El título da un poco de miedo: El Consell per la República plantea nuevas acciones de desobediencia civil. Con la ruina económica y el colapso de la sanidad que tenemos encima, sólo falta que a algún iluminado se le ocurra organizar huelgas y sabotajes, que es en lo que consiste por estos lares la llamada desobediencia civil.
En la web del Consell per la República —«ya somos 102.000» afiliados— aún no hay ningún comunicado con fecha del 2022, pero el diario Ara ha podido saber, dice, que «la institución del exilio liderada por el ex president Carles Puigdemont quiere promover la vía de la desobediencia con acciones de la sociedad civil que ayuden a dar impulso al conflicto». La «institución del exilio» es una entidad privada bajo jurisdicción belga, el «ex presidente» es ahora un eurodiputado español y la «sociedad civil» son los activistas que aún puedan ser encuadrados por o desde la Assemblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural.
Según este diario, el Consell per la República «plantea que grupos organizados hagan acciones como la que protagonizaron el 25 de marzo del año pasado, cuando se ocupó la sede de la delegación de la UE de Barcelona para denunciar la inoperancia de Europa ante el conflicto entre Catalunya y España». No se ocupó gran cosa. Según el Nacional, poco sospechoso de subestimar este tipo de acciones, hubo, sí, una protesta: «Una cincuentena de personas se han concentrado esta mañana delante de la sede de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona. Sobre las 10 de la mañana los Mossos d’Esquadra han desalojado los manifestantes.» La cosa tenía un aire como de grupúsculo extraparlamentario.
También está lo de ofrecer «asesoramiento jurídico a las familias afectadas por la sentencia del TSJC que obliga a hacer el 25% de las clases en castellano en algunas escuelas», aunque para explorar los límites de cualquier derecho, dentro de la ley, no hace falta tener una «institución en el exilio», basta con un buen abogado.
También quiere «reactivar la campaña de insumisión fiscal a la monarquía (…) para denunciar lo que a su entender es uno de los símbolos de la represión del Estado». El Consell per la República tiene todo un apartado, Prou monarquia, dedicado a la objeción fiscal; pero nadie paga impuestos a la monarquía. Hacienda recauda impuestos y el total de lo recaudado se distribuye según los criterios que en cada ejercicio establece el gobierno. El Consell propone a los contribuyentes que detraigan de su declaración fiscal unos 300 € y los ingresen en el «Fons Republicà d’Acció Solidària».
Por supuesto, Hacienda no va a estar conforme y exigirá al contribuyente que pague todo lo que le toca y encima con intereses de demora. Avanzándose al reproche —«¿no tiene el efecto contrario al que buscamos?», es decir: acabaremos dando más dinero al Estado opresor— el fisco en el exilio contesta: «Con esta campaña asumes un pequeño riesgo —la sanción que podemos recibir es el embargo de la cantidad de objeción fiscal incrementada con intereses— pero vale la pena. Todos los grandes cambios por la libertad, se han concretado cuando muchas personas han estado dispuestas a realizar, todas juntas, pequeñas acciones como esta. Paso a paso, dejando de colaborar económicamente con la represión, derrocaremos la monarquía.» El éxito de la iniciativa es previsible.
Un nuevo ciclo electoral
También da un poco de miedo el título ¿Otro ‘momentum’ Puigdemont?, por lo que tiene de anuncio de un nuevo período de inestabilidad, pero este artículo de Isabel Garcia Pagan en la Vanguardia no va más allá de recordar que «el 29 de diciembre él mismo fijó este año como el de su vuelta». Sí, ese día, el de su 59º aniversario, anunció en Instagram: «Los sesenta los celebraremos juntos en casa.» Hay una cierta ambigüedad. Tal vez quiere decir que entonces la «Casa de la República», que está en 34, Avenue de l’Avocat, Waterloo, además de lugar de trabajo será también, definitivamente, su hogar.
El temor a un «nuevo momentum Puigdemont», según Garcia Pagan, es lo único que turbaría el aterrizaje del gobierno Aragonès en la política normal, es decir, en la del diálogo y la negociación: «El presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] necesita a ERC para tramitar el decreto ley de la reforma laboral y la cuenta atrás avanza. Los trece votos republicanos en el Congreso son la única arma con la que cuenta ERC y tienen doble filo. Cada negociación tensiona al independentismo y, sin réditos en materia de autodeterminación y ni amnistía, ERC sólo puede echar mano de logros serenos en el Govern. La agitación es cosa de Junts y la bandera es un supuesto retorno de Carles Puigdemont. En ERC no inquieta el ruido sino la capacidad desestabilizadora de la estrategia de sus socios.»
Pero ¿cuántas veces ha dicho que volvería? Casi desde el mismo día que se fue —después de pedir a los miembros de su gobierno: Mañana, todos a los despachos—, se han sucedido las afirmaciones o las insinuaciones de su vuelta, sobre todo en tiempos de campaña electoral. Aunque bien pronto el nerviosismo y las expectativas generadas quedan en el olvido, porque, como en los gags de José Mota, el final siempre es: Hoy no, ¡mañana!
Los cantos de sirena sobre un hipotético retorno tampoco faltarán este año. RTVE anunciaba el pasado día 3 que España se adentra en un nuevo tiempo de campaña electoral permanente y, si los vientos soplan favorables a las derechas, algo tendrá que hacer el independentismo para contrarrestarlos en Cataluña, y más teniendo en cuenta la fecha fija de las municipales, en mayo de 2023. Si el Consell per la República quiere liarla, «la réplica de ERC es el botón rojo de la convocatoria electoral», que está en manos del presidente Aragonès. «¿Avanzar elecciones o agotar mandato tras cuatro legislaturas exprés?» El cumplimiento de los plazos sería de agradecer, para variar; siempre que no sea a costa de una estabilidad que aún no se ha manifestado plenamente.
Argimon, el mayor problema
En una década, cuatro legislaturas. Y mientras tanto la casa por barrer, la salud por recuperar, y buena parte de la clase política con el sentido común cesante o definitivamente perdido. Josep M. López de Lerma, en el Diari de Girona, habla de la gestión nefasta del departamento de Salud y de los neologismos con que intenta esconderla:
«¿Qué nos quieren decir, en verdad, el consejero Josep Maria Argimon y sus más directos colaboradores cuando nos hablan de una “sanidad pública tensionada”? Pues que está colapsada o a punto de estarlo. ¿Por qué no usan este adjetivo? ¡Por vergüenza! Y porque pertenecen a JxCat, el partido de un fugado Puigdemont, cuyas raíces originarias se encuentran en el PDECat y las de éste en la autodestruida CDC. Deberían señalar al infausto Àrtur Mas, el hombre que con sus recortes estropeó el sistema sanitario catalán heredado de su mentor, el presidente Jordi Pujol, que, lo que es funcionar, funcionaba, y además constituyó un modelo a imitar por otras autonomías españolas e incluso por estados miembros de la Unión Europea. Esto no lo puede decir Argimon a pesar de que sepa que es cierto por demostrable, pero no decirlo es traspasar el resultado de un homicidio al presidente Pere Aragonès.»
Pero la herencia recibida, en su opinión, no excusa a los responsables actuales: «Tiempo y medios han tenido para rehacer el modelo. Desde las ayudas del Estado por el asunto covid a la redacción y aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este año. Haber perdido estas dos oportunidades se debe en exclusiva al consejero Argimon.» Y afirma que Argimon es el mayor problema de Aragonès. Por si fuera poco, resalta un defecto general de las coaliciones independentistas, que «quien pone y quita consejeros [son] los partidos», lo que constituye «una lesión grave de las potestades del presidente de la Generalitat».
