Vox ha registrado este viernes una proposición no de ley que forzará al Congreso de los Diputados a pronunciarse sobre la posibilidad de intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La proposición se basa en el anuncio del Govern de no acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que el 25% de las clases se impartan en castellano en esta comunidad autónoma, poniendo así fin a la controvertida inmersión lingüística. Una sentencia que acaba de ser refrendada por el Tribunal Supremo al rechazar el recurso presentado por la Generalitat contra la misma.
El grupo presidido por Santiago Abascal quiere que el Estado vuelva a intervenir la Generalitat por considerar que «el incumplimiento de la resolución judicial del Tribunal Supremo es un ataque más de los que se han vivido por parte del Ejecutivo regional en las últimas décadas», según recoge Confilegal.
«Determinadas autoridades regionales usan la lengua no como herramienta de comunicación sino como elemento de división y enfrentamiento«, denuncia la formación y añade que hay autoridades que están intentando «arrinconar la riqueza lingüística» de España y «perjudicar a los castellanohablantes». Ciudadanos a los que se intenta convertir en «españoles de segunda» y a los que se recomienda ir a centros educativos privados si quieren ser educados en su lengua materna.
Lobby fuertemente subvencionado
Esta situación, advierte Vox, perjudica también a los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos, cuya «integración» en comunidades como Cataluña se ve dificultada por la imposición del catalán en la educación. El partido considera, además, que se está llevando a cabo una imposición lingüística apoyada en la «deslealtad institucional» por parte de unas autoridades autonómicas que incumplen con la Constitución. A ello se suma la existencia de «un lobby de la lengua fuertemente subvencionado y que sigue instrucciones netamente políticas», en una clara alusión a entidades ultras como la Plataforma per la Llengua, que promueve, entre otras cosas, la persecución y el señalamiento de profesores y trabajadores que no empleen el catalán en sus puestos de trabajo.
Por estos motivos, Vox insta al Gobierno a que intervenga la Generalitat «con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios constitucionales que, en cualesquiera materias, están siendo objeto de sistemática infracción por parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña».
