Casi 1.900 personas han mostrado ya su apoyo a la sección de Derecho Constitucional del Colegio de la Abogacía de Barcelona que recientemente emitió un comunicado criticando al Govern separatista por no defender a la familia de Canet de Mar del acoso de los fanáticos de la lengua. En la misma nota, estos letrados recordaban al Ejecutivo del republicano Pere Aragonés su obligación de cumplir la sentencia del TSJC emitida hace unas semanas y que pone fin a la imposición del catalán en la educación.
Este comunicado ha tenido como consecuencia la presión de los abogados de Carles Puigdemont, el diputado de Jaume Alonso Cuevillas y Gonzalo Boye, sobre la junta de gobierno del colegio profesional, presidida por María Eugenia Gay, para que desautorice a la sección de Derecho Constitucional, según recoge Confilegal. No lo han logrado y, con su actitud, solo han conseguido que cada vez sean más los que muestran su apoyo al constitucionalismo. Así se ha visto este jueves en Barcelona, con la lectura de un manifiesto en el que los abogados constitucionalistas exigen a los «representantes políticos» dejar de «confrontar» a los ciudadanos con la excusa de la lengua.
Un asunto «técnico»
Les piden que «no difundan mensajes poco rigurosos que confunden y confrontan a la población» y les recuerdan que la sentencia del TSJC, además de una cuestión jurídica, es «un asunto técnico, de derecho y educación» y que «son los profesionales de estos sectores quienes han de trabajar para que se cumpla el modelo legal de educación en Cataluña».
En el mismo manifiesto, estos letrados exigen al Govern que «cumpla con su función como Administración y facilite el ajuste del sistema educativo a la legalidad y no obligue a judicializar este tema». Y es que, han recordado, si no lo hace, serán los abogados los que tendrán que «solicitar la ejecución de la sentencia» del TSJC «en nombre de las familias y asociaciones afectadas». En el manifiesto, los abogados han condenado «toda discriminación y abuso contra cualquier menor». Una clara alusión al menor de 5 años de Canet de Mar cuya vivienda los separatistas querían «apedrear» sin que el Govern haya hecho el más mínimo gesto de protección.
En estos momentos, «solo hay un 3% de centros (5 de 184) que cumplen con el modelo legal de conjunción lingüística«. Es decir, el modelo en el que tanto el castellano como el catalán son vehiculares y ninguna de las dos lenguas se impone sobre la otra, como sucede en la inmersión. «Es necesario», han subrayado los letrados constitucionalistas, «que familias y centros escolares adapten sus proyectos lingüísticos para ajustarlos a la legalidad y la Generalitat ha de facilitar que se cumpla».
