El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC) ha estimado este lunes el recurso interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en el que denunciaba que las pruebas catalanas «vulneran los derechos fundamentales de los alumnos castellanohablantes». A partir de ahora, ordena el TSJC, se deberán facilitar los exámenes en las tres lenguas cooficiales de la comunidad: catalán, castellano y aranés.
«Los exámenes deben estar disponibles en las tres lenguas cooficiales para que cada alumno pueda escoger, de forma individual, el idioma que estime».
«La elección de la lengua de los enunciados de examen no puede venir determinada por la administración y, en su lugar, deberán estar los exámenes disponibles en las tres lenguas cooficiales»
En su auto, el Alto Tribunal acuerda la suspensión del párrafo que fija las instrucciones sobre el funcionamiento de los tribunales de las PAU 2021. Así «la elección de la lengua de los enunciados de examen no puede venir determinada por la administración y, en su lugar, deberán estar los exámenes disponibles en las tres lenguas cooficiales«
No más alumnos señalados
Hasta el momento, las consignas de la Generalitat establecen que «se repartan primero los enunciados de los exámenes en catalán y solo si algún alumno lo pide, se entreguen en castellano». Para la AEB, responde a un señalamiento anticonstitucional que pone en el punto de mira a los castellanohablantes. En algunas ocasiones, algunos alumnos han llegado a declinar la opción de hacer el examen en su lengua materna por no ser discriminados.
«Algunos alumnos han llegado a declinar la opción de hacer el examen en su lengua materna por no ser discriminados».
También Cs denunció ante la Comisión Europea la «discriminación» de los alumnos castellanohablantes
Cs denunció en 2020 ante la Comisión Europea la «discriminación» a la que, en su opinión, la Generalitat somete a aquellos alumnos catalanes que piden la EvAU en castellano
A través de una pregunta al Ejecutivo comunitario registrada en el Parlamento Europeo, la eurodiputada Maite Pagazaurtundua pidió saber si Bruselas iba a analizar «las políticas de discriminación de menores por razón de lengua en comunidades con dos lenguas cooficiales como Cataluña», dado que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe este tipo de discriminación.
Pese a que «cualquier estudiante en Cataluña tiene legalmente derecho» a hacer la EvAU «en español o en catalán», en la práctica este derecho «resulta obstaculizado porque no es automático y los estudiantes que quieren recibir el examen en español se ven obligados a solicitarlo con antelación y por escrito, en un contexto de hostilidad institucional hacia la lengua española». Además, añadió, que la Generalitat «actúa arbitrariamente y registra este ruego como una ‘incidencia'» en las estadísticas de la EvAU, «es decir, como algo anómalo».