La asociación PRO Guardia Civil presentó el pasado verano una querella contra la entonces consellera de Salud de la Generalitat, la republicana Alba Vergés, por haberse negado a vacunar a los agentes de la Benémerita que trabajan en Cataluña. Esta querella fue admitida a trámite el pasado mes de julio por un juzgado de Barcelona pero no ha sido comunicada a Vergés, que actualmente ostenta el cargo de vicepresidenta del Parlament, hasta esta semana, según ha informado ERC en un comunicado. La republicana ha anunciado que hará valer su condición de aforada para que el caso sea trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En su nota, ERC ha explicado que Vergés presentará un recurso contra la admisión a trámite de la querella de PRO Guardia Civil por considerar que el juzgado en el que ha recaído no tiene competencia para juzgarla. También ha indicado que está convencida de que el TSJC «archivará la causa porque es un sinsentido» puesto que, ha añadido, ella «siempre» ha defendido «la vacunación para todos y así se ha hecho».
El victimismo republicano
Lo cierto es que fue precisamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC la que obligó a Vergés el pasado mes de abril a vacunar a estos agentes, y a los de la Policía Nacional, tras las denuncias presentadas por las asociaciones Jupol y Jucil contra la decisión de Salud de paralizar el proceso de vacunación con la excusa de que tenían preferencia otros colectivos. Esta paralización, sin embargo, no se produjo en el caso de los Mossos, que fueron inoculados en las fechas previstas.
Ahora, la vicepresidenta primera del Parlament considera que esta querella, en la que se acusa a Vergés de presuntos delitos de odio y contra la seguridad y la higiene en el trabajo, es «una muestra más de la persecución judicial que padecen las instituciones catalanas». Vergés también ha afirmado, según el comunicado de ERC, que se trata de un ejemplo de «la persecución ideológica que sufre el independentismo».
