el amago de resistencia liderado por la presidenta del Parlamento —El independentismo paraliza el Parlament como protesta por el caso de Juvillà—, sobreviene otra tormenta en un vaso de agua: «La tensión se desató cuando Borràs expuso a la Mesa su plan de suspender la actividad parlamentaria sine die para denunciar la situación de Juvillà. Ello provocó perplejidad entre los socialistas e incomodidad en los republicanos.» Como hay que recordárselo todo, «los letrados advirtieron a Borràs de que frenar la actividad parlamentaria podría suponer un delito» y de que «se expone, si no acata la orden de la Junta Electoral, a un procedimiento por desobediencia».
Un liderazgo confrontativo
Jordi Amat, en el País —Farol trumpista de Laura Borràs—, lo interpreta así: «En el ecosistema independentista, donde Borràs se ha ido convirtiendo en un personaje carismático, esa decisión podría ser traducida como la demostración inequívoca de un prometido coraje antirrepresivo que, por oposición a su antecesor ―el republicano Roger Torrent―, le permitiría consolidar un liderazgo confrontativo que es seguido con devoción mariana por el sector más nacionalpopulista del movimiento soberanista.»
La propuesta de Borràs es desconvocar las sesiones ordinarias del Parlamento hasta que la comisión del Estatuto de los Diputados se pronuncie sobre el acuerdo de la Junta Electoral Central —y no puede hacer otra cosa que confirmarla, si no quiere salir del marco establecido—, pero no está en su mano suspender la actividad parlamentaria. Dice Amat: «Otra vez la respuesta desafiante se convierte en una forma de autoinfligido sabotaje institucional. No es que la actividad legislativa del Parlament durante los últimos años haya sido muy intensa, pero interrumpir su funcionamiento equivale a desconectar la democracia de la corriente.»
A falta de logros políticos efectivos, hay que aprovechar cualquier ocasión para reafirmarse. El Consell per la República, que hacía mes y medio que no decía nada, emitió un comunicado, con fecha 31 de enero, para manifestar su apoyo a la soberanía del Parlamento de Cataluña y denunciar esta «nueva injerencia de los poderes del Estado español». Esta vez la legitimidad en el exilio corre en auxilio de la institución autonómica, tan denostada en ocasiones.
Como si estuviéramos a las puertas de otro gran momento histórico, los miembros del Consell per la República «requerimos a todos los partidos políticos, las entidades y la sociedad civil que actúen con la máxima unidad y determinación asumiendo y respondiendo colectivamente a este nuevo ataque inadmisible a la soberanía del pueblo catalán». Incluso, «si se da el caso, pedimos al pueblo que defienda a los representantes legítimos de Cataluña». Al acto se dispararon los mecanismos habituales de agitación y propaganda del exilio, todos más o menos en la línea de este tweet de Jordi Pesarrodona: «¿Dejaremos sola a la mesa del Parlamento y a su presidenta?… Es hora de decir basta…»
Resistencia u obediencia
Pilar Rahola lanzó otro de sus videos en Youtube —uno de «esos podcasts que hace de mujer fanática y extraviada, desesperada económicamente y con el cerebro fundido de tanta propaganda», en opinión de Salvador Sostres en el Diari de Girona—, calificando el caso Juvillà como metáfora de nuestras miserias y no le falta razón, aunque más que metáfora, es un ejemplo. Dice que a la presidenta Borràs «la tenemos muy sola», que ERC «ha dejado de resistir totalmente», que «una parte de JxCat también parece acomodada» y que la «CUP mucho hablar y tampoco nada».
Rahola responde afirmativamente a tres preguntas que se hace: «¿Estamos haciendo el ridículo? ¿De nuevo estamos demostrando que no sabemos dónde vamos y que no tenemos ningún tipo de estrategia definida ni de objetivos definidos ni de unidad? ¿Es el caso Juvillà la metáfora de nuestras miserias y de nuestras debilidades?»
Lo que cabe preguntarse también es si alguna vez el independentismo ha sabido adónde iba, puesto que la estrategia ha brillado por su ausencia por encima de las grandes concentraciones de masas. Y ¿por qué ha tardado tanto en ser consciente del ridículo que ha hecho ante propios y extraños? Y ¿por qué una vez más, como en el caso de la pancarta de Torra, se eleva a la dimensión épica una desobediencia de escasa entidad?
La portavoz oficiosa del puigdemontismo acaba enfrentando a sus sufridos oyentes a un falso dilema: resistencia u obediencia: «O mantenemos posiciones de resistencia y de dignidad, o las mantenemos de obediencia.» Acatar el ordenamiento vigente, en democracia, no es humillación, es normalidad; cumplirlo a regañadientes, no es resistencia, es espectáculo —especialmente ridículo cuando uno forma parte del poder legislativo—.
Al final, la cuadratura del círculo: el independentismo defiende el acta de Juvillà pero renuncia a desobedecer, según informa la Vanguardia. La comisión del Estatuto del Diputado ha dictaminado que «la retirada del escaño a Juvillà, ordenada por la Junta Electoral Central tras la condena a inhabilitación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por no retirar lazos amarillos de la Paeria de Lleida en campaña electoral, no es aplicable en función del reglamento del Parlament» —será porque no compete a este reglamento juzgar las conductas en campaña electoral—, pero «el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos». Aquí se acaba el tema, a la espera de lo que suceda en el Pleno que ha de tener lugar antes del viernes 4, que es «cuando expira el plazo dado por la JEC a Borràs para que ejecute la sustitución de Juvillà en el Parlament».
