La Administración se salta por completo el acuerdo al que llegó con los sindicatos el pasado 28 de enero en el que se convalidaba para la próxima convocatoria de oposiciones, de manera excepcional, las pruebas físicas a todo aquel personal interino que prestase servicios anteriores a las últimas pruebas del CAR de 2017. También a aquellos que en algún momento hubiese hecho alguna prueba física en cualquier proceso selectivo.
Según cuenta a El Liberal el responsable de la Central Sindical Independent i de Funcionaris de Presons en Catalunya (CSIF), Alberto Gómez, este acuerdo se debe a que hace 12 años que no se convocan oposiciones para funcionarios de prisiones, por lo que hay unos 800 interinos en el sistema. Muchos de ellos, aclara Gómez, ya estaban hace 12 años, incluso antes. Por tanto, se trata de un colectivo envejecido para el que estas pruebas físicas suponen un descarte injusto.
Pese a que no se había firmado todavía de forma oficial, aclara el responsable de CSIF, la administración se había comprometido a convalidar estas pruebas, algo que esperaban que viniese aprobado por función pública.
«Nos reunimos con la administración para escribir las bases de la convocatoria que, en última instancia debía aprobarse por función pública. Llegamos a un acuerdo que han roto de manera unilateral»
Alberto Gómez
Una «masacre» del colectivo de interinos
Esta reintroducción de pruebas físicas por parte de la administración «solo puede tener como consecuencia la masacre del colectivo de interinos«, un colectivo, aseguran los sindicatos, «envejecido y desgastado en la lucha diaria en los centros y a los cuales la administración condena en base a unas pruebas físicas diseñadas para «lanzarlos al vertedero» como ropa vieja de la cual prescindir en favor de otra nueva».
«Estamos ante un colectivo envejecido y desgastado en la lucha diaria en los centros al cual la administración condena en base a unas pruebas físicas diseñadas para ‘lanzarlos al vertedero’ como ropa vieja de la cual prescindir»
Un ‘revés más’ de la Generalitat al colectivo
En los últimos meses, especialmente a raíz de las protestas en Barcelona por el rapero Pablo Hasél, ha quedado al descubierto, ocupando muchas portadas, la ‘desidia’ del Govern por los Mossos d’Esquadra. El cuerpo se ha visto a la intemperie y su autoridad ha sido cuestionada por los poderes públicos frente a violentos que ocupaban las calles.
En el caso de los funcionarios de prisiones, cuenta Alberto Gómez, esta lucha ha sido constante y, además, sin apenas trascendencia pública.
Este diario se ha hecho eco de sus reivindicaciones. El 9 de julio, El Liberal daba voz al colectivo que denunciaba la suspensión de empleo y sueldo de un compañero por su actuación ante la agresión de un interno. En ese caso, y sin haber una resolución judicial, la administración decidió expedientar al funcionario.
Un mes después, el 8 de agosto, un trabajador atrincheraba en Brians 1 como respuesta a la negativa de la Generalitat a hacerle un pcr después de que más de 200 presos fuesen aislados en sus celdas por un caso positivo de SARS-CoV-2 en el módulo cuatro del centro.
