ERC ha puesto este martes contra las cuerdas a la presidenta del Parlament y presuntamente corrupta, Laura Borràs. Esta, junto a Junts, pretendía modificar el reglamento de la Cámara para hacer desaparecer el artículo 25.4 que establece que los diputados perderán todos sus derechos en cuanto se les abra juicio oral por corrupción. Todo parecía cosa hecha, pues hasta los letrados del Parlament habían emitido un informe en el que daban luz verde a la desaparición de este artículo, lo que significaría el blindaje de Borràs al frente de la Cámara autonómica.
Sin embargo, las cosas han acabado torciéndose. ERC y la CUP no están de acuerdo con que la presidenta del Parlament pueda mantener sus privilegios mientras es juzgada por un caso de presunta corrupción vinculado a su papel como responsable de la Institució de les Lletres Catalanes.
Los cupaires fueron los que en 2017 forzaron la introducción de este artículo en la reforma del reglamento del Parlament. Ahora, según ha señalado la diputada Eulalia Regüant, esta modificación debe ser analizada en la Comisión del Reglamento. Por ello ha acusado a los letrados de la Cámara de «ir más allá de lo que les corresponde».
Más sangrante ha sido la postura defendida por los republicanos sobre este asunto. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha sido contundente a la hora de justificar la posición del partido que lidera junto a Oriol Junqueras. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Rovira ha afirmado que los republicanos quieren instituciones «transparentes», «con paredes de vidrio para ver qué se decide, cómo se gestiona y para evitar corruptos». Y, por si eso fuera poco, ha añadido que estas mismas instituciones deben ser «radicalmente democráticas, con procesos internos que garanticen siempre el interés general por encima del particular».
