La Fiscalía Anticorrupción no limita sus acusaciones a la familia Pujol Ferrusola en uno de los casos de corrupción más graves vividos en Cataluña en las últimas décadas. Los empresarios que pagaron las mordidas para beneficiarse de un trato preferencial en la adjudicación de concursos públicos de las administraciones catalanas deberán también responder ante la Justicia. El fiscal los considera implicados en la trama delictiva orquestada por el expresidente Pujol, su esposa y todos sus hijos y los acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil.
Anticorrupción tiene claro, según el escrito de conclusiones recogido por Europa Press, que estos empresarios pagaron mordidas millonarias desde, al menos 1991. Ingentes cantidades de dinero que los Pujol ocultaron fundamentalmente en Andorra.
Multas hasta los 8 millones de euros
Para los empresarios acusados en esta causa, el Ministerio Público pide penas de dos y tres años de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales y les impone multas que van desde los 200.000 euros a los 8 millones de euros.
Así, según el relato de la Fiscalía el expresidente Pujol aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual su primer hijo y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya
resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC.
El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años.
Una ‘mafia’ bien coordinada
Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.
Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación de estos hechos costó siete años y concluyó en julio de 2020, cuando el juez José de la Mata puso fin a la investigación de la pieza principal del caso contra toda la familia Pujol Ferrusola y otra decena de personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales.
