Las restricciones impuestas por el Govern del republicano Pere Aragonés con la excusa de hacer frente a la sexta oleada de COVID-19 han llevado a los empresarios del ocio nocturno catalán a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) con el fin de poder abrir sus puertas en la noche de Fin Año. El Govern ha decretado el cierre de sus negocios, además de un toque de queda de 1.00 a 6.00 horas y limitaciones en el número de participantes en las reuniones, entre otras medidas.
Agrupados en la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (FECASARM), estos empresarios han recordado este lunes que la noche de Fin de Año es la de mayor facturación y por ello han pedido al TSJC que se pronuncie de forma «urgente» sobre su recurso. Un recurso que respaldan la asociación Spain Nightlife y la organización PEACovid-19 (Plataforma de Empresarios Afectados COVID-19).
Decreto «inconstitucional»
El secretario general de FECASARM, Joaquín Boadas, ha explicado a las puertas del TSJC que las comunidades autónomas «no pueden decretar medidas restrictivas de derechos para la contención de la pandemia». De ahí que haya calificado de «inconstitucional» el decreto de restricciones aprobado por el Govern la semana pasada y que estará en vigor hasta el próximo 6 de enero.
En un comunicado emitido tras la aprobación del decreto, la patronal de la restauración y el ocio nocturno ya mostró su rechazo a las medidas, calificándolas de «desproporcionadas, no indispensables y contraproducentes«. También alertó de que las mismas tendrán como consecuencia la celebración de botellones y fiestas ilegales. Y, además, reprochó al Govern no haber sabido aprovechar la oportunidad de utilizar a estos establecimientos «como aliados estratégicos para poder seguir promocionando la vacunación y generar espacios controlados y seguros».
