ENTREVISTA | Óscar Monsalvo: «En Cataluña el gobierno está en manos de personas que consideran colonos a los no nacionalistas»

Profesor de Filosofía en Bachillerato, colaborador en The Last Journo y autor del blog El liberal de Bilbao, Óscar Monsalvo (Bilbao, 1981) —también conocido en Twitter como Pryzbylewski— es uno de los analistas que con más tino ha desentrañado las claves del paisaje político en el País Vasco, aún dañado por décadas de violencia terrorista. Así, hablamos con él de la legitimidad de los pactos con EH Bildu, pero también de los ataques a Vox y Podemos, del monolingüismo en Cataluña o de la cultura de la cancelación.

Recientemente, Otegi alabó en redes sociales a uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga. ¿Se pueden alcanzar pactos con un partido cuyo líder no solo no condena el terrorismo sino que lo ensalza?

No sólo se puede, sino que se hace y se vende desde la izquierda española como un triunfo de la democracia. Se intenta presentar a Bildu como un partido plural en el que hay una conciencia crítica clara respecto a la «violencia pasada», pero la realidad es que siguen siendo la izquierda abertzale de toda la vida. La cuestión central no es que Otegi no condene el terrorismo o que ensalce a terroristas, cuestiones que ciertamente deberían ser motivo suficiente para no pactar nada con ellos; la cuestión central es que su partido mantiene estrategias políticas cuyo objetivo es dificultar que los partidos no nacionalistas puedan hacer política con normalidad en el País Vasco.

Estas estrategias son tanto parlamentarias como extraparlamentarias, como se vio en las generales de 2019, cuando pidieron que los «partidos de ámbito español» evitasen hacer campaña en el País Vasco «para no tensionar la convivencia» y además Sortu organizó una campaña para «plantar cara a los fascistas» de PP, Ciudadanos y Vox en sus actos públicos.

«El pasado de Otegi y del resto de dirigentes de Bildu es el que es, son lo que son; pero es más preocupante el presente. Siguen empleando la violencia y las instituciones para expulsar del País Vasco a las fuerzas no nacionalistas»

El pasado de Otegi y del resto de dirigentes de Bildu es el que es, son lo que son; pero es más preocupante el presente. Siguen empleando la violencia y las instituciones para expulsar del País Vasco a las fuerzas no nacionalistas. Y ahora además lo hacen con el aval de la izquierda del resto de España, que incluso empieza a copiar algunas de esas estrategias. La semana pasada se vio en Vallecas, con la «brigada de desinfección antifascista» alentada por un partido que está en el Gobierno. Así que sí, se puede pactar con un partido así, y se puede hacer porque el PSOE lo legitima. 

Por otra parte, formaciones como Esquerra Republicana o Izquierda Unida han contando en sus actos con la presencia del líder de EH Bildu. ¿No debería ser ésta un estigma en lugar de un reclamo?

Y una más, también en las últimas semanas: la UGT invitó a Otegi al congreso que celebró en el País Vasco. También se vendió —y se compró— como una «lección de democracia». ¿Debería ser un estigma? Sí, claro. Pero no lo es. Y éstas son las coordenadas morales en las que estamos jugando. Hay muchas cosas que en una democracia sana deberían tener consecuencias, pero en España se han desactivado ciertos resortes, y así es como partidos que aplauden y reivindican a terroristas o que han participado en un golpe de Estado pueden entrar en pactos de Gobierno y pueden ser considerados partidos que luchan por la democracia.

Hace un par de semanas, la sede de Podemos en Cartagena fue atacada con un cóctel molotov, mientras que la pasada miembros de Vox recibieron pedradas y botellazos durante un mitin en Vallecas. ¿Por qué hay a quien le cuesta condenar estos ataques sin incurrir en justificaciones?

La escuela es, de nuevo, la izquierda abertzale. En los casos recientes que menciona ha ocurrido algo llamativo. Tras el ataque a la sede de Podemos el alcalde de Madrid afirmó que condenaba sin matices lo ocurrido, y que los ataques a otros partidos, a cualquier partido, son intolerables en una democracia. Añadió también que el partido atacado, Podemos, no hacía lo mismo cuando eran otros partidos los que sufrían ataques. Desde ese momento ya se sabía lo que iba a pasar: dirigentes políticos y periodistas diciendo que Almeida había condenado el ataque con un «pero», como si lo estuviera justificando o relativizando, a pesar de que sus palabras no dejaban lugar a la duda.

«Muchos analistas se empeñan en averiguar si domina el nacionalismo de izquierdas o el de derechas, como si lo relevante en un fanático fuera la mano con la que golpea o escribe»

Bien, pues días después llega lo de Vox en Vallecas. Lanzamiento de piedras, agresiones, insultos y la posterior brigada de desinfección. Y llegan las declaraciones. Una ministra del Gobierno, Ione Belarra, da las gracias a los vecinos por «decir no al fascismo». Otra ministra, Irene Montero, dice que los vecinos «defienden su barrio» y que «el problema es de quienes blanquean las provocaciones y la violencia de la ultraderecha». Un Quod erat demonstrandum de libro al «pero» de Almeida, vaya. Incluso el candidato Ángel Gabilondo, un hombre que se presenta como moderado, habla de que el extremismo alimenta al extremismo y de una supuesta espiral de violencia. Pero el caso es que las piedras las tiran y las reciben siempre los mismos y las justificaciones o las declaraciones vagas vienen siempre de los mismos.

¿Por qué hay gente a la que le cuesta condenar algunos ataques? Por dos ideas: uno, toda oposición a los gobiernos del PSOE o de los socios del PSOE es fascista; y dos, al «fascismo», a lo que llaman fascismo, hay que combatirlo de cualquier manera. También de manera violenta. Con esas dos premisas es fácil que cueste condenar los ataques. ¡Está en juego la democracia!

El Grupo Koiné, que en 2016 firmó un manifiesto que abogaba por el catalán como única lengua oficial, ha insistido en un artículo en El Punt Avui en que la inmigración española en Cataluña durante el franquismo tuvo como objeto «acabar con el catalán». ¿Es una hipótesis plausible?

Es muy parecido a aquello que decía Pujol en 1996, eso de que el «castellano en Cataluña es fruto de una violencia antigua». Es una hipótesis en la línea de las hipótesis históricas del nacionalismo catalán, muy alejada de la realidad. La inmigración española en Cataluña tuvo como objeto conseguir mejores condiciones laborales, conseguir prosperar, que es el objetivo de casi cualquier persona que emigra. Esto pasa hoy también, pero al revés: muchas personas deciden irse de Cataluña porque el futuro allí es incierto, y porque incluso aunque hubiera estabilidad y posibilidades de mejorar económicamente, el precio social a pagar es importante.

En Cataluña el gobierno está en manos de personas que consideran colonos a los ciudadanos no nacionalistas. Muchos analistas se empeñan en averiguar si domina el nacionalismo de izquierdas o el de derechas, como si lo relevante en un fanático fuera la mano con la que golpea o escribe. Lo esencial es que en Cataluña siguen gobernando fanáticos que consideran extranjeros a una parte importantísima de sus ciudadanos. El artículo del Grupo Koiné va en esa línea.

En un artículo en El País, Josep Ramoneda reprochó al líder del PSC, Salvador Illa, haber empleado el castellano en el Parlament. ¿Cómo se compadece dicha crítica con las ideas progresistas que dice defender Ramoneda?

Perfectamente. Lo progresista en España es dejar la educación en manos de los nacionalistas, así que Ramoneda puede decir que es progresista sin ningún problema. Lo progresista es defender que la identidad nacional es sagrada, y que cualquier intento de salirse de ese marco es agitar el odio y la crispación.

«Lo que busca TV3 es perpetuar la sensación de extranjero en su propia tierra de muchos ciudadanos catalanes no nacionalistas»

Lo interesante en las palabras de Ramoneda es que en cierto sentido tiene razón: el uso del castellano en el Parlament por parte de Illa, aunque sea brevemente y como gesto, es una traición a todo lo que ha hecho el PSC hasta ahora. Si no estoy equivocado, ninguno de sus antecesores lo hizo, porque entendían que hablar castellano suponía rechazar la «identidad catalana» y poner en peligro la convivencia. Sí lo comenzaron a hacer en Ciudadanos, y además con convicción, no sólo como gesto; entendiendo qué significaba y entendiendo que eso debía ser parte de una batalla más amplia contra todos los consensos nacionalistas.

Según un informe del Consejo Audiovisual Catalán, TV3 entrevista a cuatro separatistas por cada constitucionalista. ¿En qué medida contribuye el canal autonómico a dibujar el paisaje ideológico de Cataluña?

TV3 es la televisión de un régimen nacionalista, y el nacionalismo usa cualquier herramienta disponible para crear conciencia nacional. Esta conciencia nacional significa ante todo trazar una línea de separación entre lo propio y lo ajeno. En ese sentido es normal no sólo que dé más minutos a personas nacionalistas, sino incluso que dibuje un paisaje social ajeno a la realidad. Lo que se busca es perpetuar la sensación de extranjero en su propia tierra de muchos ciudadanos catalanes no nacionalistas, así que sería sorprendente que no contribuyera a ello.

Pese a haber prometido en campaña que no pactaría con ERC, los socialistas catalanes han ofrecido a los republicanos formar un tripartito de izquierdas. ¿Serviría esta alianza para «pasar página» del procés como pretende Illa?

Serviría para «pasar página» del procés exactamente como pretende Illa, es decir, borrando la página. Aquí no ha pasado nada —fue profético aquel libro de Rafa Latorre— y todos tenemos parte de culpa en lo que ha pasado. Es una combinación curiosa que consiste en eludir el hecho —ni siquiera negarlo— y a la vez en repartir las culpas. ¿Pero las culpas de qué? Si hay culpas, aunque sean repartidas, habrá que nombrar el hecho. Y el hecho, claro, es la ruptura de todas las reglas democráticas, que es lo que fue el procés. Un golpe posmoderno, como dijo Daniel Gascón, pero golpe al fin y al cabo. Y es extraño decir que en un golpe de Estado son culpables tanto quienes lo ponen en marcha como quienes intentan frenarlo.

Intelectuales progresistas como Félix Ovejero o Alejo Schapire han denunciado que la izquierda actual abraza cada vez más políticas reaccionarias. ¿Comparte el diagnóstico?

Sin profundizar demasiado diría que sí, claro. Pero creo que aún no nos hemos desprendido de ciertos conceptos que ya no son más que residuos sentimentales de otra época. Creo que ni izquierda ni derecha, ni reaccionario ni progresista son hoy conceptos que signifiquen algo en sí mismos. Hay cuestiones mucho más concretas y objetivas que sirven para situarnos. ¿Defiendes que una parte de los españoles debe tener menos derechos? ¿Defiendes que en educación hay que dar más importancia a la supervivencia de una lengua que al aprendizaje de los alumnos?

«Aún no nos hemos desprendido de ciertos conceptos que ya no son más que residuos sentimentales de otra época. Creo que ni ‘izquierda’ ni ‘derecha’, ni ‘reaccionario’ ni ‘progresista’ son hoy conceptos que signifiquen algo en sí mismos»

O en sentido positivo: ¿Defiendes que todos los españoles tengan los mismos derechos, y que los derechos pertenecen a los ciudadanos y no a los territorios? ¿Defiendes una educación pública de calidad, con todo lo que ello implica? Los bloques reales se forman alrededor de preguntas como éstas, y para contestarlas no sólo no hace falta declararse previamente de izquierdas, de derechas, progresista o conservador, sino que es conveniente no hacerlo, porque las etiquetas sólo sirven para generar afectos estériles.

El veterano periodista de The New York Times Donald McNeal se ha visto obligado a dimitir por haber pronunciado la palabra nigger en una reunión, pese a que lo hizo sin intenciones racistas. ¿Debemos preocuparnos por la llamada Cultura de la Cancelación?

Sí, sin duda. En realidad es un único problema con tres caras: la exaltación de las identidades particulares hasta el punto de convertirlas en el centro de las relaciones sociales, el triunfo de las acusaciones sin pruebas y la cultura de la cancelación. De hecho la cancelación en sí sería mucho más difícil si no se hubiera despejado previamente el camino para las otras dos. En España la cultura de la cancelación aún no ha alcanzado la dimensión que tiene en el mundo anglosajón, aunque vamos camino de ello, y desde luego el culto a lo particular y las acusaciones sin pruebas son ya parte del discurso de la izquierda y del Gobierno.