Impulso Ciudadano exige al digital La República que retire de inmediato el calificativo de ‘fascista’ con el que definió a la entidad en una noticia publicada el pasado 10 de enero. “Impulso Ciudadano busca més les pessigolles denunciant ‘discriminació’ del castellà al web de la Generalitat” [Impulso Ciudadano busca más las cosquillas denunciando “discriminación” del castellano a la web de la Generalitat], un titular que el digital independentista acompañó de un subtítulo donde se hacía referencia a Impulso Ciudadano como una ‘entidad fascista’.
Demonización de ‘la entidad’ para apartarla del debate público
Según Impulso Ciudadano, su junta directiva acordó exigir a ‘La República’ la retirada inmediata del calificativo ‘fascista’. La entidad sostiene que se trata de una estrategia «absolutamente inaceptable por cuanto busca demonizar a una entidad cívica crítica con el poder nacionalista, para así apartarla del debate público». Así, se ha procedido a enviar un burofax al director del medio, Joan Puig, reclamándole la rectificación inmediata en los brevísimos plazos establecidos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Dispuestos a llegar a los tribunales
Por otra parte, Impulso Ciudadano ha presentado una queja ante el Consejo de la Información de Cataluña por entender que el tratamiento que el digital separatista le da contraviene claramente los artículos 2 y 12 del Código Deontológico de la Profesión Periodística de Cataluña.
Si no se produce la retirada inmediata del calificativo “fascista”, Impulso Ciudadano llevará el tema a los tribunales, siguiendo el procedimiento establecido en la referida Ley Orgánica 2/1984.
La asociación considera «alarmante que se haya normalizado la denigración del discrepante por parte de plataformas propagandísticas llamativamente subvencionadas con el dinero de todos los catalanes. Solo de la Generalitat, La República ha percibido, en 2021, 20.517,36 euros en concepto de subvenciones estructurales a medios informativos digitales y 39.742 euros, en concepto de publicidad institucional».
