ECOS INDEPENDENTISTAS / Lo de Puigdemont no ha acabado

El peripecia sarda del presidente en el exilio sigue dando que opinar a tirios y troyanos. Francesc-Marc Álvaro, en La Vanguardia, el día 26 —Símbolo y karateka—, cree que afianza «su papel como símbolo de algo que gusta no únicamente a los votantes de Junts: el expresident es el único líder independentista que hasta la fecha ha burlado el brazo punitivo del Estado».

Con sus idas y venidas, y su manifiesto propósito de dejar España en ridículo ante Europa, «crea la ilusión de una secesión unilateral, pero las condiciones objetivas, la correlación de fuerzas y el principio de realidad nos conducen a la imprescindible mesa de diálogo, la apuesta de ERC».

En su artículo del día siguiente —¿Un nuevo “momentum”?— hace este balance: «Si todo queda en un susto y, finalmente, no hay extradición a España, el Gabinete autonómico puede salvar los trastos e ir tirando, hasta la próxima crisis entre los dos socios. En caso contrario, se abriría la caja de los truenos y también quedaría cuestionada la participación de ERC en la gobernabilidad española.»

Y se pregunta si «sería posible un nuevo ciclo de grandes movilizaciones independentistas, en caso de que Puigdemont fuera extraditado». Su respuesta es negativa en base a la situación del país, tan distinta de 2017, pandemia incluida, y a las «discrepancias estratégicas». Podríamos añadir una impresión bastante generalizada: Al margen de las circunstancias jurídicas de unos u otros, si estuvieran en condiciones ahora mismo de abrir otro ciclo de movilizaciones, simplemente lo harían.

Una inyección de moral

Joan Rovira, en El Món —Espanya no és invencible—, contribuye al mito Puigdemont hablando de sus «batallas épicas, contra un enemigo infinitamente más fuerte, aunque cegado». «Lo eligieron como presidente en un momento de derrota» —no es cierto: contó con el apoyo del bloque independentista, era un momento de euforia—; su «misión histórica» era «demostrar la verdad más poderosa de los últimos tres siglos: España no es invencible. España puede ser derrotada. No gratis, por supuesto».

Se agradece que, en medio de tanta retórica de juegos florales, de vez en cuando alguien hable de la secesión en términos bélicos, como siempre se ha hecho, no porque España responda «a una lógica de guerra y de colonización desde hace siglos» sino porque los estados son así.

«Puigdemont en Cerdeña ha sido una inyección de moral de victoria, cuando ya lo estábamos dando todo por perdido, a cambio de un diálogo sin futuro.» No es de extrañar que el partido puigdemontista quiera presentarlo así, pero de ahí a decir que «se hace evidente que España no es invencible ni es europea»…

«Si cae Puigdemont, esto está acabado (…) En Madrid lo tienen clarísimo y saben lo que hacen.» Qué trecho tan corto el que va de «la voluntad de un pueblo» —lema de campaña de CiU en 2012— al providencialismo presidencial.

La relación tóxica entre ERC y JxCat

Jaume Barberà, en Nació Digital —Mala peça al teler—, dice que «circulan diversas hipótesis de contenido político, que van desde que todo ha sido un acto de agitación y propaganda concebido por Waterloo la semana antes del 4º aniversario del 1-O con el objetivo de neutralizar totalmente la estrategia de ERC, pasando por la recuperación de un liderazgo en horas bajas, hasta la enésima vez que la cúpula judicial española hace el ridículo y la acción descontrolada de un funcionario italiano contrario a los independentistas sardos». 

Barberà opta por los dos últimas, aunque no entra en detalle sobre quién, cómo, cuándo ha visto la amenaza de los independentistas sardos. Aunque haberlos, haylos, dispersos en varios partidos y grupúsculos, en las últimas elecciones al Consiglio Regionale de la Sardegna, que consta de 60 escaños, no obtuvieron ninguno; dato que no contradice la existencia de una identidad sarda pero demuestra que ésta no se vive de manera problemática y que allí no se discute mayormente la pertenencia a Italia.

Como es previsible, Barberà se manifiesta a favor de la negociación y de «propuestas concretas que puedan ser referendadas»; más interesante resulta esta afirmación: «ERC debe buscar una alternativa a gobernar con Junts o convocar elecciones. De hecho, ya lo debería haber hecho cuando Waterloo boicoteó la mesa (…) Juntos se esfuerza en laminar tanto como puede la presidencia de Pere Aragonès, a quien los más hiperventilados ya llaman despectivamente “el nano”. Cuanto más tarden los republicanos en salir de esta relación tóxica, más episodios habrá como el del asunto italiano o el del boicot de la mesa.»

Un juez sin buena fe

En el Ara, Esther Vera —El factor Puigdemont— suelta esto: «Carles Puigdemont es el principal factor de desestabilización del estado español. Lo sabe y está sobradamente capacitado para irrumpir en la partida política que se juega en Catalunya y España poniéndola boca abajo. Puigdemont tiene la legitimidad de representar a más de un millón de votantes catalanes y su título de president de la Generalitat hace que, a pesar de no estar en ejercicio, su representatividad supere las fronteras de su partido.» 

Que su influencia, no su representatividad, supera las fronteras de su partido, no hay duda. Pero en las elecciones autonómicas de febrero de 2021 su partido obtuvo 570.539 votos; en las próximas ya se verá. Y a su Consell per la República, creado desde y para el exilio, le faltan unos centenares de aportaciones para llegar a los 100.000 afiliados.

Vera, al contar el embrollo judicial en torno al eurodiputado, hace afirmaciones algo arriesgadas: «Cuando el juez Llarena mantuvo la orden contra Puigdemont no actuaba de buena fe en el ámbito judicial sino movido por su motivación política (…) Llarena es un actor relevante entre los que quieren impedir que los intentos de diálogo y de llevar el conflicto al ámbito político prosperen. Voluntariosos aniquiladores de puentes que querrían que la victoria del PP y Vox que sueñan acabara con el conflicto en Catalunya, sin tener presente que el gran fabricante de independentistas fue la mayoría absoluta de José María Aznar y la represión de Rajoy el 1 de Octubre.»

Un golpe de secesionistas jurídicos

Vicent Partal, en Vilaweb —Puigdemont desencadena dos terratrèmols polítics de màxima intensitat—, se hace algunas preguntas sobre «una detención que hará historia y que posiblemente es el error más grande que ha cometido España desde el primero de octubre de 2017»: «No fue una alarma automática que saltó descontrolada, sino que era una operación preparada a fondo y que movía todos los resortes del estado español. Y con la implicación, ya veremos hasta qué punto y de qué manera, del gobierno español. ¿Era un golpe de estado interno de los secesionistas jurídicos, que no supieron detener? ¿Era un golpe de estado que ya les iba bien y que por eso no quisieron detener? ¿Era algo más?»

Nada como una buena teoria de la conspiración para entretener a los lectores. Un grupo de «secesionistas jurídicos» —aunque sería más pertinente que les llamase «unionistas»— estarían organizando «golpes de estado» en la sombra, armados de legajos y esgrimiendo providencias, para imponerse al gobierno y doblegar a la UE.

Pero tranquilos que Bruselas hará justicia y acabará imponiéndose al pérfido Estado español: «Desde hace cuatro años, no sé cuántas veces he explicado que el problema de España es que la Unión Europea puede aceptar que el referéndum y la proclamación de independencia no fueron legales de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, pero no puede aceptar que la demanda de autodeterminación de Cataluña no sea abordada en el terreno político y que sea contestada sólo con violencia. Ésta es la clave de todo y ésta es la debilidad de Madrid: en el entorno europeo un problema político debe tener una respuesta política. Punto final. Y en ámbitos como estos la benevolencia hacia un socio, por más poderoso que sea, puede durar un tiempo pero no será infinita.»

Como argumento de autoridad, Partal cita un artículo del diario italiano La Repubblica, La politica dello struzzo, de Andrea Bonanni, que hace una síntesis de la cuestión, para concluir que «no hay duda de que ahora Italia y sus jueces se ven obligados a resolver un problema que Europa no ha podido ni ha querido afrontar (…) Paradójicamente, la esperanza de todos es que los jueces italianos presenten otra objeción más para permitir que el eurodiputado vuelva a su exilio en Bruselas y a sus funciones como legislador.» 

Y añade una reflexión general: «El caso Puigdemont, con su sorprendente y dolorosa implicación italiana, debería enseñar a Europa que la política del avestruz al final siempre resulta contraproducente. Entre los soberanistas como Orbán, que pretenden quedarse en Europa y obtener el dinero sin respetar sus reglas, y los soberanistas como Puigdemont, que quisieran emanciparse de España pero se quedan en la UE, que consideran su patria, la diferencia es evidente. Europa necesita empezar a pensar en ello.» Habría mucho que decir sobre esa contraposición de soberanismos; para empezar, el europeísmo del independentismo también es circunstancial y parece expresarse sólo en demanda de apoyos que nunca acaban de llegar.

Esto no se ha acabado

Jordi Nieva-Fenoll, en El Periódico, lamenta el linchamiento tuitero a que ha sido sometido a consecuencia de haber planteado «la posibilidad de que Carles Puigdemont sea finalmente entregado a España por la justicia italiana». Nieva-Fenoll no es un enemigo, cree que «más allá de una posible desobediencia, no ha cometido ningún delito y [su] exilio me parece atroz», pero al no compartir el optimismo ambiente y haber manifestado dudas sobre la «estrategia del exilio», se ha ganado las iras de los hinchas del exiliado, que parecen creer que le sobran amigos.

Así lo ve: «Han abundado los análisis en los que se decía una misma cosa y la contraria sobre un procedimiento que para mí personalmente, y para cualquier otro jurista con conocimientos en materia de euroórdenes —no hay demasiados— no tenía demasiados secretos y que vuelvo a explicar, a ver si por fin se entiende. Lo que está suspendido no es el proceso contra Puigdemont ni contra el resto de exiliados, sino solamente la euroorden que fue cursada a Bélgica, en espera de que se resuelva una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que intenta evitar que los jueces belgas vuelvan a rechazar la euroorden. Y por ello, el Tribunal Supremo, como lo ha hecho, ha cursado una nueva euroorden ante los jueces italianos, que no es la misma que la cursada ante los jueces belgas, pese a que el Tribunal Supremo, incurriendo en uno más de una larguísima cadena de absurdos errores, afirmara desde un flagrante desconocimiento lo contrario.»

La aplicación de la ley sigue su curso, por laberíntico que parezca: «Sería fácil apuntarme al carro de la mayoría y decir que el tribunal italiano va a rechazar esa euroorden con cajas destempladas, pero lo cierto es que no lo sé (…) Como recogió la prensa italiana, el abogado italiano de Puigdemont advirtió también muy claramente de que esto no se ha acabado. Y esa es la realidad.» Continuará.