El Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra sigue de plena actualidad. Las Administraciones Públicas no avanzan al mismo ritmo que la sociedad. Y el cada vez más cercano fin de la pandemia del COVID-19 hace temer que estos organismos puedan convertirse en obstáculos para la recuperación económica. La situación en Cataluña es tan difícil que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el de economistas y el de la abogacía se han puesto manos a la obra para hacer una radiografía de las administraciones que operan en esta comunidad y ofrecer soluciones que permitan que vayan a la par tanto de la sociedad como de las empresas.
Con este fin, los tres colegios profesionales han constituido el grupo de trabajo de Evaluación de Políticas Públicas en Cataluña. Un grupo con el que pretenden «reflexionar, debatir y construir propuestas en torno a la mejora de los procesos de toma de decisión en las Administraciones Públicas que actúan en Cataluña».
La clave está en los fondos europeos
Para estos profesionales, la etapa posterior a la pandemia es «un momento decisivo» que debe permitir tanto a España como a Cataluña equipararse a «los países más avanzados de Europa» gracias a los fondos para la reconstrucción de la UE. «La correcta distribución y aprovechamiento de estos fondos», señalan, «constituye una prueba decisiva para medir la capacidad de las Administraciones Públicas para afrontar este reto y servirá para dotarlas de todos aquellos recursos necesarios que coayuden a la canalización eficaz y eficiente de este plan».
El grupo tiene como base de trabajo 12 puntos de partida, entre los que se encuentra, por ejemplo, la conclusión de que la «calidad» de la Administración Pública catalana es «relativamente baja, en relación al resto de Europa». Consideran también que el «compromiso social» de los políticos no es suficiente y que hacen falta más «sensibilidad y conocimiento».
Lentitud, judicialización y poco talento
Estos profesionales detectan que existe una gran diferencia entre «los discursos políticos y los problemas sociales concretos» y que todo ello «contrasta con la velocidad de las empresas a la hora de reinventarse«. Algo que no sucede en las instituciones. Esta «falta de respuesta» tiene como consecuencia, además, «una creciente judicialización de las decisiones políticas«.
Las dificultades que tienen las administraciones para cooperar en Cataluña son otro de los puntos analizados por este grupo de trabajo. Les preocupa, además, que «la institucionalización sea considerada por las propias organizaciones como una finalidad en sí misma» y no como «un instrumento de atención participada en las necesidades sociales».
Defienden una mayor transparencia de la Administración para favorecer la participación de los ciudadanos y una redefinición de las «condiciones de acceso a la función pública» con el fin de promover la «captación de talento«. Y, finalmente, apuestan por «poner en valor aquellos instrumentos organizativos que ayudan a separar más claramente el rol político del rol del funcionario/directivo público en la gestión».
