Teresa Sala, una de los tres concejales de la CUP en Tàrrega (17.445 habitantes), ha presentado su dimisión por considerar que el Gobierno municipal, formado por ERC, los cupaires y el PSC, actúa de manera «totalitaria» en lo que a la gestión de la pandemia de COVID-19 se refiere. Sala ha dado a conocer su decisión, que se hará efectiva «en las próximas semanas», en un comunicado que le ha servido para ser tachada de «negacionista«.
La cupaire ha explicado, entre otras cuestiones, que el equipo de Gobierno no se reúne de forma presencial desde el inicio de la pandemia. Algo que, asegura, ha tenido como consecuencia que «tenga una manera de funcionar que no tiene mucho de democrática». Sala asegura que «rápidamente se delegan los problemas hacia la policía». Y añade que la alcaldesa, la republicana Alba Pijuán no se ha reunido con ella desde marzo de 2020, a pesar de habérselo solicitado en repetidas ocasiones.
Sala relata que «el talante totalitario del equipo de Gobierno es insoportable e inaceptable», sobre todo en lo relacionado con la gestión de la «mal llamada pandemia». Una gestión que tiene como consecuencias, asegura la cupaire, «multas y reprimir en base a órdenes lesivas e ilegales y carentes de ética». Acusa también al Gobierno de Pijuán de «pocas ganas de empatizar con la ciudadanía y de falta de imaginación a la hora de resolver conflictos».
El payés Pàmies
La gota que ha hecho colmar el vaso ha sido la suspensión de una conferencia organizada por la concejalía de Teresa Sala, la de Medio Ambiente, en el marco de una feria municipal. Según la edil, se trataba de la conferencia del controvertido Josep Pàmies del municipio sobre «el cultivo y propiedades de las plantas medicinales» que, al parecer, fue vetada por el resto de ediles, según la concejal cupaire. «El problema es que el Gobierno de Tárrega», denuncia Sala en su comunicado, «tiene miedo de que alguien dé su opinión de otros temas ante las 30 personas de aforo donde tenía que hablar».
Sala ha calificado esta decisión de «inadmisible» y la ha enmarcado en el acatamiento que, en su opinión, está haciendo el Gobierno municipal a las indicaciones oficiales contra la pandemia. Algo que, asegura, ha tenido consecuencias como «la pérdida de derechos fundamentales», «la ruina para pequeños empresarios», «convertir las escuelas en todo lo contrario de lo que deberían ser» y «permitir y fomentar la censura y represalia de todo aquello, persona o entidad, que cuestione la versión oficial».
