Lo malo de tener un gobierno de coalición donde lo primordial para los representantes de Unidas Podemos consiste en exhibir cada día lacitos de todos los colores imaginables y financiar con dinero público las ocurrencias más extravagantes que salen de sus superpoblados gabinetes, es que esas prácticas tan costosas para los contribuyentes son, además de adictivas, contagiosas, y han infectado a todos los miembros (o miembros) del gabinete, obligados a seguir el paso de sus homólogas para no ser menos y evitar ser acusados de machistas, ‘hembristas’ o incluso de ambas cosas a la vez, si acaso su indefinida naturaleza los lleva a considerarse entes binarios.
No contento con haber puesto en marcha el ingreso vital mínimo, un gasto estructural que lastrará de forma permanente las cuentas públicas en el futuro y fomenta, junto con otros programas sociales, que haya en España más pobres de solemnidad cada día; no satisfecho tampoco con haber subido las bases de las cotizaciones sociales y garantizado la revalorización de las pensiones con el IPC, que va a costarnos 3.000 millones este año, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció a bombo y platillo el 15 de noviembre la firma de un nuevo acuerdo, suscrito en esta ocasión por el gobierno Sánchez y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, que eleva 0,6 puntos porcentuales los tipos de las cotizaciones por contingencias comunes desde 2023 hasta 2032.
Eufemismos para confundir a pensionistas y contribuyentes
La medida denominada eufemísticamente Mecanismo de Equidad Intergeneracional constituye la nueva panacea ‘progresista’ del gobierno Sánchez que sustituye al Factor de Sostenibilidad de las pensiones aprobado por el gobierno de Rajoy en 2013, con la retrógrada intención de contener el creciente deterioro de las cuentas de la Seguridad Social.
«La medida denominada eufemísticamente Mecanismo de Equidad Intergeneracional constituye la nueva panacea ‘progresista’ del gobierno Sánchez»
Según explicó el ministro Escrivá, se trata de una medida temporal que se aplicará durante una década a partir de 2023 con el propósito de garantizar las pensiones de quienes adquieran esa condición en 2033, porque al parecer existen algunas dudas en el Ministerio sobre la sostenibilidad del sistema a partir de esa fecha con los ingresos de que dispondrá la Tesorería de la Seguridad Social en ese momento. O, como se afirma en la críptica nota oficial emitida por La Moncloa, una medida adoptada para que las cuantías que el sobreimpuesto recaude mientras esté en vigor actúe de “válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050”.
Si ustedes entienden la frasecita ya me la explicarán, porque requiere los servicios de un consumado experto en desentrañar mensajes cifrados para sacar algo en claro. No me extraña que la dirección de la CEOE, dispuesta casi siempre a estampar su firma junto con los secretarios de las sindicales se haya negado a hacerlo en esta ocasión.
En todo caso, varios son los aspectos de la estratagema del gobierno sobre los que quiero llamar la atención. En primer lugar, claro está, hay que destacar la astucia de Sánchez y su fiel ‘escrivano’ al retrasar la entrada en vigor de la subida impositiva hasta 2023, con la intención de que los sufridos contribuyentes no perciban el nuevo pellizco en 2022, antes de que Sánchez nos convoque a las urnas.
«Hay que destacar la astucia de Sánchez y su fiel ‘escrivano’ al retrasar la entrada en vigor de la subida impositiva hasta 2023, con la intención de que los sufridos contribuyentes no perciban el nuevo pellizco en 2022, antes de que Sánchez nos convoque a las urnas»
El segundo hecho destacable es que la cuantía que el sobreimpuesto ‘transitorio’ aportaría a la hucha de las pensiones en los próximos 10 años rondaría los 20.000 millones de euros, así que ya me dirán qué seguridad puede proporcionar esta medida cuando la factura mensual de las pensiones en 2021 ronda los 10.140 millones. El tercer hecho y, quizá el más relevantes de todos, es que el déficit de la Seguridad Social no es algo que afectará a nuestros hijos o nietos a partir de 2033 como el comunicado de La Moncloa da a entender, sino una realidad presente desde 2010 que, por supuesto, el apaño pergeñado por Escrivá no va a resolver.
«Ya me dirán qué seguridad puede proporcionar esta medida cuando la factura mensual de las pensiones en 2021 ronda los 10.140 millones»
La situación real de la Seguridad Social
La cruda realidad que atraviesa el sistema de la Seguridad Social la resume perfectamente el hecho de que viene incurriendo en déficits desde 2010, por razones que son evidentes para cualquier observador de la economía española. La primera es que no se ha generado empleo neto desde el inicio de la Gran Recesión a finales de 2008 y el número de afiliados sigue siendo hoy casi el mismo que hace una década. La segunda que los gastos del sistema se han disparado en ese mismo período, a causa del aumento que han registrado tanto el número de pensionistas como la cuantía de la pensión media percibida.
«No se ha generado empleo neto desde el inicio de la Gran Recesión a finales de 2008 y el número de afiliados sigue siendo hoy casi el mismo que hace una década»
Es cierto que puede aducirse que entre 2007 y 2021 la economía española ha registrado dos severos revolcones que han tenido un enorme impacto en el sistema de la Seguridad Social. El primero, la severa y larga recesión (2008-2013) que, como el Gráfico 1 pone de manifiesto, diezmó el número de afiliados y la recaudación obtenida por las cotizaciones sociales que aportan los empleados, el pilar principal del sistema. Y el segundo, la irrupción del Covid-19 en el primer trimestre de 2020 que quebró la senda ascendente del número de afiliados iniciada en 2014, al decretarse el estado de alarma el 14 de febrero de 2020 e imponerse restricciones a la movilidad que produjeron la caída del PIB más intensa registrada desde el final de la Guerra Civil, aunque los ERTEs hayan enmascarado las cifras de empleo y afiliación a la SS durante la recesión pandémica.
El Gráfico 2 muestra la evolución del número de pensiones contributivas y permite al lector constatar que las condiciones exigidas para acceder a una pensión contributiva han producido un aumento sostenido del número de pensiones que no dejaron de crecer ni en épocas de bonanza (hasta 2008) cuando el número de afiliados a la SS aumentaba, ni en los períodos recesivos, 2009-2013 y 2020-2021, cuando la afiliación hacía aguas.
El Gráfico 3 muestra que no sólo crecía el número de pensiones de forma imparable durante los últimos años, sino que la pensión media tampoco cesaba de aumentar. El resultado de ambos factores queda reflejado en el Gráfico 4 donde se muestra la evolución del gasto anual en pensiones que como el lector puede comprobar ha pasado de 68.119 millones en 2005 a 141.961 millones en 2021. Podemos decir que se ha duplicado prácticamente el gasto en pensiones contributivas mientras que la cifra de afiliados apenas se ha modificado desde 2007. Por mucho que se intente estrujar el cadáver elevando los topes de las bases de cotización y subiendo los tipos aplicados a las distintas contingencias, las cuentas no pueden salir, y eso lo sabe muy bien el ministro Escrivá.
«Se ha duplicado prácticamente el gasto en pensiones contributivas mientras que la cifra de afiliados apenas se ha modificado desde 2007»
Quiero cerrar esta sección con el Gráfico 5 que resume la crítica situación en que se encuentra el sistema de la SS desde 2010, según se desprende de las cifras publicadas por la Intervención General del Estado (IGAE). Como puede verse el sistema entró en números rojos en 2010 y ni siquiera los años de la recuperación entre 2014 y 2019 lograron revertir la tendencia. La pandemia ha constituido sin duda un nuevo golpe, pero el problema estructural de aumento sostenido de los gastos y la parca creación de empleo impiden equilibrar un sistema que sólo puede recaudar con las cotizaciones sociales una fracción de los gastos a los que tiene que hacer frente.
«La pandemia ha constituido sin duda un nuevo golpe, pero el problema estructural de aumento sostenido de los gastos y la parca creación de empleo impiden equilibrar un sistema que sólo puede recaudar con las cotizaciones sociales una fracción de los gastos a los que tiene que hacer frente»
Ni para un descosido ni para un roto
Una interpretación benévola de la dificilísima situación en que se encuentra la Seguridad Social en 2021 pondría el acento en que estamos a las puertas de un nuevo período de bonanza como el vivido entre 1994 y 2007, que podría impulsar la creación de empleo y la afiliación, revertir la deficitaria situación de la Seguridad Social y cuadrar las cuentas del sistema en una década. Nadie pone en duda los beneficiosos efectos que tendría en el sistema un aumento de seis o siete millones en el número de afiliados a la Seguridad Social. El problema reside en que la probabilidad de que esa situación imaginaria e idílica se convierta en realidad tangible en los próximos años es despreciable, por no decir nula.
«El problema reside en que la probabilidad de que esa situación imaginaria e idílica se convierta en realidad tangible en los próximos años es despreciable, por no decir nula»
Ni la previsible evolución de la economía mundial y el comercio internacional, ni las perspectivas de enderezar la burocratizada y descabezada Unión Europea, ni la situación económica y sanitaria en las economías en la Eurozona, lastradas por las fuertes deudas acumuladas desde 2008, invitan a pensar que la economía española está a las puertas de iniciar un período de expansión similar al vivido entre 1994 y 2007. Crucemos los dedos para que las derivadas de la pandemia todavía vivita y coleando, la crisis entre Estados Unidos y China que está minando la distensión y política de cooperación de las últimas décadas, el fuerte aumento de los precios de las materias primas y la disrupción en las cadenas globales de distribución, no acaben poniendo en peligro la incipiente recuperación mundial.
Desafortunadamente, hay gobiernos, como el de Sánchez en España, a los que sólo parece preocuparles salir del paso a toda costa, apelando al agua milagrosa que nos llegará de la UE en los próximos años, y acometiendo reformas meramente cosméticas que camuflan hábilmente con nombres rimbombantes, como el ya citado Mecanismo de Equidad Intergeneracional acuñado por el ministro Escrivá. Parece este gobierno empeñado en negar la realidad evidente, esto es, la escasa capacidad de la economía española para generar empleo neto, el aumento imparable del gasto en pensiones contributivas, los déficits continuados y crecientes de la Seguridad Social, y en lugar de actuar con prudencia y apuntalar las ‘retrógradas’ reformas aprobada por Rajoy en 2013 para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en un plazo razonable, se lanzan a poner en marcha nuevos programas de gasto y a aumentar las bases de cotización y los tipos aplicados a las distintas contingencias.
«Hay gobiernos, como el de Sánchez en España, a los que sólo parece preocuparles salir del paso a toda costa, apelando al agua milagrosa que nos llegará de la UE en los próximos años»
He publicado a lo largo de mi dilatada carrera como economista académico numerosos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales analizando el impacto de las cotizaciones sociales en la economía española, y los resultados apuntaban siempre en la misma dirección: no hay ninguna otra medida más perniciosa para generar empleo neto y reducir el déficit público que elevar las cotizaciones sociales. En un mundo globalizado donde compiten economías desarrolladas con elevados costes salariales y prestaciones sociales, y economías con bajos salarios y escasas o nulas prestaciones, aumentar los costes laborales elevando las cotizaciones sociales es la vía más segura para minar la competitividad de las empresas españolas.
«No hay ninguna otra medida más perniciosa para generar empleo neto y reducir el déficit público que elevar las cotizaciones sociales»
No me sorprende nada que al almuerzo convocado por Sánchez en La Moncloa el 16 de noviembre para celebrar la aprobación del nuevo sobreimpuesto ‘transitorio’ a las cotizaciones sociales acudieran exultantes Unai y Pep, el independentista con bufanda, porque al fin y al cabo los dos viven de esto, pero me preocupa que un economista como Escrivá pergeñara semejante ocurrencia, y que la ministra Calviño le diera implícitamente el visto bueno con su presencia, aunque fuera por imperativo ‘legal’. Y siento preocupación sincera que así fuera porque les aseguro que la medida que se acaba de aprobar el gobierno no sirve para arreglar un descosido, mucho menos para zurcir un roto como el que presentan las cuentas de la Seguridad Social en España.
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