La vicepresidenta segunda del Parlament y diputada por el PSC, Eva Granados, ha advertido este lunes al Govern de que la Generalitat podría incurrir en un delito de malversación si decidiera avalar las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas a una treintena de separatistas vinculados a la Conselleria de Acción Exterior entre 2011 y 2017.
La Generalitat estudia en estos momentos la posibilidad de realizar este aval ante el desastre económico que puede significar para la mayoría de los afectados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Artur Mas o Andreu Mas-Collell. Desde el PSC se considera que la Generalitat no debe intervenir y que ha de «dejar actuar al Tribunal de Cuentas». Además, Granados ha dejado claro que, si el Govern presidido por Carles Puigdemont hizo una gestión inadecuada del dinero público desde Acción Exterior, «puede ser que lo tengan que devolver«.
La Caixa de Solidaritat, vacía
El aval de la Generalitat es la única posibilidad que, al parecer, tienen en estos momentos los separatistas que utilizaron dinero de todos los catalanes para promocionar el procés en el exterior. Hasta ahora, este tipo de fianzas se habían pagado a través de la llamada Caixa de Solidaritat, gestionada por una entidad que dirigen los expresidentes del Parlament Nuria de Gispert (Convergència) y Ernest Benach (ERC). Pero esta caja ya avisó en mayo de que apenas le quedaban fondos y de que difícilmente podría afrontar estas multas, que ya entonces se preveían muy elevadas.
En las últimas horas, sin embargo, la Caixa de Solidaritat ha puesto en marcha una nueva campaña de recogida de fondos para evitar lo que parece inevitable. Así, afectados como el exconseller Josep Rull piden en Twitter a los separatistas que colaboren económicamente. Pero, al contrario que en otras ocasiones, la respuesta, al menos en esta red social, está siendo poco colaborativa y sí muy crítica con los afectados, a los que se recrimina no haber declarado la independencia a cualquier precio.
Enésimo roce entre Junts y ERC
El pago de estas fianzas se ha convertido, por otro lado, en un nuevo obstáculo entre Junts y ERC. Los primeros consideran que debe ser la Generalitat la que se haga cargo de las cauciones apelando a que la treintena de afectados actuó «en nombre del Gobierno de la Generalitat y siguiendo las directrices políticas», según ha declarado la posconvergente Elsa Artadi este lunes. El responsable entonces de la Conselleria de Acción Exterior era el republicano Raül Romeva cuyo partido ahora, al contrario que Junts, considera que debe ser la Caixa de Solidaritat la que intente recoger el dinero para las fianzas. Así lo ha señalado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha indicado que «es importante que se demuestre la solidaridad y que el Govern pueda hacer lo que tiene margen para hacer», según recoge e-noticies.
La Caixa de Solidaritat ha hecho frente a otras multas y fianzas multimillonarias en los últimos años sin que parezca que exista un control estricto sobre las donaciones que recibe. Así, entre otros casos, abonó los casi 5 millones de euros a los que tuvieron que hacer frente Artur Mas y el resto de implicados por la organización del referéndum ilegal de noviembre de 2015. También pagó los 1,7 millones de euros reclamados a los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Ahora las cauciones a depositar ante el Tribunal de Cuentas suman cerca de 10 millones de euros, no hay dinero solidario y la única salida para los afectados es este aval de la Generalitat que, tal y como ha advertido el PSC, podría ser un delito.
