Hace unos días, Reyes Romero, diputada de Vox por Sevilla, expresaba en su perfil de Twitter lo siguiente:
“Por estas razones @vox_es pide el pin parental #stopleycelaá. Fuera pervertidos de la escuela”.
Estas palabras eran acompañadas por cuatro imágenes, las cuales correspondían a una guía sobre derechos sexuales y reproductivos elaborada por el Instituto Canario de Igualdad. En ellas, se podía leer una descripción de varias prácticas eróticas y la población a la que está dirigida: las mujeres jóvenes, las cuales, por si alguien lo había olvidado pueden consentir según la ley tener relaciones sexuales con 16 años. También aparecían algunos dibujos: una chica protegiéndose con un condón gigante, a modo de paraguas, y una pareja que usaba una barrera bucal de látex (utilizada habitualmente para practicar sexo oral de forma segura).
Resulta complicado estimar si lo que perturba la sensibilidad de la diputada es la información, las ilustraciones o todo en su conjunto. ¿Dónde querrá que las mujeres jóvenes puedan informarse sobre ITS y prácticas eróticas? ¿En el porno? ¿A través del boca a boca? ¿Rezándole misericordiosamente a Dios?
Lo que parece quedar un poco más claro es su pánico moral con respecto a la educación sexual. Su reacción raya la histeria, pero como ha teorizado Janice M.Irvine no se trataría de algo casual.
La obsesión por el sexo y la pureza que muestran públicamente muchos políticos ultraconservadores puede que explique su gran desconocimiento sobre los fundamentos, objetivos y contenidos de la educación sexual. Sin embargo, el comportamiento de Romero y de otros compañeros de partido no puede justificarse en la ignorancia.
La obsesión por el sexo y la pureza que muestran públicamente muchos políticos ultraconservadores puede que explique su gran desconocimiento sobre los fundamentos, objetivos y contenidos de la educación sexual
Son conocedores que, en su cruzada contra la educación sexual, se valen de la manipulación y la mentira. No hay aquí lugar para el pudor, pero tampoco para aquellos saberes científicos que señalan, en múltiples estudios, que la educación sexual retrasa el inicio de las relaciones eróticas en jóvenes y constituye un saber que fortalece el pensamiento crítico, la responsabilidad, la toma de decisiones y la autonomía.
Ciertamente, el conflicto que observamos sobre la educación sexual entre diferentes agentes sociales y partidos políticos, así como entre liberales y conservadores, no es exclusivo de nuestro país. Asistimos a una reactivación de un movimiento contra la educación sexual que tiene su antecedente en EE.UU, desde hace ya varios años. En particular, la lucha por un orden-sexual-moral emprendida por los ultraconservadores, imputa a la educación sexual todo tipo de temores y peligros.
En esta coyuntura, en lo que a nuestras fronteras respecta, se habla de dar una respuesta a la ‘ideología de género’ y a la ‘dictadura LGTBIQ’. Asimismo, se acusa a la educación sexual de destruir los valores tradicionales, hipersexualizar a los menores e incitar a los jóvenes al sexo y a la ‘perversión’. Sin embargo, lo que se impone ciertamente es un orden natural, donde la sexualidad continúa ligándose al matrimonio y las relaciones heterosexuales, el deseo a fines reproductivos y la abstinencia sexual se presenta como la única opción para los jóvenes.
Se habla de dar una respuesta a la ‘ideología de género’ y a la ‘dictadura LGTBIQ’
Más allá de la cuestión moral e ideológica, es preciso señalar la estrategia argumentativa de quienes se oponen a la educación sexual. Los pánicos morales (o sexuales) sobre la educación sexual se vinculan al derecho subjetivo de las personas. Así, la objeción de conciencia, un recurso que ofrece nuestro sistema democrático, se está utilizando abiertamente para dañar y entorpecer la legitimidad y eficacia de la educación sexual. Esta maniobra trata de implicar activamente a las familias, con el objetivo de obstaculizar que sus hijos reciban educación sexual en el sistema educativo. De este modo, se introduce un nuevo problema en los centros educativos, quienes tienen que resolver cómo abordar y resolver estas peticiones y apetencias.
Sin embargo, al margen de las actuaciones de las escuelas, cabe preguntarse si la objeción de conciencia de las familias se basa en un valor muy importante, incluso considerado fundamental por el propio ordenamiento jurídico; o por el contrario, condena a sus hijos al prejuicio, no garantizándose, por ejemplo, el derecho individual a recibir información sobre salud sexual o no primando el interés superior del menor. Otro tema no menos importante en esta disputa es el impacto social y comunitario de una conducta sexual irresponsable, desadaptativa y desasistida.
El derecho individual a recibir información sobre salud sexual o no primando el interés superior del menor.
Entenderá el lector que esta humilde columna presenta limitaciones para profundizar en este debate. Sin embargo, facilitadas algunas pinceladas, me gustaría insistir en algunas cuestiones. Muchos grupos progresistas y liberales creen erróneamente que la educación sexual es una cuestión exclusiva de actitudes, las cuales ‘nos salvan’ de determinados males como la violencia contra la mujer, el sexismo, las ITS o los abusos sexuales. Aunque la educación sexual puede contribuir a reducir estas problemáticas, es importante recalcar que hacer educación sexual implica atesorar una serie de conocimientos, los cuales proporcionan a una comprensión de nuestro mundo, de nuestro cuerpo, de nuestra intimidad, de nuestra condición como seres sexuados, relacionales, afectivos y eróticos.
La educación sexual no se hace al margen del conocimiento. Por ello, las intervenciones en este sentido deben ser impartidas por profesionales con formación sexológica, basadas en el saber científico y adaptadas a la edad madurativa de las personas, respetando así el pleno desarrollo de su personalidad y facilitando habilidades para comprender el mundo. En este caso, hablaríamos de hacer comprensible el hecho sexual humano. Siguiendo este razonamiento, esto implicaría entender que la educación sexual tiene un valor por encima del utilitarismo de las políticas sanitarias y sociales.
