Jordi Cuixart, entrevistado por Esther Vera en el Ara, afirma que la mesa de negociación está condenada al fracaso si no se escucha a la gente; pero todo el mundo sabe que en una mesa de negociación no cabe toda la gente: ésa es la diferencia entre una democracia representativa y una democracia asamblearia. Esto último tal vez existió en la Atenas del siglo V antes de Cristo; hoy día, no. A una mesa de negociación asisten los políticos que han sido elegidos, democráticamente, en unas elecciones, y a ellos corresponde vehicular la opinión de sus representados. De su acierto depende la tranquilidad social.
Entre representados y representantes, existen los grupos de presión que defienden sus particulares intereses, legítimamente si es con argumentos, ilegítimamente si es mediante presiones y amenazas. El proceso independentista en Cataluña ha sido impulsado por organizaciones cuyos portavoces se arrogan una representación indebida, que hablan en nombre de todos cuando a lo sumo exponen el pensamiento de sus asociados. Ya analizarán los historiadores hasta qué punto estas organizaciones —básicamente Assemblea y Òmnium— han sido promovidas desde el poder; en cualquier caso, sin el apoyo de éste y de los medios públicos a su servicio no habrían tenido la influencia ni el poder de convocatoria que tienen.
Dice Cuixart, presidente de Òmnium: «Yo soy un activista y, por lo tanto, tengo muy claro que lo que hacen los activistas es presionar a los poderes, los gobernantes, los políticos para que escuchen la voz de la ciudadanía. Yo no soy político pero sí que es cierto que nosotros intentamos incidir en la política con el máximo de eficiencia posible». Que Cuixart no sea político es discutible; que su propósito es lícito, indiscutible; lo inaceptable es que presente la suya como «la voz de la ciudadanía». La ciudadanía se expresa en un concierto de voces y él sólo representa a un número indeterminado. Òmnium afirma tener a día de hoy 185.350 socios.
Presionar a los poderes
Cuixart abunda en juegos de palabras para consumo interno, como que «Òmnium [es] una entidad politizada, pero no un partido político». Sorprende que, recién salido de la cárcel, sostenga que «estamos viendo cómo la represión no sólo no se para sino que va a más». Sorprende menos que diga que «cuando afloje [la pandemia] tendremos que volver a salir a las plazas y calles para presionar a los poderes, todos, el judicial también». ¿El judicial también? ¿Otra vez presiones como las pintadas en casa del juez Llarena?
El tiempo pasado en prisión no le ha servido para cultivar la modestia: «A mí se me encarcela (…) porque he presionado a nuestros políticos para que hicieran un referéndum.» En su defensa los políticos independentistas que pasaron por las urnas y acabaron en la cárcel no arguyeron el haber tenido que plegarse al poder fáctico que representaba y sigue representando Cuixart. Digamos pues, como mínimo, que esos políticos tenían muchas ganas de que les presionaran.
¿Las siguen teniendo? Para Cuixart, «el 1-O es un patrimonio colectivo del que emanan las decisiones que tienen que tomar los políticos». O sea que aquel referéndum frustrado y no reconocido por nadie tiene un carácter fundacional, está por encima de las elecciones que han venido y vendrán después, y ha de condicionar —¿durante cuánto tiempo?— la actuación de los representantes políticos elegidos democráticamente.
Introduce una distinción capciosa entre «pacifismo y lucha no-violenta, que son cosas diferentes». Viene a ser como la distinción que se hacía en otros tiempos entre erotismo y pornografía: si me gusta a mí es erotismo; si les gusta a otros y a mí me disgusta, es pornografía. No queda claro qué es esa «acción que no es violenta, pero es acción»; debe tratarse de maniobras como el eterno corte de la Meridiana: no es violento, en el sentido que no hay disparos ni explosiones, pero coarta la libertad de circulación y obsequia a los ciudadanos que por allí han de pasar con unas enojosas pérdidas de tiempo.
Una estrategia compartida
Según Jordi Cuixart, «es muy importante que todos sepamos estar en el lugar que nos corresponde» —lo dice pensando en lo que hay que volver a hacer—, pero él parece situarse en un lugar más allá del que le corresponde como presidente de una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la lengua y la cultura catalanas. En su opinión, hay que «volver a redefinir una estrategia compartida» ya que «ni la CUP ni Junts ni ERC ni los Comunes están tan lejos».
Se comprende que ése sea el tema que justifica su protagonismo, pero una «estrategia compartida» es algo que no vamos a ver en los próximos años. Los partidos realmente independentistas, ERC y JxCat, llegaron a su máximo punto de confluencia en 2016 y 2017, y desde entonces no han cesado de avanzar en direcciones divergentes.
Las monedas de Rufián
Desde el tweet de Rufián sobre las «155 monedas de plata», el 26 de octubre de 2017, y desde el juicio de Puigdemont sobre Junqueras en sus memorias: «vicepresidente desleal», a quien «le da miedo continuar con el enfrentamiento con el Estado» —Xavier Sardá en El Periódico ha recordado algunas de estas perlas: La paciencia de Junqueras—, la idea de una «estrategia compartida» es un sueño recurrente, pero los sueños, sueños son.
Sobre la CUP, aunque técnicamente es una fuerza independentista, está más preocupada por dinamitar los acuerdos que superan su pequeña feria de vanidades ultraizquierdistas —«Ingobernables» fue su lema de campaña en las generales de 2019—, y que tal vez superan su capacidad de comprensión, que en colaborar en algo parecido a un frente nacional. En cuanto a los llamados Comunes, si fueran independentistas, ya se sabría: siempre han estado pendientes de sus avances en toda España y no les conviene trocearla, al menos por ahora.
Pero, como decía aquél, estamos donde estamos. También, somos los que somos, debe pensar Cuixart, y no vamos a ser más sino más bien menos. Y mientras no podamos volverlo a hacer, seguiremos hablando de las mismas cosas: estrategia compartida, mandato del 1-O, y viva la gente.
