Los partidos separatistas en el Parlament han votado este jueves en contra de que el Govern acate la sentencia del TSJC que obliga a que al menos un 25% de la enseñanza obligatoria se haga en castellano en Cataluña. Esta ha sido la respuesta independentista a una moción presentada por Ciudadanos instando al Govern a cumplir la decisión judicial. Moción que ha contado con el respaldo del PP y Vox y, en algunos puntos, con el del PSC.
La moción ha sido defendida por el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, quien, entre otras cuestiones, ha reivindicado el derecho de los niños castellanohablantes en Cataluña a recibir parte de su educación en su propia lengua. Martín Blanco ha acusado al conseller de Educación, Josep González Cambray, de «justificar décadas de exclusión del castellano y de vulneración de derechos lingüísticos de los ciudadanos catalanes». Y ha añadido que «igual que Pujol ya sabe lo que es la UDEF», Cambray ya conoce «quiénes son los tribunales».
Los separatistas, por su parte, han justificado el reto de no cumplir la sentencia con los argumentos habituales. La republicana Mónica Palacín, ha dicho que no existe ningún «conflicto» en las escuelas de Cataluña por la lengua. Desde Junts ha sido la diputada Gloria Freixa quien ha asegurado que defenderán tanto la escuela en catalán como a los profesores, que son los que, realmente, cargarán con las consecuencias si se incumple la sentencia del TSJC. El cupaire Carlos Riera se ha referido a la sentencia como un «155 escolar», mientras que el diputado de En Comú-Podem Juan Carlos Gallego ha calificado la moción de Ciudadanos de «insulto a la inteligencia», según recoge El Nacional.