Cuando uno se para a pensar que el intendente de Mossos d’Esquadra, Antonio Rodríguez, máximo responsable de investigar la corrupción en Cataluña, tuvo que pedir amparo a los jueces ante las presiones políticas que estaba recibiendo de sus superiores para revelar información judicializada, se da cuenta de que en Cataluña no es que existan las famosas «cloacas» del poder; es que existe una gigantesca fosa séptica desde donde se mueven los hilos de la política.
Los sucesivos gobiernos de la Generalitat han intentado siempre politizar a los Mossos d’Esquadra y convertirlos en una policía al servicio de la causa separatista. Pero ahora, desde el nombramiento del nuevo comisario jefe de los Mossos y la purga de determinados mandos policiales, la politización del cuerpo ha alcanzado cotas de república bananera.
Mucho tendrán que tapar la Generalitat y los políticos que se mueven en su órbita para que la primera decisión del nuevo jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, haya sido fulminar al intendente Antonio Rodríguez al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal. No quieren unos policías que puedan investigar hacia arriba, capaces de blindar sus investigaciones de posibles injerencias políticas. Quieren una cúpula policial dócil y sumisa al poder político con nombres como Estela, afín a ERC; Eduard Sallent -el segundo al frente de los Mossos y vinculado a Junts-, o el sustituto de Antonio Rodríguez al frente de la Comisaría General de investigación criminal, Ramón Chacón, que no oculta en redes sociales sus simpatías por la causa separatista. Se premia a los afines con lazo amarillo en solapa y se castiga a los neutrales.
«Se premia a los afines con lazo amarillo en solapa y se castiga a los neutrales»
Y claro, desactivadas una por una todas las piezas de la unidad anticorrupción, se entiende la preocupación muy comprensible de jueces y fiscales, no sólo por la falta de confianza que puedan tener en los nuevos responsables de la policía judicial de los Mossos, sino por el futuro de causas penales sensibles por presunta corrupción política que afectan a políticos separatistas: desde el exconsejero de Interior, Miquel Buch (Junts per Cat), el expresidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé (PDeCat); o la mismísima Laura Borràs (Junts per Cat).
Por cierto, desde esa fosa séptica a la que antes me refería y que constituye también una enorme agencia de colocación separatista, no han tardado en recolocar a Miquel Buch como Presidente y Consejero delegado de la mercantil Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U, empresa que adjudica la mayor cantidad de obra pública en Cataluña; donde también es apoderado mercantil el exsecretario general del departamento de Interior, Brauli Duart. Convendría investigar esta relación entre excargos del Departamento de Interior y la adjudicación de obra pública en Cataluña, que, cuando menos, resulta llamativa.
«Sumisión ideológica, nepotismo, policía política y un fuerte olor a corrupción. Esto, desde luego, no cambia en Cataluña»
Desde Vox fuimos los primeros en pedir la correspondientes comparecencias y explicaciones al consejero en la Comisión de Interior celebrada el pasado día 22 de diciembre. Ya hemos iniciado las conversaciones con Cs y PP para instar a la creación de una comisión de investigación para poner negro sobre blanco todo este pestilente asunto.
En definitiva, sumisión ideológica, nepotismo, policía política y un fuerte olor a corrupción. Esto, desde luego, no cambia en Cataluña.
