En una de las intervenciones más vergonzosas que se recuerdan, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, hoy fugada en Suiza, se dirigió al Congreso de los Diputados en abril de 2014 para intentar convencer a sus señorías de las bondades de transferir a Cataluña las competencias que permitieran convocar un referéndum legal sobre la independencia. La respuesta, como era de esperar, fue un rotundo no. Ahora, el presidente Pere Aragonés quiere recuperar la misma vía y todo indica que obtendrá exactamente el mismo resultado.
Tras la primera reunión oficial entre Pedro Sánchez y Aragonés el martes, ya quedó claro que las posturas del Gobierno y la Generalitat están muy alejadas. Y este miércoles el presidente Sánchez ha sido contundente a la hora de afirmar ante el Congreso que ni el Ejecutivo ni el PSOE piensan apoyar a los independentistas para que puedan celebrar un nuevo referéndum separatista.
El TC ya dijo que solo el Estado puede hacerlo
En una respuesta que parece a la desesperada, Aragonés ha recuperado el artículo 150.2 de la Constitución, que fue precisamente en el que Rovira basó su petición ante la Cámara baja hace siete años, para insuflar esperanza entre las filas del separatismo. «Hay varios caminos», ha dicho el republicano, «debemos tener la mente abierta«.
Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ya dejó claro en su sentencia de la ley del referéndum catalana que «solo el Estado es competente para regular la institución del referéndum cualquiera que sea la modalidad o ámbito territorial sobre el que se proyecte». En este sentido, expertos como Pere Lluís Huguet subrayan que «tanto la autorización de un referéndum como la organización del mismo son facultades exclusivas del Estado«. «No puede delegarse la competencia», añade Huguet rechazando la pretensión de ERC. ERC.
Cárcel, multas e intereses
A estas alturas del procés, muchos se preguntan qué recorrido le queda ya a la aventura secesionista. Que van a seguir intentándolo, o aparentando que lo intentan, es evidente. Pero, ¿volveremos a una situación de alta tensión como la vivida entre septiembre y octubre de 2017? Es difícil. La cárcel y las multas (basta ver la reacción ante las fianzas que deberán depositar estos días ante el Tribunal de Cuentas) han sido medidas más que disuasorias. También la necesidad de mantener el Govern como base de la tupida red clientelar tejida por el separatismo a lo largo de las últimas décadas en toda Cataluña y de la que viven miles de personas.
No se puede afirmar ahora mismo que el fin del procés sea una realidad. Pero hay muchos factores que indican que está en la UCI y con un mal pronóstico. La postura dialogante de ERC con el Estado sí que permite constatar que las diferencias de los republicanos con sus socios de Govern, Junts, son ya abismales. Carles Puigdemont solo puede presentarse como un radical desatado frente a un Pere Aragonés que parece tener claro que se vive mejor en el autonomismo reclamando la utopía. La diputada de Junts Miriam Nogueras ha puesto en evidencia la brecha este miércoles en la Carrera de San Jerónimo al referirse a la mesa de negociación como «farsa» y a la relación entre españoles y catalanes como «un divorcio»: «Esta farsa no se puede aguantar dos años más«. «Formalizamos el divorcio», ha añadido, «y luego, sí, podemos empezar una etapa para rehacer relaciones».
Las calles, finalmente, tampoco son ahora escenario de performances espectaculares. La ANC no es ni sombra de lo que fue y en Òmnium Cultural, a pesar del «ho tornarem a fer» de su presidente, Jordi Cuixart, hace tiempo que empezaron a dedicar sus esfuerzos a otras aventuras. Lo de els carrers seran sempre nostres quedará como uno de los muchos lemas del procés pero de ahí no pasará.
