Con una celeridad que ya quisieran para otros asuntos los ciudadanos, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha dirigido a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Comisaría Europea de Derechos Humanos para denunciar la supuesta «vulneración de derechos» que, en su opinión, han sufrido los 32 ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas ha ordenado embargar sus bienes para que afronten las posibles sanciones derivadas de la causa judicial contra el procés.
Ribó considera que el aval de la Generalitat articulado a través del Institut Català de Finances y rechazado por el Tribunal de Cuentas es válido porque ha sido aprobado por el Parlament y cuenta con el respaldo del Consell de Garanties Estatutàries.
El Síndic de Greuges, que debería haber sido relevado de su cargo hace tiempo, también ha anunciado este viernes que pedirá el amparo del Defensor del Pueblo para que intervenga ante lo que considera «una grave lesión» a los derechos de los encausados. Añadirá, además, que la decisión del tribunal de rechazar el aval de la Generalitat y de activar los embargos les ha dejado en situación de «indefensión», según recoge El Punt Avui.
