Sacar lo máximo del Estado y, a la vez, poner de vuelta y media a ese mismo Estado es, básicamente, la llamada estrategia del peix al cove que con tanta maña ejecutaba el hoy denostado Jordi Pujol. Lo que entonces parecía un ejercicio de inteligencia política, ahora, llevado a cabo por el Govern de ERC y Junts es tan burdo que cuesta creer que sea aceptado hasta por los procesistes más convencidos. Así se ha podido comprobar este lunes tras la celebración de la primera reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat y después de tres años de ruptura.
Mientras la portavoz del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, la ministra Isabel Rodríguez, se mostraba satisfecha por esta recuperación de las relaciones y desgranaba casi uno a uno los acuerdos adoptados en tan solo dos horas de reunión, los representantes del Govern, los consellers Laura Vilagrà y Jordi Puigneró, intentaban hacer ver que el encuentro había sido poco menos que un desastre porque no se ha tratado el monotema del conflicto catalán.
Intentar demostrar que todo ha ido mal cuando por la mañana has dado el sí a la ampliación del Aeropuerto de El Prat y, por la puerta de atrás, has participado en la comisión que repartirá entre las comunidades autónomas 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation es muy difícil. O, al menos, no está al alcance de cualquiera. Y ni Vilagrà ni Puigneró han logrado convencer a pesar de las grandes dosis de victimismo que ambos han ejercido tras la reunión de la bilateral.
Uno de cada 3 niños catalanes, en la pobreza
Vilagrà ha comenzado la rueda de prensa lamentando que no se haya tratado el tema del referéndum y la amnistía. Pero, a la vez, ha pedido que no se mezcle la comisión bilateral con la mesa de diálogo que tratará estas cuestiones el próximo mes de septiembre. La portavoz del Ejecutivo del republicano Pere Aragonés ha centrado parte de su intervención en criticar que el Gobierno no haya aprobado en una tarde el traspaso de las 56 competencias más a las que aspira Cataluña. Nada ha comentado apenas de que el calendario fijado entre ambos gobiernos es claro y concreto. Todo tiene que estar en marcha antes de febrero de 2022.
Llamativo ha sido el dato ofrecido por Vilagrà para justificar la necesidad de que, por ejemplo, Cataluña pueda gestionar el ingreso mínimo vital. La consellera ha subrayado que, en estos momentos, «uno de cada tres niños en Cataluña vive en un hogar pobre«. Si los 32 millones de euros dedicados en plena pandemia a propaganda y publicidad del Govern separatista se destinaran a rescatar a esos menores, más de 6.000 familias podrían recibir mensualmente 426 euros. No los sacarían de la pobreza pero algo les facilitarían la vida.
Puigneró, el defensor del autogobierno
Más esperpéntica ha sido la intervención del conseller Puigneró ante la prensa catalana en Madrid. El conseller, uno de los separatistas más radicales del procés, parece ahora preocupado en exceso por la necesidad de que el Ejecutivo de Sánchez permita al Govern demostrar que se le da bien eso del autogobierno. «Los hechos», ha señalado en este sentido, «demostrarán si el Gobierno quiere avanzar en la pantalla del autogobierno».
A pesar de que la ministra Rodríguez ha deslizado que el Govern sí ha mandado representantes a la reunión sobre los fondos Next Generation celebrada este lunes, Puigneró ha insistido en que, en el caso catalán, estos deben ser tratados en otra comisión bilateral porque, ha dicho como si de todo un logro se tratara, «Cataluña tiene 27 proyectos concretos». «Es incomprensible», ha añadido, «que el Gobierno no quiera negociar en una comisión bilateral. Son fondos fundamentales para que los catalanes tengan recursos para mejorar los servicios y la economía».
ERC impone sus modos
Si en algo hay que darle la razón tanto a Vilagrà como a Puigneró es en la necesidad de «rebajar el conflicto en materia constitucional«, en palabras del vicepresidente de la Generalitat. Y ha continuado: «El Gobierno tiene leyes con carácter recentralizador y regresivo sobre los derechos fundamentales. Son leyes que no favorecen el autogobierno». Nada ha comentado sobre la costumbre que han mantenido los últimos ejecutivos autonómicos catalanes de aprobar textos legales a sabiendas de que serían recurridos ante el Tribunal Constitucional por no cumplir la Carta Magna.
Así las cosas, parece quedar claro que ERC ha logrado, al menos de momento, imponer su tesis de que es mejor ahora el diálogo que la demostración de testosterona, que diría el presidente Aragonés. El peix al cove siempre es beneficioso y el extremismo de Carles Puigdemont y sus acólitos no ha dado buenos resultados. Las consecuencias de la crisis del COVID-19 son aún desconocidas y los separatistas que gobiernan parecen tener claro que ahora no toca correr riesgos de ningún tipo. La cárcel y la ruina están siempre a la vuelta de la esquina, tal y como han podido comprobar los protagonistas de los sucesos de septiembre y octubre de 2017. Y en el procés sobran teóricos y faltan mártires.
