ANÁLISIS / Derogación de la reforma laboral con mar de fondo

En mi artículo de la semana pasada mostré que los indicadores del mercado laboral, más allá de la recuperación lógica que se está produciendo desde el inicio del proceso de vacunación y la consiguiente normalización de la vida social y laboral en España y el resto de la UE, distaban mucho de presentar un panorama precisamente idílico. La economía española no ha generado empleo neto desde 2007 y la tasa de paro tras alcanzar cotas históricas durante la Gran Recesión (2008-2013) presenta todavía niveles muy elevados al salir de la Recesión Epidémica (2020-2021). De hecho, encabezamos junto con Grecia el ranking de la UE y de la Eurozona. Al final del artículo, advertía que el aumento de la presión fiscal y la subida de gastos sociales prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, incluso si se mantuviera el buen tono de la economía mundial en los próximos meses y el gobierno Sánchez lograra reducir el déficit público en 2022, no son éstas las políticas más recomendables para impulsar la creación de empleo en España y hacer frente a posibles contingencias en un futuro que se antoja complicado e incierto tanto para la UE en su conjunto como para España en particular.

Una ojeada a las cifras de afiliados y parados registrados

Pese al mar de fondo sobre el que flota a la deriva la economía española desde 2007, el gobierno sigue haciendo resonar las trompetas en La Moncloa y en los Ministerios económicos para saludar cualquier buena noticia por insignificante o nimia que sea, y trasladarnos a los ciudadanos la idea de que todo va viento en popa y somos afortunados de contar con un gobierno tan ejemplar y eficaz. Esta semana les ha tocado desfilar por la pasarela triunfalista a las cifras de afiliados la Seguridad Social (SS) y parados registrados que, como es bien sabido, son dos registros gubernamentales que recogen el número de cotizantes a la SS y la cifra trabajadores inscritos en el registro Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) disponibles para ocupar un puesto de trabajo. Conviene recordar a este respecto que los trabajadores incursos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) no están incluidos en el registro de afiliados ni tampoco figuran en el de parados.

Este mes, la oficina de prensa de La Moncloa se ha apresurado a hacernos llegar estos dos titulares: “La Seguridad Social registra 102.474 afiliados más en octubre” y “El paro baja en 734 personas en octubre, primer descenso en este mes en 46 años y acumula ocho meses de caída”. Sin querer restar ningún valor a las dos buenas cifras que nos ha dejado octubre, conviene tener presente que no es tan sorprendente que al dejar atrás la Recesión Epidémica, como ocurre a la salida de cualquier recesión, el número de afiliados a la SS haya aumentado 0,5% en octubre y venga haciéndolo desde que se inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 en la primavera de 2021. Como también cabía esperar que el paro registrado disminuyera en unos centenares de personas en octubre y que ese descenso en términos desestacionalizados haya sido de 102.474. 

Funcas, que recorta el aumento del número de afiliados a 89.000 en términos desestacionalizados, recuerda muy oportunamente que “la afiliación supera su nivel precrisis en términos brutos, pero en términos efectivos y desestacionalizados, es decir descontando los trabajadores en ERTE y los autónomos con prestación, todavía persiste un déficit de 131.000, mayor aún si solo se tiene en cuenta el empleo privado”. Considerar afiliados a ambos colectivos desvirtúa las cifras de afiliación y denota que hay prisa por escabechar las perdices antes de cazarlas. Octubre 2021 es muy distinto de otros octubres anteriores y no por meras razones estacionales y de calendario.

Para poner la situación en perspectiva, conviene echar una ojeada al Gráfico 1 donde podemos ver la evolución del número de afiliados a la SS el último día del mes desde enero de 1982. El gráfico muestra con toda claridad que el número de afiliados a la SS ha aumentado 2,4% desde octubre de 2007 (19.232.271) a octubre de 2021 (19.699.513), mientras que, según el IGAE, los ingresos por cotizaciones sociales lo han hecho 21,5% entre 2007 y 2020, y las prestaciones sociales distintas de las prestaciones en especie han crecido 86,3% en el mismo período. La conclusión resulta inapelable: pese al fuerte incremento de la presión fiscal por afiliado (las cotizaciones sociales han crecido mucho más que el número de afiliados) desde 2007, las prestaciones de la SS han crecido a un ritmo casi cuatro veces superior, de ahí el déficit creciente que han venido registrando las cuentas de la SS desde 2010. Más presión fiscal no está ayudando a impulsar la afiliación. 

En cuanto al paro registrado, el Gráfico 2 nos muestra también que, si bien se ha producido una lógica mejoría en los últimos meses, el número de Parados registrados en octubre de 2021 es superior al que teníamos en octubre de 2019, 3.177.659, el año previo a la irrupción del Covid-19, y similar a la cifra a finales de mayo de 2018, 3.252.130, cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Estas cifras no avalan que el presidente saque pecho por la gestión realizada. 3,3 millones de parados registrados, y 3,4 millones de parados y una tasa de paro de 14,57%, según la EPA en el tercer trimestre de 2021, son cifras extraordinariamente elevadas que como decía antes nos sitúan a la cabeza en el ranking de tasa de paro en la UE. Para hacernos una idea, basta recordar que Estados Unidos que también está sufriendo los estragos de la Recesión Epidémica tiene tan sólo 7,7 millones de parados, una población activa de 161,4 millones y una tasa de paro de 4,8%. 

Entre las consecuencias del elevado paro que registra la economía española de forma crónica se encuentra la necesidad de destinar una importante parte del presupuesto del Estado a proporcionar prestaciones contributivas y subsidios a los desempleados y establecer programas asistenciales para ayudar a los ciudadanos en situaciones vulnerables. El Grafico 3 muestra la evolución de los perceptores de prestaciones a los desempleados en los últimos años que, como puede constatarse, ha disminuido considerablemente desde el pico alcanzado en mayo de 2020, 4.947.921, pero que es similar al existente en octubre de 2019, 1.879.345, y algo superior al que se encontró Sánchez al llegar a La Moncloa, 1.716.471. Incluso esta cifra resulta excesivamente elevada a la vista del tamaño de la población activa que ha aumentado tan sólo 1,2% desde el tercer trimestre de 2008 y registró caídas durante la Gran Recesión. Una economía de este tamaño no puede mantener 1,8 millones de trabajadores cobrando prestaciones por desempleo. Sumen a esta cifra la de perceptores de pensiones y la población menor de 16 años y llegarán a la conclusión de que para mantener las prestaciones a la población inactiva o parada hay que gravar las rentas generadas por empresarios y asalariados, una política que afecta negativamente a la creación de empleo y desincentiva la búsqueda de trabajo.

Los fondos europeos bien valen un acuerdo

Ningún economista sensato pone en duda que el mercado laboral necesita una reforma orientada a impulsar la creación de empleo en el sector privado y a reducir el elevado número de parados y la desorbitada tasa de paro. En las últimas semanas, hemos asistido a un rifirrafe entre las dos alas del gobierno que se solventó el pasado martes en un almuerzo entre el presidente Sánchez, secretario general del PSOE, y Díaz, la ministra de Trabajo y actual lideresa de Unidas Podemos. Según la información hecha pública tras la reunión que ambos mantuvieron por otros miembros del gabinete, “el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea”. Díaz ha logrado que el comunicado del gobierno incluya la palabra ‘derogar’ y Sánchez ha aprovechado para recordarle a la ministra que para recibir fondos de Bruselas el gobierno ha de cumplir el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que el gobierno remitió a la Comisión Europea y ésta aprobó el pasado junio. 

El citado componente 23, “Nueva políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, contiene las propuestas que el gobierno está obligado a implementar a tal efecto antes de finalizar 2021. Según se desprende del texto (págs. 67-68), el objetivo del Plan es “avanzar precisamente hacia un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, con reformas para modernizar las políticas activas de empleo, la negociación colectiva, reforzar el reskilling y upskilling de trabajadores y promover el empleo juvenil. El Plan prevé también el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas alternativo al despido, reforzando la inversión en formación y recualificación y la prioridad de la reducción de jornada y de suspensión de contrato”.  En la página 153 del Plan se mencionan los “importantes desequilibrios que … aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género, perpetuando la desigualdad”, así “como la elevada tasa de desempleo y de paro juvenil, la excesiva temporalidad y rotación de contratos”. 

El Cuadro 1 presenta el desglose de reformas e inversiones previstos en el Plan. Entre las primeras figuran C23.R2 Medidas para eliminar la brecha de género y C23.R11 Digitalización del SEPE cuyos efectos sobre la creación de empleo en el sector privado y la reducción del paro serán insignificantes. Junto a ellas encontramos otras medidas como C23.R4 Simplificación contratos: generalización del contrato indefinid, causalidad y simplificación de la contratación temporal; C23.R5 Modernización de las políticas activas de empleo; y C23.R7 Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación, que dependiendo de cómo se concreten podrían tener efectos positivos. Hay, por último, algunas reformas en el catálogo enviado a Bruselas que suenan bien, pero cuyos efectos podrían resultar perniciosos si la letra se concreta en la dirección que se ha ido conociendo hasta ahora: C23.R6 Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilización interna y recualificación de los trabajadores; C23.R8 Modernización de la negociación colectiva; C23.R9 Modernización de la contratación y subcontratación empresariales; y C23.R10 Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo.

Dispone este gobierno de apenas un mes para aprobar la reforma del mercado laboral y ahora nos dicen que representantes de Economía, Trabajo e Inserción van a reunirse todas las semanas para zanjar las diferencias y tenerla lista antes de finales de año. Todo apunta a una nueva improvisación del ejecutivo con un único objetivo: asegurarse que llegan los fondos de Bruselas y convidar a los ministros a fumarse los millones sin más. A nadie en el gabinete parece quitarle el sueño la escasa capacidad de la economía española para generar empleo neto ni las vergonzosas cifras de parados que exhibe la octava economía del mundo, ni desde luego parecen estar preocupados por proponer medidas concretas para impulsar la iniciativa privada y la creación de  puestos de trabajo, aligerando los costes de contratación y las cotizaciones sociales y aumentando las deducciones por  reinversión de beneficios empresariales, ni tampoco por modificar el sistema de prestaciones a los desempleado para incentivar la búsqueda de trabajo. Me temo que esta reforma no va de eso.