¿Puede Carles Puigdemont volver a España sin temor a ser detenido? Es la pregunta que muchos se hacen tras conocer la decisión del Tribunal General de la UE de no devolverle la inmunidad como eurodiputado basándose en que el proceso penal en su contra está suspendido hasta que se resuelva la cuestión prejudicial presentada por el juez Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia europeo. Es decir, en estos momentos, y según considera el Tribunal General, no pesa sobre Puigdemont ninguna orden de detención internacional dado que el proceso que se abrió contra él en España por el referéndum ilegal de octubre de 2017 está paralizado hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE.
Esta es la postura que mantiene la defensa de Puigdemont y de los exconsellers Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos fugados de la Justicia española desde finales de 2017. Y, con esta premisa, el abogado defensor de los tres separatistas, Gonzalo Boye, ha dirigido un escrito al juez Llarena preguntándole si ya ha dado «instrucciones» a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles para que sus representados no sean detenidos si regresan al país. Boye también quiere saber si el juez ha notificado esta suspensión «al Sistema de Información de Schenhen y a la Interpol».
Artadi miente sobre la inmunidad
Como era de esperar, el partido de Puigdemont, Junts, ha interpretado del mismo modo la decisión del Tribunal General europeo. La portavoz de la formación, Elsa Artadi, ha asegurado que el tribunal «ha vuelto a desautorizar al juez Llarena» y «toda aquella operación» de la detención de Puigdemont en Italia. «Aquella operación fue irregular», ha dicho Artadi, «aquella operación tenía efectos porque las euroórdenes no son válidas». «Los eurodiputados no pueden ser detenidos y su inmunidad sigue vigente«, ha añadido Artadi. La portavoz de Junts faltaba así a la verdad pues el Tribunal General no ha retornado la inmunidad a Puigdemont puesto que considera que, tal y como informó en su momento la Abogacía del Estado, las órdenes de detención están suspendidas a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena.
¿Conflicto con la UE?
Por el contrario, hay quien piensa que, si Puigdemont regresara ahora a Cataluña, sería detenido puesto que lo que estaría suspendido sería la euroorden de detención pero no la relativa al territorio español. Sea como sea, lo cierto es que tanto la jugada de Boye como un posible retorno con detención favorecen de algún modo la imagen del expresidente. El escrito de su abogado obliga al juez Llarena a pronunciarse sobre la decisión del Tribunal General, mientras que la imagen de Puigdemont detenido en España daría al separatismo alas en lo que a su imagen internacional se refiere. Y, sobre todo, podría abrir una brecha importante entre la UE y España en un momento en el que la primera no puede permitirse el lujo del cuestionamiento de otro estado miembro.
