La sustitución del dinero en efectivo por formas de pago digitales y electrónicas conlleva la exclusión del sistema económico de los habitantes de las localidades más pequeñas y fomenta la despoblación de las zonas rurales. Según se desprende de la «Encuesta sobre la
necesidad de permanencia del dinero efectivo», encargada por la Plataforma Denaria a GAD3, para el 74 % de los españoles que viven en localidades de menos de 10.000 habitantes, el dinero en efectivo es esencial en su día a día, del mismo modo que lo es para el 80 % de las personas de 65 años o más.
«El efectivo es un servicio fundamental para los ciudadanos, especialmente en las zonas de mayor despoblación donde las dificultades para el acceso al efectivo están ensanchando la brecha financiera y agravando la situación de la vulnerabilidad de muchos españoles, con especial impacto en la población mayor», recuerdan desde la Plataforma Denaria, quienes hacen un llamamiento a la búsqueda de soluciones que permitan «garantizar el acceso servicios básicos en las zonas rurales, entre ellos, el efectivo».
Y es que, siguiendo con las conclusiones del mencionado estudio, la permanencia del efectivo se respalda con fuerza entre los españoles que residen en las localidades más pequeñas: el 90 % de los que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes así lo considera, al tiempo que se muestra en contra de la sustitución del efectivo por formas digitales de pago. Todo ello se refuerza con el hecho de que el 41 % de los españoles considera que las formas de pago digitales no son accesibles para la población rural.
«La permanencia del efectivo se respalda con fuerza entre los españoles que residen en las localidades más pequeñas: el 90% de los que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes»
En lo que respecta a las consecuencias del uso de las formas de pago digitales, el 88 % de los españoles alerta de que su incremento excluye a determinados estratos sociales como la población residente en zonas rurales, así como las personas mayores, con discapacidad o sin hogar, entre otros. En definitiva, para el 76 % de los españoles, el efectivo es la forma de pago más accesible y democrática.
«Para el 76 % de los españoles, el efectivo es la forma de pago más accesible y democrática»
Consecuencias de la falta de acceso al efectivo: la vulnerabilidad
Hay que tener en cuenta, asimismo, que el cierre de oficinas bancarias está agravando esta situación que afecta principalmente a zonas rurales con población de avanzada edad. El análisis ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’ realizado por el Banco de España revela que en torno a 1,3 millones de ciudadanos (lo que supone el 3 % de la población española) está actualmente en una situación de vulnerabilidad financiera, a raíz del cierre de sucursales bancarias, que ha reducido de manera notable el número de puntos de acceso al efectivo.
De hecho, desde 2008 el número de oficinas bancarias ha caído a casi la mitad y la cifra total de cajeros automáticos se ha reducido un 20 %. En concreto, a finales de 2020, el número de oficinas bancarias y cajeros automáticos en España era de 22.299 y 49.481, respectivamente, lo que se traduce en apenas 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes.
Algo que ha afectado en mayor medida en las zonas con mayor despoblación y que, por lo tanto, es especialmente sensible teniendo en cuenta que más del 40 % de su población es mayor de 60 años y que la renta disponible está por debajo de la media nacional.
Las personas mayores, consumidores vulnerables
De hecho, debido a las dificultades que tienen para acceder al dinero en efectivo, el estudio «Análisis del papel del dinero en efectivo en las áreas despobladas en España», realizado por la Universidad de Zaragoza, califica de consumidores vulnerables a las personas mayores que residen en las zonas más despobladas de nuestro país.
Una vulnerabilidad que se produce ante el hecho de que para estas personas el efectivo es su medio de pago habitual y un factor determinante para su inclusión social. Tanto es así que pagar en efectivo es, en realidad, una especie de derecho, cuya supresión agrava la situación de aquellas personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos.