El constitucionalismo no piensa quedarse de brazos cruzados ante el sesgo separatista de TV3 y Catalunya Ràdio. Visto que, a pesar de las reiteradas quejas por parte de los sectores constitucionalistas, la televisión autonómica sigue favoreciendo al separatismo, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha presentado una queja ante el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el organismo que vela por la neutralidad de los medios en la comunidad catalana. En ella, IC protesta por el «escasísimo tiempo» que dedican los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a las «entidades cívico-políticas constitucionalistas».
La asociación, que recuerda la importancia de estos colectivos en el debate público, aporta como pruebas datos recogidos por el propio CAC en sus últimos cuatro informes. Ellos establecen que, durante los dos últimos dos años, la presencia de las asociaciones separatistas en TV3 ha sido «abrumadora», ocupando el 94,98% del tiempo en TV3 y el 92,55‰ en Catalunya Ràdio. Se podría argumentar que estas asociaciones son más importantes que las constitucionalistas y que por ello obtienen más atención. Sin embargo, IC recuerda que incluso se le da más voz a entidades pro separatistas de otras regiones como Obra Cultural Balear o Madrileños por el Derecho a Decidir que a las no nacionalistas.
Òmnium Cultural, la más favorecida
IC también ha denunciado que la entidad que recibe «claramente» más atención mediática por parte de TV3 es Òmnium Cultural, que ha firmado un convenio para que la cadena autonómica y Catalunya Ràdio cubran sus actos —estos, como se sabes, suelen ser de naturaleza política—. Por todos estos motivos, Domingo ha instado al CAC a que exija a los medios públicos catalanes a dar un trato más «equitativo» a las distintas asociaciones, de modo que las de perfil constitucionalista no se vean invariablemente perjudicadas. Del mismo modo, ha pedido al regulador que si se mantiene el convenio con Òmnium, se establezcan otros similares con entidades no nacionalistas.
«Los medios públicos tienen una especial obligación de mantener un pluralismo interno contribuyendo así a poner en diálogo a los diferentes actores existentes en una sociedad, más en países con sistemas mediáticos pluralistas polarizados como el nuestro y en contextos especialmente conflictivos como el actual», ha resumido la entidad.
