Profesor de derecho constitucional en la UNICAN y colaborador en diarios como The Objective y Crónica Global, Josu de Miguel es también autor, junto a Javier Tajadura, de Kelsen Versus Schmitt (2018), todo un sleeper dentro del ámbito del ensayo académico. En esta conversación, sin embargo, desciende al barro de la actualidad para abordar el cartel de Vox contra los menas, la retirada de la reforma del CGPJ o el blanqueamiento de TV3 al expresident Pujol.
Vox ha generado una gran polémica con un cartel en el que compara el dinero que se destina a un mena con la pensión que reciben las personas mayores. ¿Puede la formación de Abascal haber incurrido en un delito de odio, como investiga la Fiscalía?
No soy penalista y no puedo opinar con propiedad sobre el tema. El Código Penal español, siguiendo las directrices de los acuerdos internacionales sobre la materia, castiga los discursos del odio contra grupos vulnerables que inciten directa o indirectamente a la violencia. Habrá que ver si el cartel entra en la conducta típica descrita. Políticamente es una acción absolutamente reprobable por su contenido racista y xenófobo.
¿Y qué opina de que los partidos separatistas y los comunes hayan privado a Vox del senador autonómico que les correspondía?
El reparto de senadores autonómicos en el Parlament se hacía de acuerdo a una especie de convención constitucional que garantizaba la pluralidad interna de Cataluña. La privación de ese senador autonómico es consecuencia de la aplicación del «cordón sanitario» que el independentismo y la izquierda hacen a Vox. Personalmente, me parece que estas dinámicas son peligrosas, pues si un día Vox cuenta con mayoría en las Cámaras de las Cortes, puede tener la tentación de aplicar «cordones parlamentarios» a los independentistas o a otras formaciones. Estaríamos ante un fenómeno de retroalimentación que no sirve para defender la democracia frente a sus enemigos, sino para seguir profundizando en la polarización y la división política según interese en cada momento.
«Toda norma que obligue al uso particular del lenguaje inclusivo en ámbitos como el universitario, laboral o social, atenta gravemente contra el principio elemental de la libertad»
El Gobierno tendrá que encargarse de la vacunación de Policías y Guardias Civiles en Cataluña ante la negativa del Govern a inmunizarlos. ¿Le ha sorprendido?
La verdad, desconocía el asunto y solo se me suscita una cuestión de orden práctico: independientemente de quién vacune a los miembros de la Policía y Guardia Civil, la sanidad en Cataluña está transferida a la Comunidad Autónoma. Así las cosas, ¿tendrán que ir a otras Comunidades Autónomas los policías y guardia civiles, o tendrá el Gobierno de la Nación que innovar algún protocolo sanitario específico en Cataluña? A ver cómo se resuelve el asunto.
El 70% de los Ayuntamientos catalanes que convocan premios literarios impiden la presentación de obras en castellano. ¿Qué opinión le merece la política lingüística que aplicada por el nacionalismo y la izquierda en Cataluña?
La opinión la he expresado en bastantes ocasiones y concurre con la doctrina del Tribunal Constitucional y otros expertos lingüistas: la inmersión no es contraria a la Constitución si se respeta la vehicularidad del castellano. Ni el legislador autonómico ni el estatal han previsto en qué porcentaje debe sustanciarse esa presencia vehicular, por lo que lo han hecho los tribunales. A partir de aquí, estamos ante el problema de la aplicación de sentencias y de la alta inspección educativa, cuestiones ambas que revelan la falta de compromiso de las autoridades catalanas y del propio Estado para hacer efectivos derechos de los ciudadanos, que se ven ante un auténtico lawfare promovido por la administración autonómica para evitar que el castellano tenga presencia en las aulas.
«La democracia española está en fase de simulación: la hiperrealidad digital y televisiva se han comido los problemas más graves de la sociedad, que han sido suplantados por el espectáculo y el entretenimiento»
Pese a que la Audiencia ha avalado investigar a la familia de Jordi Pujol como «organización criminal», TV3 presentó en un documental reciente al expresident como una víctima de las «cloacas del Estado». ¿Es creíble la versión de la televisión autonómica?
La verdad, no veo TV3 ni he visto el documental. En estas cuestiones creo necesario que se desarrolle en algún sentido un principio de neutralidad institucional que presida el funcionamiento de las televisiones públicas. Las radiotelevisiones públicas las pagan los ciudadanos con sus impuestos y los profesionales periodísticos, en virtud de su propia visión de la realidad, no pueden emanciparse de la sociedad en la que viven. De la familia Pujol, sus cloacas empresariales y administrativas y de las «cloacas del Estado» nada tengo que decir.
Finalmente, el Gobierno ha retirado la reforma para modificar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una iniciativa fuertemente cuestionada por las asociaciones de jueces y las instituciones europeas. ¿Estaba justificada dicha preocupación?
En parte, sí, pues suponía tratar el problema de la politización del CGPJ con más politización. Entendería la reforma si se encaminara a mediatizar el sistema de «cuotas de partidos» para elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Sin embargo, iba dirigida a presionar al PP, encastillado en un veto incomprensible que no hace más que minar la confianza en las instituciones. En cualquier caso, la retirada de la proposición de ley la veo más como un signo de que el pacto está hecho y de que habrá próxima renovación del CGPJ, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. Es posible que todo se anuncie tras las elecciones madrileñas, aunque igual me equivoco.
Irene Montero habló en un discurso la semana pasada de «hijos, hijas, e hijes» y de «niños, niñas y niñes». Mientras unos han celebrado su voluntad inclusiva, otros han tachado su lenguaje de «esperpéntico». ¿Con quién está usted?
El lenguaje inclusivo es un código lingüístico para identificar y señalar a los que no lo utilizan. Toda norma que obligue al uso particular del lenguaje inclusivo en ámbitos como el universitario, laboral o social, atenta gravemente contra el principio elemental de la libertad. Hannah Arendt decía que al final, lo que le queda al ser humano es la lengua: déjennos hablar libremente mientras lo hagamos con respeto, educación y concordia hacia los demás.
«El problema de la izquierda española es su indisimulado apoyo al nacionalismo periférico, con el que ya ha construido una coalición duradera, independientemente de que el programa político de aquél sea o no compatible con la redistribución y la igualdad»
Como ha señalado Jorge del Palacio, las elecciones en la Comunidad de Madrid se han planteado como una batalla entre el anti fascismo y el anti comunismo. ¿Cómo se explica que hayamos llegado hasta aquí?
Porque la comunicación ha fagocitado a la política. En este sentido, queda claro que la democracia española está en fase de simulación: la hiperrealidad digital y televisiva se han comido los problemas más graves de la sociedad, que han sido suplantados por el espectáculo y el entretenimiento.
En una entrevista en El País, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostraba preocupada por que «España se quede sin centro político, esa ancla a la realidad». ¿Por qué el centro resulta tan poco sexy para los electores?
Pues habrá que preguntárselo a ellos. Ciudadanos ha perdido relevancia política, creo, porque ha dejado de ser un partido útil y ha tenido unos errores estratégicos de gran calado en los últimos meses. Además, las tradiciones políticas españolas son las que son, por más que nos empeñemos en vestirnos ahora de liberales centristas.
Libros recientes como La traición progresista de Alejo Schapire o La masa enfurecida de Douglas Murray denuncian que la nueva izquierda ha remplazado la igualdad por la identidad. ¿Comparte la crítica?
Aquí hay que ser un tanto comedidos.
La identidad es un fenómeno que ya está presente en todos los ámbitos ideológicos: derecha, izquierda y, si me apuras, hasta el centro. Se corresponde con una etapa histórica de consecución de reconocimiento por parte de minorías históricamente postergadas. En gran medida, la inestabilidad de la democracia americana se corresponde con el fuerte impacto que la legislación de derechos civiles tuvo en el proceso político desde la década de 1960. Ni el partido demócrata ni el republicano han sido capaces de adaptarse a las nuevas exigencias de una sociedad donde desaparece el sujeto político y se va fragmentando en una miríada de intereses culturales.
La izquierda española tiene otro problema distinto: su indisimulado apoyo al nacionalismo periférico, con el que ya ha construido una coalición duradera, independientemente de que el programa político de aquél sea o no compatible con la redistribución y la igualdad.
[…] una frontera entre quien lo adopta y quien declina su empleo. Como ha dicho Josu de Miguel «El lenguaje inclusivo es un código lingüístico para identificar y señalar a los que no lo utiliz…». En mi opinión, da en el clavo: el lenguaje inclusivo merece más el calificativo de código que […]