La publicación de la Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional ha permitido conocer cuánto ha cobrado cada medio por insertar anuncios del gobierno de la Generalitat. El Diari de Girona se queja de haber recibido sólo 188.000 € mientras que el grup del Punt-Avui recibió 980.000 €, más de cinco veces más; aunque pasan por alto que el Diari de Girona es de ámbito provincial mientras que el Punt-Avui está presente en las cuatro provincias.
En el aspecto concreto de las ediciones digitales, el Punt-Avui recaudó 257.187 €, y el Diari de Girona, 73.357, cuando, según este último la audiencia de su web fue «substancialmente superior», con 1.050.300 usuarios únicos frente a los 888.758 del otro. ¿Hay un departamento de reclamaciones, o sólo el derecho al pataleo?
El Grupo Godó, el gran beneficiado
Cada uno habla de la feria según le va en ella. El Periódico destaca que la Generalitat concentra la inversión publicitaria en el Grupo Godó, propietario, entre otros, de La Vanguardia y de la emisora Rac1, líderes en sus respectivos ámbitos. «Casi 2 de cada 10 euros que gasta la Generalitat en publicidad los percibe el Grupo Godó»: 6,3 millones de euros de un total de 33,2 millones.
Vicent Partal, en Vilaweb, denuncia el escándalo de hacer política con el dinero de todos y también critica el protagonismo de este grupo. «Hay que destacar que la progresión del favoritismo para con el Grupo Godó es espectacular durante la última legislatura. En 2017, con un gobierno de Junts pel Sí, el Grupo Godó recibió 2 millones de euros de gasto en publicidad institucional de la Generalitat, cifra que representaba el 6% de la inversión total. En 2018, con el control del gasto primero en manos del 155 y después de ERC, el Grupo Godó consiguió el doble de inversión —4 millones de euros—, y dos años después, con el control en manos de ERC y en año preelectoral, recibió más de 6 y la triplicó. Pasando de acaparar el 6% de la inversión total en 2017 al 20% en 2020. De 2 millones de euros a más de 6».
Lo peor es que no existan unos criterios objetivos y mayoritariamente aceptados para administrar las aportaciones a los medios de comunicación
Partal reproduce los importes recibidos por la prensa digital —«Grup Godó, 1,3 milions d’euros; Ara, 1,1 milions; grup del Periódico, 720.000; Nació Digital, 697.000; El Nacional, 591.000; Público, 490.000; El Punt Avui, 257.000; Time Out, 190.000; El Món, 162.000, y VilaWeb, 129.000»— para concluir que «esta peculiar lista, que es evidente que no tiene nada que ver con la realidad de los impactos ni con la penetración social de cada cabecera, sólo se puede explicar por la voluntad de apuntalar medios políticamente cercanos o para acercar medios a las posiciones de ERC».
Siempre habrá un punto de subjetividad en la determinación de las cifras de audiencia y más en algo tan etéreo como la «penetración social», pero lo peor es que no existan unos criterios objetivos y mayoritariamente aceptados para administrar las aportaciones a los medios de comunicación. No sólo no tienen que ser un regalo a los amigos, sino que no tienen que parecerlo.
De 24 millones en publicidad y 20 millones en subvenciones en 2007, hemos pasado a 32,5 y 7,5 millones respectivamente
«El problema no es sólo la intención de premiar la prensa de partido y castigar la prensa independiente, sino que consideramos [en Vilaweb] que es una inversión publicitaria desproporcionada y que se debería reducir de manera muy drástica e inmediata. A todo el mundo (…) Es una evidencia de que hay cabeceras, muchas probablemente, que no existirían sin una inyección enorme de dinero institucional, que no es gratuita en ningún caso».
Partal aporta un gráfico donde se aprecia que la publicidad institucional se ha ido incrementando a medida que se han ido reduciendo las subvenciones. De 24 millones en publicidad y 20 millones en subvenciones en 2007, hemos pasado a 32,5 y 7,5 millones respectivamente en 2018.
¿Qué hay de lo mío?
Salvador Cot, en El Món, un digital que ha quedado algo insatisfecho del reparto, resume así la situación: Toma, y habla bien de mí: «Las cifras demuestran que la publicidad institucional se ha utilizado, de forma creciente, como un método de fidelización de determinadas cabeceras, convertidas en simple prensa de partido, por un lado, y como un sistema de mantenimiento del statu quo mediático, de la otra. Las asignaciones de recursos que se han hecho públicas sólo se explican en base a pactos soterrados e intercambios tóxicos que vienen de lejos y que en los últimos tiempos se han acentuado.»
Al igual que Vilaweb, pide que esto termine «por salud democrática y por el bien del proyecto nacional de este país», «para que sean los lectores y los anunciantes los que, al final, determinen la viabilidad y el crecimiento de los proyectos».
Clama Cot: «Señores de los partidos, dejen de inyectar dinero público en nuestra competencia, por favor». Los lectores podríamos mejorar la petición: Señores de la Administración (todas incluidas), dejen de inyectar nuestro dinero en los medios que más les convienen y ya leeremos lo que nos plazca.
Lo que está pidiendo [Joan Puig] es que el dinero público sea distribuido con un criterio mucho menos objetivo y en función del proyecto independentista
Más insatisfecho está Joan Puig, que ha escrito su editorial más triste para preguntar más o menos qué hay de lo mío. Se queja de que, aunque su digital La República «siempre pone el camino a la independencia por encima de los intereses partidistas», los suyos, los de ERC, siguen «priorizando los medios de siempre, los contrarios al proceso independentista y castigando los medios más fieles al 1-O». ¿No le han explicado que ahora toca «ampliar la base»?
Para Puig está claro que ERC hace «la misma gestión de la publicidad, o peor aún, que en la época dorada de CDC: una gestión en clave autonómica». En realidad lo que está pidiendo es que el dinero público sea distribuido con un criterio mucho menos objetivo y en función exclusivamente del proyecto independentista.
Más todavía, desvela que recibió presiones para cerrar La República y al negarse acabó su participación en un programa de Catalunya Ràdio, «prueba evidente de que se utilizan los tertulianos de los medios públicos en clave política». Oh, cielos, aquí se juega. Pero no pasará nada, ni se irá de ERC: quien no llora, no mama.
Quien paga, manda
Otro aspecto a tener en cuenta es la utilidad para el público de esos anuncios de la llamada publicidad institucional. Podemos valorar positivamente que haya información rápida, clara y veraz en cuestiones de salud pública como la pandemia, pero muy distinta consideración merecen campañas inútiles como las que aparecen cada verano para recomendar al ciudadano que pase por la sombra y no se olvide de beber agua, o las de la verbena de San Juan, recordando que hay que manejar los petardos con cuidado porque explotan. De las que incitan a jugar en Loteries de Catalunya, o sobre el derecho de los niños a cambiar de sexo, mejor no hablar.
En el periodismo, la objetividad absoluta es una quimera, pero se espera que al menos lo intenten
En el periodismo, la objetividad absoluta es una quimera, pero se espera que al menos lo intenten. A medida que la dependencia del poder aumenta, la objetividad, el buen juicio y el contraste de alternativas se alejan a toda prisa. Quien paga, manda, siempre se ha dicho.
Establecer una correlación entre la cuantía de las aportaciones recibidas por los distintos medios y su línea editorial exigiría un estudio detallado, pero nadie duda que influye en buena medida. No sólo en cuanto a las opiniones formuladas sino en lo que respecta a la selección de la información.
Los medios públicos son meros portavoces del gobierno, siempre ha sido así en todo el mundo y no puede ser de otra manera, pero ¿hasta qué punto se puede hablar todavía de medios independientes si estos dependen cada vez más de la remuneración que, de una manera u otra, les llega del gobierno?
En un sistema mediático menos colonizado por el poder ejecutivo como el actual, la apuesta independentista se habría debatido con más racionalidad y menos pasión
Ya dijo Pablo Iglesias, años antes de ser ministro, que la mera existencia de medios privados ataca la libertad de expresión. La tendencia de someterlos a todos, en la medida de lo posible, a las directrices gubernamentales viene de lejos y se ha visto acrecentada en los últimos tiempos por la crisis de la prensa escrita.
El proceso independentista ha tenido en general, en Cataluña, buena prensa, o al menos una prensa bastante condescendiente. Por acción unos, por omisión otros, dieron por buenas todas las insensateces que venían del gobierno; contribuyeron a crear unas expectativas exageradas, y a aparentar una fuerza que no existía más que en la imaginación. La ciudadanía merecía algo más.
Es de suponer que en un sistema mediático menos colonizado por el poder ejecutivo como el actual la apuesta independentista se habría podido debatir con más racionalidad y menos pasión, y probablemente no habría llegado tan lejos.
