Tras libros como La deriva reaccionaria de la izquierda (2018) —expresión feliz que ha terminado cuajando— y Sobrevivir al naufragio (2020), el filósofo y referente del constitucionalismo Félix Ovejero (Barcelona, 1957) publica, de nuevo con Página Indómita, Secesionismo y democracia. En él, a Ovejero le bastan poco más de cien páginas para desmontar las principales justificaciones del separatismo y dejar patente, como advirtió Ignatieff, que la «secesión, en democracia, es el peor de los pecados».
El libro se titula Secesionismo y democracia. Vayamos al grano: ¿son términos compatibles?
En el plano de los conceptos casi todo se puede hacer compatible. Pero si nos tomamos en serio la democracia, entendiéndola como un modelo de autogobierno colectivo, que escucha todas las voces y argumentos y los pondera según criterios racionales, de justicia e imparciales, no hay compatibilidad posible. Si mi voz es escuchada, tengo plenos derechos y puedo participar, estoy comprometido con las decisiones, con las leyes. Lo otro es sustituir la razón por el chantaje: como no me gusta lo que se decide, me voy. Que por supuesto uno se puede ir, pero no con lo que no le pertenece, el territorio político, que es de todos.
Sostiene que no importa la distinción entre la secesión y el derecho a ejercerla. ¿Nos lo explica?
Es que en el momento que acepto que una comunidad de decisión es legítima para optar por decidir aparte, ya le otorgado la soberanía. ¿Por qué no Marbella, Hospitalet o San Gervasi?
«Si mi voz es escuchada, tengo plenos derechos y puedo participar, estoy comprometido con las decisiones, con las leyes. Lo otro es sustituir la razón por el chantaje: como no me gusta lo que se decide, me voy»
El argumento según el cual «si una mayoría decide marcharse, no hay más que hablar» le resulta problemático. ¿Cuáles son las razones?
Pues que una mayoría no puede decidir privar de derechos de ciudadanía a nadie, que eso es lo que está en juego. Una mayoría de españoles no podría decidir expulsar a Extremadura, ¿no? Sí que puede, como decía, decidir marcharse, pero no llevarse lo que es de todos, el territorio político.
También cuestiona los argumentos identitarios para justificar la secesión. Esto es: «somos distintos y por tanto podemos decidimos aparte».
Siempre podemos reconocer un conjunto de individuos diferentes con características comunes y territorialmente concentrados. Por ejemplo, los ricos, que tienen modos de vida parecidos, mucho más que el azar de ser catalanes o vascos. Por lo demás, no hay una identidad compartida. Empíricamente, eso es falso. Por eso nuestros nacionalistas son particularmente totalitarios, porque tienen que imponer la horma de la identidad donde no existe. Lo revela su propio proyecto de construir la identidad nacional; esto es, admiten que eso que invocan no existe.
Entonces, ¿existe alguna causa por la que sea justificable la secesión de unos ciudadanos en un territorio?
Sí, está implícito en lo que le decía antes: si no hay democracia, si mi voz está desatendida o estoy privado de derechos, no estoy comprometido con las decisiones. Es el caso de las colonias. Obviamente ,ese no es nuestro caso: Cataluña y el país Vasco están en situación de privilegio. Basta con examinar sus niveles de renta y la sobrerrepresentación de los nacionales. Hay un método utilizado en todo el mundo para estudiar casos de discriminación: los apellidos. Pues bien, si usted lo utiliza para ver quién ostenta el poder social, económico y político en Cataluña verá que los excluidos, que son la mayoría, son los de apellidos españoles, los más frecuentes por cierto, en Cataluña, con diferencia.
«En realidad, el argumento para justificar la secesión podría servir a los no nacionalistas para negarse a obedecer a la Generalitat: su lengua es excluida, el acceso a las posiciones sociales les está vetado y el gobierno autonómico no respeta las leyes»
El realidad, a la vista de la situación actual, el argumento para justificar la secesión podría servir a estos últimos para negarse a obedecer a la Generalitat: su lengua es excluida, el acceso a las posiciones sociales les está vetado y el gobierno autonómico no respeta las leyes. Suficientes condiciones para la desobediencia civil.
Sánchez ha abierto la puerta al indulto a los presos que intentaron una secesión unilateral en nuestro país alegando que no se guiará por «la venganza». ¿Puede entenderse como tal el cumplimiento integro de las condenas?
Quien equipara las sentencias de los tribunales de justicia a la venganza está afirmando apenas implícitamente que España no es una democracia. Si lo hace un presidente de gobierno, tenemos que preocuparnos.
Por otro parte, el Gobierno prevé reunir la llamada mesa de diálogo tras resolver los indultos. ¿Es una buena idea?
No hay modo de resolver un problema haciendo concesiones a quienes lo crean y se alimentan de él. Es solo un paso para un problema mayor. Esto en el caso español está más que probado. Si, además, las supuestas soluciones se buscan fuera de las instituciones democráticas, del Parlamento, el lugar natural del debate entre los representantes de los ciudadanos, erosionamos nuestras instituciones. Ya la aceptación de ese marco, como si se tratara de un gobierno negociando con una colonia o un país extranjero, es una victoria de quienes han proclamado su interés en destruir nuestra comunidad de convivencia. No lo digo yo: está en su programa.
Tanto la Generalitat como TV3 han obviado el 30º aniversario del atentado terrorista en la Casa Cuartel de Vic, que se cobró diez muertos y 44 heridos. ¿Cómo se explica este «olvido»?
Simpatizan con la causa de los asesinos. Por eso se hacen fotos con Otegi y los honran en cada ocasión. Y a los demás, como las víctimas de los atentados, no los consideran ciudadanos. Es lo mismo que pasó con Hipercor.
«Quien equipara las sentencias de los tribunales de justicia a la venganza está afirmando apenas implícitamente que España no es una democracia. Si lo hace un presidente de gobierno, tenemos que preocuparnos»
El Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, tiene previsto eliminar el español como lengua vehicular en la escuela y blindar la inmersión en catalán. ¿Puede sobrevivir un país que renuncia a sus lazos comunes?
Difícilmente. Y, sobre todo, es un atentado a la igualdad entre los ciudadanos. Excluye a los españoles de sus derechos elementales en su país, entre ellos el de estudiar en su lengua. Y, por cierto, del derecho al trabajo, porque esa medida es inseparable de los requisitos lingüísticos para acceder a las posiciones laborales en condiciones de igualdad. De paso, se alienta un mercado de votos cautivos: que los de fuera no vengan a quitarnos el trabajo. Naturalmente, a largo plazo esas medidas, además de socavar la igualdad, socavan la eficiencia. No llegarán los mejores médicos, trabajadores, maestros, empresarios, sino aquellos que pasen el filtro de la identidad. Pero al votante le interesa el pájaro en mano, aunque sea el hambre para mañana.
