El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol reconoció el 4 de mayo de 2001 a través de una carta firmada por él y dirigida a la Banca Reig que era propietario de la cuenta corriente 63810 de esta entidad, informa El Triangle.
El motivo de la carta era trasladar a Banca Reig su voluntad de que, «en caso de mi defunción, todo lo que haya en la referida cuenta pase a la Sra. Marta Ferrusola i Lladós». Este documento consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en el caso del clan Pujol.
La carta remitida por el expresident Pujol a Banca Reig expresaba su voluntad de que «en caso de mi defunción, todo lo que haya en la referida cuenta pase a la Sra. Marta Ferrusola i Lladós»
La defensa, según expone El Triangle, aduce que esta cuenta era propiedad suya porque se lo pidió su hijo, Jordi Pujol Ferrusola para ocultar parte de su patrimonio a su esposa, Mercè Gironès, de quien se estaba divorciando. El argumento se suma al de atribuir a una herencia el origen del dinero que los Pujol ocultaron en el extranjero durante años.
Según Fiscalía «¿Qué necesidad tenía Jordi Pujol Ferrusola de ocultar el dinero a su mujer creando una cuenta, precisamente a nombre de su padre siendo éste por aquél entonces president de la Generalitat? ¿No habría sido más lógico colocarlo en las cuentas que tenían su madre o sus hermanos en Andorra?»
La defensa de Jordi Pujol i Soley aduce que esta cuenta era propiedad suya porque se lo pidió su hijo, Jordi Pujol Ferrusola para ocultar parte de su patrimonio a su esposa, Mercè Gironès, de quien se estaba divorciando.
La cuenta de Jordi Pujol i Soley, abierta el 21 de septiembre del año 2000 con un ingreso de 307 millones de pesetas se cerró el 30 de diciembre de 2010. La fiscal detalla operaciones financieras que habrían hecho posible el ingreso de tan alta cantidad.
La cuenta de Jordi Pujol i Soley, abierta el 21 de septiembre del año 2000 con un ingreso de 307 millones de pesetas se cerró el 30 de diciembre de 2010.
Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía acusa al expresident de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Piden para él cuatro años de prisión y una multa de 200 euros diarios durante 24 meses por el primer delito y cinco años de prisión y una multa en función del dinero escondido a Hacienda por el segundo.