En Cataluña, la grave situación política y social lo empaña todo. Ni las universidades se salvan de caer en las garras de la politización y por ende en la falta de neutralidad. Una situación que ha despertado ya una cierta preocupación en parte del sector educativo, porque las instituciones públicas están obligadas por ley a mantenerse neutrales.
La politización en las universidades catalanas es totalmente parcial y se pone de manifiesto en favor claramente del separatismo catalán. Por esta razón de peso, diferentes plataformas y asociaciones constitucionalistas han denunciado esta situación que pone en tela de juicio al sistema universitario catalán. De hecho, tal y como publicamos anteriormente en este medio, Universitaris per la Convivència obtuvo amparo del Defensor del Pueblo ante la «instrumentalización nacionalista» de las universidades públicas catalanas, llegando a realizar recientemente un comunicado público que une a más de 200 profesores universitarios.
A raíz de esta gran problemática en las universidades catalanas, se está generando un deterioro de libertades públicas dentro de las aulas, debido a los acciones y omisiones que se están produciendo en el día a día.
Deterioro del sistema educativo en general
Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la politización no solo afecta a las universidades, ya que va más allá, porque afecta a todo el sistema educativo catalán. Recordemos que en un instituto catalán, el profesor constitucionalista Francisco Oya, fue sancionado por salirse del guion y explicar a sus alumnos una parte de la historia que no entraba en el temario asignado por la Consejería de Educación.
Una de las voces más críticas en el sector de la educación catalán, sin duda ha sido la del filósofo y periodista Antonio Robles, quien siempre ha criticado esta deriva en la enseñanza catalana, la cual ha llegado a provocar una huida real de profesores, prolongada en el tiempo, dado que esta situación según Robles no es nueva, sino que se remonta el inicio de esta politización a los años 80-90, época del expresidente la Generalitat, Jordi Pujol.
Pero la situación en la actualidad es muy alarmante, porque queda claro que la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores y alumnos están siendo lesionadas por las declaraciones institucionales y acciones de contenido partidista, realizadas por los órganos de gobierno y de representación de los centros educativos catalanes.
Exigencias separatistas
No obstante, no es solo ideología, en las aulas catalanas se politiza hasta la lengua, ya que hace escasamente una semana, un profesor cercano al separatismo catalán amenazaba con dimitir de su cargo, porque solo quería impartir sus clases en catalán. En un primer momento la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) se lo prohibió, ya que el máster en el cual participa era mayoritariamente en español, aunque, debido al tremendo apoyo del separatismo, el pedagogo Jordi Juanico Sabaté consiguió que la universidad decidiera cambiar de opinión, cediendo a su exigencia.
No obstante, pese a que noticias como la del pedagogo Jordi Juanico Sabaté, sean dadas por buenas por parte del secesionismo, la realidad es que el retroceso de libertades y la reducción del español dentro de las aulas preocupan no únicamente a diferentes colectivos de profesores, sino también a estudiantes, representados por ejemplo en la Asociación constitucionalista S’ha Acabat, ya que empiezan a notar seriamente el empeoramiento en la enseñanza. Por ello, estas problemáticas educativas incluso trascienden fuera de las fronteras españolas, dando una mala imagen de las universidades catalanas. Aun así, para la Generalitat de Cataluña, presidida ahora por Pere Aragonès, priorizar el catalán en las universidad es una necesidad urgente, tal y como fuentes de la Consejería de Enseñanza señalan a este medio.
El objetivo de la Generalitat de Cataluña, no es otro que alcanzar el 80 % de docencia en catalán, por esta razón esto se ha acordado a iniciativa de un Movimiento Estudiantil, pero este hecho alertan diferentes expertos sería gravemente lesivo para las universidades catalanas porque las aislaría de las del resto de España y del mundo.
Además, hay que tener en cuenta, que el castellano es la lengua que abre las universidades españolas al mundo hispanoamericano, del cual provienen buena parte de los estudiantes de posgrado, y la que atrae a Cataluña a miles de estudiantes europeos cada año, y se daría en un momento en el que hay un gran interés por aprenderlo en muchos países de los cinco continentes.
Condenados por partidismo
En esta misma línea de politización, a la Generalitat poco o nada le preocupa que tres universidades catalanas -UB, UPF y UOC- hayan sido condenadas por la Justicia en los dos últimos años por partidismo y que la UAB haya sido condenada por violar esos mismos derechos de un grupo de estudiantes constitucionalistas, al negarse injustificadamente a inscribir su asociación en el directorio de colectivos. Unos hechos gravísimos y que según la propia justicia atentan contra la libertad.
Una de las sentencia más significativas, fue la que recayó sobre la Universidad Pompeu Fabra, en la cual se especifica que se violó el artículo 103.1 de la Constitución, al apartarse “de la objetividad que debe presidir su actuación” y también el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.
En este caso, el Supremo recordó una vez más, a los órganos de gobierno unipersonales y colectivos de los centros universitarios (en la línea de las sentencias 920/2019 y 922/2019) que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, no de las instituciones públicas que, al contrario, están obligadas a respetar el deber constitucional de neutralidad que les concierne.
