Nadie se acuerda de José Maldonado González, último presidente de la II República. En 1977 cerró dignamente las instituciones en el exilio, ya meramente simbólicas, y volvió a España a morir. Tarradellas es otra cosa. Fue rescatado por el gobierno Suárez y asumió desde Cataluña un papel importante en la transición, aunque con fecha de caducidad. Si aún se le invoca es para denostar la nueva Generalitat, que empezó en 1980.
El destino de Carles Puigdemont es caer en el olvido, como Maldonado, o volver si alguien lo llama, como Tarradellas. El problema es que no lo va a llamar nadie desde la normalidad democrática. Y en caso de que se desencadenase algún proceso revolucionario, sería un figurante menor, innecesario. Ha renunciado a ser interlocutor válido para nadie, al menos en un futuro próximo. En el documento Preparem-nos, de febrero 2020, presenta España como:
«Un Estado que ha ido deteriorando su reputación internacional y ha ido acumulando crisis internas de difícil resolución: una cúpula judicial en manos del extremismo nacionalista español; un ejército que está lleno de altos mandos con vocación golpista y fascista; unas elites económicas que han ido vaciando la riqueza de las regiones españolas en favor de la capital del reino, en la mejor de las tradiciones absolutistas, y una monarquía decadente, partidista y corrupta, que ha sido incapaz de romper el cordón umbilical que le une irreversiblemente con la dictadura del general Franco.»
Es el lenguaje propio de la emisora clandestina Radio España Independiente, alias «la Pirenaica», creada por el Partido Comunista de España. Emitió propaganda durante casi cuarenta años, siempre anunciando para mañana una huelga general revolucionaria que nunca se produjo.
Como tampoco se producirá ahora ningún «embate», es el término que está de moda, impulsado desde el «exilio» y las «organizaciones soberanistas», para «derribar el régimen del 78» —por extraño que parezca, ése fue el eslogan utilizado en diciembre de 2018—.
Estrategia de confrontación
La lucha es por la supervivencia, no de Cataluña, sino de los tinglados que tienen desplegados y cuyas perpectivas de futuro no son muy optimistas. Siguen por pura inercia. Por eso la ANC reclama al Govern una estrategia de confrontación y hace un llamamiento a volver a las calles.
Cuenta el diario Ara que «la ANC no está cómoda con la dinámica que se ha instalado en la nueva Generalitat, más partidaria en los próximos dos años de intentar insuflar energía a la mesa de diálogo entre Govern y Estado, que no a volver a antiguas recetas unilaterales».
Los profesionales de la movilización reclaman qué hay de lo nuestro, porque sin la aquiescencia, por decirlo suavemente, de las administraciones controladas por los independentistas el movimiento está condenado al fracaso; por eso se plantean «una movilización que en los próximos tiempos podría ir destinada a presionar al Govern, y no al Estado como en anteriores ocasiones».
Como catalizador de su vuelta a primera línea, quieren tramitar una ley de independencia a través de una iniciativa legislativa popular, lo que implicaría la recogida de 50.000 firmas, que no les será difícil conseguir.
Mientras tanto, el Consell per la República, que aspiraba a ser un gobierno en el exilio, con sus propios ciudadanos virtuales —aún no han llegado a ser 100.000—, se ha quedado a medio camino y por ahora sólo emite comunicados cada vez más lejos de la gobernación real de Cataluña.
En el último, del pasado día 24 —Posicionament polític sobre l’acord d’investidura—, insiste en que «el independentismo no puede limitar su estrategia sólo a una negociación con el Estado español, que probablemente no garantizará el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Por ello, el movimiento debe preparar también de manera rigurosa y metódica las condiciones necesarias para responder con éxito a la confrontación a la que el Estado probablemente nos conducirá si queremos culminar el proceso de constitución de la República Catalana independiente».
¿Sánchez vs Puigdemont?
Fidel Masreal, en El Periódico —Puigdemont, la X de la ecuación independentista—, expone la difícil convivencia entre la participación en el gobierno y el mantenimiento de instituciones en el exilio.
«Las ideas de Puigdemont, y sobre todo él mismo, son la causa por la que muchos dirigentes sostienen que han entrado a formar parte de Junts. Sus fieles lo son de forma incondicional. Pero el partido tiene un secretario general, Jordi Sànchez, cuyo poder interno se ha incrementado progresivamente hasta liderar —sin el apoyo ni la simpatía de Puigdemont— el acuerdo de gobierno in extremis con ERC».
Se pregunta Masreal si «¿se enfrentará Puigdemont a Sànchez?». Igualmente podemos preguntarnos si se enfrentará Sànchez a Puigdemont. Jordi Sànchez y los que prioricen sus responsabilidades de gobierno, ¿serán capaces de desentenderse del cascarón vacío que son las instituciones republicanas en el exilio si les llega la orden de saltarse la ley y organizar un nuevo «embate»?
JxCat tiene a su número uno «exiliado«, en un limbo jurídico, pero ejerciendo de eurodiputado, es un decir, del «decadente, partidista y corrupto» Estado español, y a su número dos, en la cárcel pero con la perspectiva de beneficiarse muy pronto de un indulto. No tardará en verse obligado a clarificar su situación y su liderazgo.
