El juez del caso Voloh ha iniciado los trámites para llevar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al diputado de JxCat en el Parlament Francesc de Dalmases, para que lo investigue por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación a fundaciones afines a CDC. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha pedido ya oficialmente al Parlament que acredite si Dalmases es diputado —y, por lo tanto, tiene la condición de aforado ante el TSJC— y ha recibido el correspondiente certificado por parte del secretario general de la cámara, Xavier Muro, según su escrito.
Con esta gestión, el magistrado da los primeros pasos para elevar al TSJC una exposición razonada con los indicios que, a su parecer, involucran a Dalmases en una trama de desvío de subvenciones para cooperación de la Diputación de Barcelona cuando la gobernaba CiU, investigación que en 2018 acarreó la detención de Salvador Esteve, presidente de la corporación provincial entre los años 2011 y 2015.
En esa operación fue también investigado el exdirigente de CDC Víctor Terradellas, cuyas conversaciones intervenidas por orden judicial dieron pie a una nueva línea de investigación por supuesto desvío de fondos al procés que el pasado mes de octubre precipitó las detenciones de los empresarios y excargos de CDC y ERC David Madí y Josep Vendrell, miembros del llamado «estado mayor» del 1-O.
Dalmases y Terradellas dirigían las fundaciones CatMON e Igman, afines a CDC y que según el juez instructor son las dos principales entidades que percibieron las subvenciones de la Diputación de Barcelona bajo sospecha.
Subvenciones fraudulentas
Los indicios que incriminan a Dalmases se desprenden de un informe que la Guardia Civil aportó al juzgado que revela que el diputado de JxCat logró 320.000 euros en subvenciones supuestamente fraudulentas de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona para CatMON e Igman, con facturas duplicadas e improcedentes.
Entre otras irregularidades, el magistrado señala en sus autos que CATMon —de la que Dalmases es patrón-fundador— presentó como justificación de gastos directos varias facturas para el pago de los servicios del diputado por «tareas de dirección de la revista ONGC» que la fundación editaba.
No obstante, sostiene el magistrado, los estatutos de esa entidad afín a CDC establece que los patronos ejercerán sus cargos de forma gratuita.
Además, según el juez, Dalmases cobró algunas de las facturas «con anterioridad a la emisión de las mismas» y, como presidente de Igman, justificó mediante declaraciones juradas una factura de un viaje a Saravejo de una de las cofundadoras de la entidad, también asalariada de CATmon, sin que ese desplazamiento estuviera relacionado con ninguna actividad.
La propia Diputación de Barcelona, en un informe remitido al juzgado, admitía irregularidades en la tramitación de las subvenciones, como viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, «laxitud» en la aportación de comprobantes e «indeterminaciones» en los expedientes.
Facturas cobradas antes de ser emitidas
Una de las irregularidades que la Diputación enumera en sus informes es relativa a varias facturas a nombre de Dalmases que consta que fueron cobradas antes de la fecha de expedición.
El juez instructor sopesa desde hace un año elevar al TSJC la investigación sobre Dalmases, pero, según precisaba en el auto en el que dividía la macro-causa de Voloh, lo hará una vez tome declaración a los investigados por el supuesto desvío de subvenciones, entre las que figuran cargos de la Diputación vinculados a los contratos bajo sospecha.
De hecho, el magistrado ha citado a declarar a los investigados en varias jornadas entre abril y mayo próximos: el día 20 del mes que viene tiene previsto interrogar a Víctor Terradellas, quien en una conversación intervenida con miembros del «estado mayor» del 1-O reveló supuestos apoyos en Rusia al procés y dio lugar a la última operación de detenciones y registros del caso Voloh.