La nueva presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, en una entrevista en TV3 ha dicho que ella sólo obedecerá a las leyes catalanas y no lo hará con las normas españolas. La afirmación sería en si misma intolerable en un político y más con un cargo institucional de tanta relevancia como la presidencia del Parlament. Sin embargo, la realidad es que es imposible separar la legislación que ella llama española de la catalana pues forman un todo que no cabe trocear. Sin la Constitución, no habría Estatuto y de ahí para abajo.
Pero, además, es falsa. El independentismo ha vulnerado sistemáticamente el estado de derecho sin importarle lo más mínimo si se trataba de leyes españolas o de leyes catalanas. Por poner un ejemplo los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se vulneró el Estatut y el Reglamento del Parlament sin el menor recato. Y lo mismo con una DUI realizada al margen de toda legalidad, incluida la catalana.
El independentismo ha vulnerado sistemáticamente el estado de derecho sin importarle lo más mínimo si se trataba de leyes españolas o leyes catalanas
Lo que en realidad ha querido decir Laura Borràs es que ella sólo obedece sus propios deseos. Como todo déspota, cree que la ley es lo que ella reconoce como tal. Lo que le molesta no debe obedecerse. Quim Torra ya transitó en la misma línea. El independentismo no cree en el estado de derecho y su modelo son los estados autoritarios como Puigdemont cada día nos muestra coqueteando con el autócrata Putin.
Su última ocurrencia es significativa. Quiere modificar el reglamento del Parlament para blindarse ante una probable inhabilitación por adjudicar, presuntamente, contratos a sus amiguetes, troceándolos para evitar concurso público. Además, plantea una purga de los servicios jurídicos de la Cámara. Normas ad personam, lo contrario a la democracia.
Cualquiera se siente legitimado para incumplir las leyes. La violencia se adueña de las calles
Esta constante independentista de alentar la desobediencia a las leyes ahonda la decadencia económica de Cataluña. La seguridad jurídica es un bien imprescindible para atraer inversiones, para retener empresas. También degrada la vida cotidiana de los catalanes. Cualquiera se siente legitimado para incumplir las leyes. La violencia se adueña de las calles y se culpa a los Mossos. Sin ley, lo único que vale es la fuerza. Sin ley, se acaba con el orden. Y, sin orden, no hay Justicia. Y en estas circunstancias siempre pierden los más débiles.
