ANÁLISIS / ¿Cuáles son los planes de la UE y el Gobierno para reducir la factura eléctrica?

En mis dos últimos artículos, “¿Cuánto ha subido el precio de la electricidad en España?”, y “¿Por qué ha subido tanto el precio de la electricidad?”, publicados en este diario el 8 y 15 de enero de 2022, respectivamente, abordé uno de los temas que junto con la pandemia y el empleo constituyen las mayores preocupaciones de casi todos los españoles. En el primero de ellos, espero haber despejado cualquier duda razonable sobre un hecho que todos aquellos que pagamos religiosamente la factura de electricidad cada mes conocemos muy bien: la extraordinaria e insólita elevación de los precios de la electricidad que venimos padeciendo desde febrero de 2021,un subidón  que nos pilla, además, con las cuentas bancarias exhaustas tras la drástica caída del PIB y de las rentas en 2020, el año en que irrumpió el coronavirus en escena y el PIB de nuestro país se desplomó 11%. Añádase a ello las subidas impositivas pasadas y las ya anunciadas para 2022, para llegar a la conclusión que trabajar en España se ha convertido para quienes lo hacen en un auténtico castigo.

En el segundo artículo, destacaba que las subidas no se deben a las fuerzas del libre mercado sin más, como a veces se da a entender para justificar la inacción gubernamental, sino que tienen causas bien concretas: la fuerte subida que ha registrado el precio de los derechos de emisión en el mercado establecido por la UE (EU ETS) donde se compran y venden esos derechos, y por las fuertes elevaciones del precio del gas natural en 2021. En cuanto a la primera, la evidencia indica que el precio de los derechos de emisión empezó a crecer nada más aprobarse la EU ETS Directive 2018/410 que entró en vigor el 8 de abril de 2018, y se disparó en 2021, tras acordar la UE intensificar el ritmo de reducción anual de emisiones e introducir algunos otros cambios en el ‘mercado’ con unos objetivos bien definidos: recortar al menos 55% las emisiones hasta 2030 y alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050. Son a los objetivos fijados y a las medidas adoptadas por las instituciones de la UE para alcanzarlos, no al ‘mercado’, a quienes debemos responsabilizar del coste adicional que ha supuesto el aumento del precio de los ETS para las empresas generadoras de electricidad.

En ese mismo artículo, examinaba la fuerte subida del precio del gas natural desde febrero de 2021 y destacaba como causa indirecta de esos aumentos la falta de cautela e imprevisión de las instituciones europeas y del gobierno de España. En primer lugar, por no anticipar posibles restricciones en el suministro ruso en represalia por las sanciones impuestas a Rusia por alimentar las tensiones y la crisis política en Ucrania. En segundo lugar, por llegar al 23 de octubre de 2021, fecha en la que expiraba el contrato de suministro de gas procedente de Argelia por el gasoducto que atraviesa Marruecos, sin utilizar todas las armas de que disponen la UE y España para negociar con el Reino de Marruecos, Estado asociado a la UE, y evitar que el gobierno marroquí cerrara el grifo del gas y las empresas españolas se vieran obligadas a transportar gas licuado por barco, con el consiguiente incremento del precio, para evitar el desabastecimiento del mercado a las puertas del invierno. 

La difusa caja de herramientas (‘toolbox’) de la UE

Del mismo modo que la UE nada hizo como institución supranacional para implementar una política fiscal comunitaria para compensar los efectos del coronavirus, a diferencia de la pronta y contundente respuesta del gobierno federal estadounidense, la UE ha sido también más un observador pasivo que un actor pese a ser, que como acabo de indicar, la principal responsable por acción y omisión de la crisis energética en que estamos inmersos. El 13 de octubre, la Comisión presentó la caja de herramientas “para afrontar la excepcional subida en los precios globales de la energía que se anticipa abarcará todo el invierno, y ayudar a los ciudadanos y empresas europeas” a sobrellevarla. 

Un documento de buenas intenciones que caracteriza la crisis como ‘excepcional’ y ‘global’ sin reconocer que la mayoría de las economías ni siquiera han alcanzado hoy los niveles de producción de finales de 2019, y que la subida de los precios de los derechos de emisión y de los precios del gas natural se ha producido por decisiones adoptadas unilateralmente por la propia UE y afectan únicamente a los ciudadanos y empresas europeos. Falta a la verdad la Comisión Europea cuando afirma que “el aumento actual en el precio de la electricidad se debe principalmente a un aumento en la demanda global por gas a resultas de la aceleración de la recuperación económica”, y cuando lo achaca a factores transitorios. Una manera elegante de eludir sus responsabilidades tirando balones fuera, mientras se resiente el bienestar de varios cientos de millones de ciudadanos europeos, golpeados por la subida del coste de la energía, y 31 millones de ellos, según la propia Comisión, no pueden mantener temperaturas aceptables en sus viviendas. Y no sólo está en juego el bienestar de los consumidores por los efectos directos de la subida de precios, sino la supervivencia de empresas y puestos de trabajo cuya viabilidad está amenazada por la subida de los precios de la energía.

En la presentación del documento, Simson, Comisaria de Energía, expuso las medidas que los gobiernos europeos podrían utilizar a corto plazo y esbozó los vagos planes de la Comisión para resolver el problema a medio plazo. Entre las primeras, se encuentra la autorización a los Estados miembros para adoptar medidas de emergencia que incluyen ayudas a las familias, subvenciones a las empresas y reducciones impositivas focalizadas. Según, la Comisión “estas medidas inmediatas podrían financiarse parcialmente con los ingresos generados en las subastas de derechos de emisión, tasas e impuestos sobre los precios de la energía, además de los impuestos medioambientales”. Falta, como es habitual, concreción sobre a cuánto ascenderán esos ingresos procedentes de las subastas, cuándo estarán disponibles y cómo van a emplearse. 

Entre las medidas que no tendrán impacto inmediato, la UE contempla varias opciones para “reforzar la preparación ante posibles nuevas perturbaciones, fortaleciendo la integración y resiliencia del mercado y empoderando a los consumidores reforzando el acceso a la energía, y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles”. En concreto, la Comisión propone aumentar la capacidad de almacenaje y la resiliencia del sistema energético, e impulsar las inversiones en interconexiones transfronterizas, centrales de generación flexibles, energías renovables y eficiencia energética. Nada en las páginas dedicadas a explorar estos dos aspectos indica que exista un programa de actuaciones preciso, basado en un análisis coste beneficio de las distintas opciones, ni una cuantificación de las dotaciones presupuestarias que permitirán implementarlas en los próximos años para revertir la situación actual. 

En las conclusiones del documento se afirma que “los compromisos claros de los gobiernos para invertir en soluciones climáticamente neutrales en los Estados Miembros ayudarán a reducir la volatilidad del precio de la energía y los desequilibrios entre demanda y oferta de energía resultantes de movimientos en los precios de los combustibles fósiles y otros factores externos”, una afirmación completamente gratuita. Resulta una perogrullada afirmar que cuando uno no depende de los combustibles fósiles los cambios en sus precios no nos afectarán, cuando lo importante es saber si prescindir de esos combustibles, además de reducir la volatilidad del precio de la energía, nos dejará unos precios permanentemente más elevados.

Paradójicamente, el lector buscará en vano un párrafo donde se reconozca el fuerte impacto que ha tenido el aumento del precio de los derechos de emisión sobre los costes de las empresas generadoras y a la postre sobre las familias y empresas, más allá de aceptar que los ingresos de las nuevas emisiones de derechos puedan dedicarse a paliar los efectos de la subida de los precios de la energía sobre consumidores, pequeños empresarios y empresas intensivas en energía. Ni tampoco encontrará un solo párrafo dedicado a analizar las torpezas diplomáticas que han puesto en peligro el suministro de gas natural procedente de Rusia y Marruecos, dos cuestiones que traté con cierto detalle en mi artículo de la semana pasada. Sanciones ineficaces y contraproducentes a Rusia en represalia por su papel en la crisis ucraniana y aceptación pasiva del cierre del mayor gasoducto que transporta gas desde Argelia a España a través de Marruecos, pese a que la UE mantiene una relación de asociación privilegiada con el Reino de Marruecos que tiene en la UE el mayor mercado para sus exportaciones y la principal fuente de inversiones extranjeras. 

Reducción impositiva y otras medidas del gobierno español

El Gobierno de España, por ejemplo, aprobó el 14 de septiembre un decreto Ley para reducir transitoriamente el Impuesto al valor de la producción energía eléctrica (IVPEE) de 7% a 0%, el Impuestos sobre electricidad 5,1% a 0,5% y el IVA de la factura eléctrica de 21% a 10%, algunas medidas excepcionales hasta finales de año que se han extendido hasta febrero de 2022. Asimismo, la ministra Ribera indicó que “se inyectan 900 millones de euros adicionales procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios”, aunque nos quedamos con ganas de saber dónde se han inyectado. En fin, todas estas medidas, apuntó la ministra, pretenden “lograr que el precio promedio pagado por un consumidor en 2021 sea equivalente al que pagó en el año 2018”, algo que ya dio por logrado el presidente del gobierno en su comparecencia en el Senado el 21 de diciembre de 2021, un anticipo de la pedrea del sorteo de Navidad.

Cuadro 1. Reparto del coste del bono social entre empresas comercializadoras

Fuente. Energía y Sociedad.

Por otra parte, algunos consumidores caracterizados por las Administraciones como vulnerables, vulnerables extremos o consumidores en riesgo de exclusión social, vienen beneficiándose desde 2009 del bono social con bonificaciones de 25% y 40% en la factura eléctrica que se elevaron el 23 de octubre  hasta 60% y 70%, respectivamente, “ante la escalada de los precios de la energía”. Pero la inmensa mayoría de consumidores sólo nos hemos beneficiado de las reducciones impositivas a partir de septiembre de 2021, y somos, además, quienes acabamos soportando el coste del bono social eléctrico a través de los peajes eléctricos, como puede constatarse en el Cuadro 1. El gobierno decreta y nosotros pagamos la factura de aquellos a quienes se subvenciona. Excelente política social cuyos méritos, no su coste, se atribuye el Gobierno de España.

Pese a la escalada de los precios de la energía, el gobierno Sánchez ha reiterado recientemente su intención de cerrar todas las centrales nucleares en 2035 siguiendo las directrices del Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), remitido a Bruselas en noviembre de 2021 “para dar cumplimiento a sus obligaciones contraídas de acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la UE”, y apostar por las tecnologías renovables con independencia de si éstas son o no competitivas. Conviene, además, dejar claro que el plan de cerrar las centrales nucleares constituye una decisión soberana, no una exigencia de Bruselas para acceder a los recursos asignados a España con cargo a los 750.000 millones (a precios de 2018) del fondo extraordinario  Next Generation EU, aprobado en el Consejo Europeo celebrado el 21 de julio de 2020. El presidente Macron, por ejemplo, ha decidido construir nuevas centrales nucleares en respuesta a la crisis energética, la decisión opuesta a la adoptada por el presidente Sánchez. 

Habida cuenta que las centrales nucleares son las que producen a coste más bajo de forma ininterrumpida, la perspectiva de reducir los precios de la electricidad en los próximos años se desvanece. Añadamos a esta inquietante perspectiva que la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A: (ENRESA), la empresa pública encargada de almacenar residuos nucleares, no cuenta con reservas suficientes para financiar los elevados costes de desmantelar las centrales nucleares todavía activas, y mucho me temo que alguien tendrá que pagar la factura. Al gobierno parece preocuparle muy poco si su apuesta por las energías renovables permitirá reducir la factura de las familias y empresas, o si acabaremos helados de frío en invierno y achicharrados en verano, y las empresas con elevadas necesidades energéticas acaben haciendo las maletas. A mí, al menos, me gustaría ver los planes y los números, no la retórica vacía y las vagas promesas a que nos tiene acostumbrados. 

Echen las cuentas, por favor

No sé, querido lector, cuál ha sido su experiencia personal, pero mis facturas eléctricas se han reducido en unos pocos euros a resultas de la rebaja impositiva aprobada por el gobierno en septiembre, pero la partida ‘Por energía consumida’ por kWh. aumentó 34,9% entre octubre de 2021 y octubre de 2022, y 87,2% con relación a octubre de 2018, pese a que tengo ahora mucho más presente concentrar mi consumo en horas valle, que no son precisamente verdes sino más bien escandalosamente caras. Pero si octubre fue espantoso, la factura de diciembre supera la peor de las pesadillas. El precio del kWh. ha aumentado 183,82% desde diciembre de 2018, esto es, se ha multiplicado por 2,83.

Falta usted a la verdad, ministra Ribera, si ya finalizado el año sigue usted insistiendo en que el importe de la factura eléctrica en 2021 iba a ser igual o incluso inferior a la de 2018, porque para que ello fuera posible mi consumo en diciembre de 2021 tendría que haberse reducido en una cantidad no muy alejada de 183,82%. Tal vez era eso lo que la ministra tenía en mente (aunque tampoco cabe desdeñar la posibilidad de construir un iglú en el salón de casa). A buen seguro que solo mencionarlo les produce a los lectores escalofríos. ¿Saben qué me gustaría saber? Que han hecho la ministra Ribera y los restantes miembros del gobierno en sus despachos oficiales para lograr que la factura de electricidad de las Administraciones Públicas en 2021 sea inferior a la de 2018. Como diría Raphael, esto es un ‘escandaló’.